Hace unas horas tres activistas se subían al ficus centenario de San Jacinto, en Sevilla, para protestar en contra de su tala. Ahora se ha dado a conocer que el juez que lleva el caso ha decretado que se suspende la licencia de la tala del ficus y, "con carácter inmediato", los trabajos.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Sevilla ha dictado este jueves un auto en el que declara la "procedencia de la medida urgente de suspensión cautelar" de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Sevilla para la tala del ficus centenario de la parroquia de San Jacinto, en Triana, al tiempo que obliga a parar los trabajos "mientras se resuelve" el fondo del litigio, "debiendo aportar la administración las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes que pudieran producirse como consecuencia de la paralización de estos trabajos de tala". Así reza en el auto judicial fechado este jueves 18 de agosto y al que ha tenido acceso Europa Press.
El mismo juzgado dictó este pasado miércoles un auto en el que acordó habilitar el mes de agosto para la tramitación del recurso interpuesto por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) para que se suspendiera la licencia de la tala "hasta que se elabore un estudio por personas expertas en la materia, tomando las medidas de seguridad que correspondan para garantizar la seguridad de los transeúntes".
"Concurre en el presente supuesto la nota de urgencia", señala el auto del juez, que concede a la administración un plazo de tres días para que alegue lo que "estime procedente sobre la conveniencia del mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión acordada en el presente auto". Contra este, no cabe apelación.
Los trabajos para la tala del ficus arrancaron el pasado martes 16 de agosto. Corren a cargo de la parroquia de San Jacinto, al ser propietaria del ejemplar por estar este ubicado en sus terrenos. La licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo, previa petición del párroco al contar con un informe favorable de la Comisión de Patrimonio de la Junta, fue aprobada el 31 de mayo de 2022 y, desde entonces y hasta la fecha, no se había presentado recurso alguno.