El Gobierno da luz verde a los peajes en todas las autovías españolas y comienza a estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir este nuevo sistema a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.

El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.

El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.

No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.

De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.

El Gobierno defiende que este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países (Italia, Francia o Portugal, por ejemplo) se aplican peajes de forma generalizada.

Estos contratos abren la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.

Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.

También se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.