La amenaza de la okupación planea sobre las segundas viviendas, especialmente, ahora en verano, en las zonas de playa. Ante la lentitud de la Justicia, muchas veces son los propios afectados los que intentan incomodar a los okupas para que se vayan. Es el caso de una familia en El Rompido, en Huelva.
Chalet a pie de playa, 100 metros cuadrados y okupado. Por eso, los propietarios y los vecinos del pueblo protestan y piden que "se vayan". Llevan una semana concentrándose contra esta okupación. Los dueños de esta casa se manifiestan todos los días por la mañana y por la noche contra sus okupas. Piden a gritos con cacerolas y pancartas que las personas que se encuentran dentro de su domicilio se vayan. Los propietarios están indignados porque, además de okuparles su casa, tienen que pagar las facturas de los okupas.
Facturas que superan hasta los 200 euros. 'Informativos Telecinco' ha podido hablar con los supuestos okupas que aseguran que tenían un contrato con una inmobiliaria hasta el mes de junio y que pudieron renovar hasta el mes de diciembre. Además, niegan haber sido ellos los que han cambiado la cerradura y apuntan a que fue idea de la inmobiliaria. Por su parte, los propietarios de la casa aseguran que dicho contrato es falso.
Los okupas en verano se trasladan a las zonas de costa. Por eso, es en la Comunidad Valenciana y en Murcia donde más casos se están dando. Muchos propietarios temen incluso poner el cartel de se vende o se alquila para no llamar la atención. La okupación es uno de los quebraderos de cabeza del verano. En los últimos años los casos han ido aumentando y ante la lentitud de la Justicia muchas veces son los vecinos quienes protestan e, incluso, lograr con la presión echar a los okupas.
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) ha lamentado "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación', "que vive en estos momentos su punto más álgido", según ha informado en un comunicado.
Coapi denuncia que los casos de 'okupación' se han incrementado, sobre todo en las segundas residencias, y se concentra en Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. El tesorero del Consejo General y presidente del Coapi de Madrid, Jaime Cabrero, señala la necesidad de alcanzar "un pacto de Estado" entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar "una solución efectiva y a largo plazo".
"De lo contrario, se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro Estado de Bienestar, como es el de la propiedad privada", advierte Cabrero.