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Eugen Sabau, el pistolero de Tarragona, ha muerto tras recibir la eutanasia programada para el 23 de agosto en el Hospital Penitenciario de Terrassa. El proceso, en el que le ha acompañado su familia, se ha retrasado al decidir donar sus órganos. Horas antes, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona ha rechazado su petición de quedar en libertad para morir en otro hospital ordinario no vigilado al apreciar riesgo de fuga. Además, el hombre, ha subrayado la juez, no se ha arrepentido de su ataque en el que disparó a sus excompañeros de una empresa de seguridad y a un mosso.
Horas antes de que Eugen Sabau recibiese la eutanasia la titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, ha desestimado su petición de morir en hospital ordinario distinto al que está módulo penitenciario del Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona), donde el 'pistolero de Tarragona' se encuentra ingresado con una lesión medular irreversible.
La eutanasia se programó para el 23 de agosto después de que el Tribunal Constitucional (TC) hubiese rechazado los últimos recursos con los que sus víctimas pretendían paralizar su muerte asistida.
La defensa de Sabau pidió entonces a la juez que le revocara la orden de prisión preventiva que dictó el 17 diciembre de 2021 y que le dejara en libertad los días previos a la muerte asistida que el pistolero solicitó y que se le autorizó, para que se pudiera despedir de sus familiares en un hospital ordinario. En su auto, la juez discrepa de la defensa del pistolero y de la Fiscalía, que entienden que han desaparecido los fines perseguidos con la prisión preventiva.
"Ciertamente puede decirse que, atendida la grave situación médica en la que se halla el investigado, puede prácticamente asegurarse que el riesgo de reiteración delictiva o riesgo de atentar contra la integridad de las víctimas, así como el riesgo de alterar fuentes de prueba, se han visto mitigados enormemente", reconoce la juez.
No obstante, la juez advierte de que, si se acordara la libertad provisional, habría un "elevado riesgo de fuga", ya que en este caso ingresaría en un hospital ordinario sin vigilancia policial de ningún tipo, "donde cualquier tercero, familiar o amigo, podría acceder fácilmente al mismo y facilitarle la huida".
"No puede obviarse que el previsible futuro que puede esperarle es cuanto menos sombrío, pues está sometido a un proceso de eutanasia para el que ya hay fijada fecha el próximo 23 de agosto de 2022 o, en caso de renunciar al mismo, le espera un proceso judicial donde se le van a solicitar penas que, solo por los delitos de homicidio en grado de tentativa, pudieran elevarse a varios años de prisión; ello permite presumir la concurrencia de un riesgo de fuga muy elevado", apunta la juez.
Además, la magistrada sostiene que el riesgo de fuga se ve "acrecentado" por el hecho de que el pistolero no ha manifestado a lo largo del procedimiento ningún tipo de arrepentimiento ni ha pedido perdón a las víctimas, de lo que se desprende "una escasa voluntad por su parte de asumir responsabilidades por sus actos, al menos en el proceso judicial en el que está inmerso".
La juez también argumenta que el hecho de que el pistolero siga en un hospital penitenciario no le impide recibir visitas de sus familiares y allegados, por lo que considera que rechazar su libertad no afectará "de forma evidente" a su situación, pues su estado físico "le impide abandonar en este momento el entorno hospitalario".
El 14 de diciembre del año pasado, Subau disparó contra tres de sus excompañeros de trabajo en las oficinas de una empresa de seguridad, en pleno centro de Tarragona, y huyó. Poco después, disparó a un agente de los Mossos d'Esquadra en un control y se atrincheró en una masía abandonada de Riudoms (Tarragona), hasta que fue neutralizado tras un tiroteo en el que resultó herido.