Este lunes han acudido a declarar ante el juez los tres supervivientes del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego que se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá). El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ante las contradicciones en las versiones de lo ocurrido en el naufragio, ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para el patrón de la embarcación, Juan Enrique Padín, investigado por la muerte de 21 tripulantes.

El juez impone a Padin comparecencias apud-acta los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción Dos de la Audiencia Nacional o ante el que corresponda a su domicilio, la obligación de comunicar al órgano judicial cualquier cambio de domicilio, así como la retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional, tal y como había solicitado la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El magistrado adopta dichas medidas teniendo en cuenta las circunstancias personales del investigado, en las que consta la existencia de arraigo suficiente, y al no apreciar riesgo de fuga. “Siendo la prisión provisional incondicional una medida de carácter excepcional procede, por tanto, acordar una medida menos gravosas que la solicitada, debiendo decretarse la libertad condicional”, señala la resolución.

El juez, no obstante, no ha pedido la prohibición de salir a faenar, aunque el resto de medidas solicitadas impedirían que Padín embarcase durante varios meses en un buque. También han acudido a la Audiencia Nacional a declarar como testigos su sobrino y segundo al mando en el barco, así como el marinero ghanés que sobrevivió y que contradice la versión del patrón, Samuel Kwesi, cuyo testimonio puede resultar clave para aclarar la presunta responsabilidad del capitán.

En esta audiencia de más de cinco horas, el juez quiere saber si es cierta la versión del capitán, que dice que un golpe de mar averió el motor y dejó el barco a merced del temporal, o si lo es la del marinero ghanés, que asegura que el motor no se paró repentinamente y que además el capitán no alertó de que el buque se hundía. Son contradicciones en las que la Fiscalía ve indicios al menos 21 delitos de homicidio. Se trata de las primeras diligencias por esta causa.

Desde las 09:30 horas comparecen ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno. El patrón del barco, Juan Padín, lo ha hecho en calidad de investigado, después de que el magistrado apreciara indicios de 21 homicidios imprudentes, mientras que su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Kwesi lo han hecho como testigos.

Moreno ordenó tomar su declaración, a pesar de que la Audiencia Nacional todavía no se había declarado competente para investigar el hundimiento del pesquero gallego. Sin embargo, sí precisó que le compete comenzar las diligencias, sobre todo las más urgentes, por tener conocimiento del caso.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional trató de remitir la causa al Juzgado de Instrucción de Marín, por ser la localidad donde radica el puerto base del navío. No obstante, dicho juzgado pontevedrés rechazó la inhibición, al entender que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos en aguas internacionales.

La comparecencia de Padín y los testigos ha servido también para resolver las medidas cautelares solicitadas por las familias de los fallecidos contra Padín, quienes pedían que se le retire el pasaporte e incluso su ingreso en prisión preventiva para que no vuelva a faenar, tras los "persistentes rumores" de que tenía pensado volver a trabajar en otro buque de la misma armadora. Estaba previsto que estas primeras diligencias se practicaran la semana pasada, pero fueron aplazadas a petición de la defensa del patrón para poder preparar bien el interrogatorio a su cliente.

El naufragio del 'Villa de Pitanxo' continúa en los tribunales porque Moreno observó indicios que permitirían imputar "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores" a Padín, ya que en la tragedia fallecieron 21 de los 24 marineros que viajaban en el buque. La Audiencia Nacional cuestionó la versión ofrecida por el patrón del pesquero.

A su juicio, la velocidad del buque a las horas de la tragedia "suscita dudas" sobre la declaración del capitán acerca de la parada de los motores por avería como causa determinante de la escora y posterior hundimiento del barco. Padín aseguró que sobre las 04:00 horas de la madrugada el motor del barco se paró, lo que dadas las condiciones meteorológicas existentes en ese momento determinó la sucesiva entrada de agua por la aleta de babor, ocasionando una cada vez mayor escora.

Vista la situación, según Padin, dio a la tripulación la señal de abandono del buque previa colocación del traje de supervivencia y chaleco salvavidas. "Ya con todo colocado nos disponemos al arriado de la balsa de babor", sostuvo el capitán, precisando que dejó encargado al primer oficial, por cuanto él fue a arriar la balsa de estribor, lo que habría conseguido embarcando a la tripulación. Eduardo Rial, su sobrino y otro de los supervivientes, ofreció una versión similar.

Samuel Kwesi, el tercer superviviente, explicó en un primer momento que al pararse el motor el barco quedó a merced de las olas, lo que, unido al peso del aparejo, hizo que entrara mucha agua y se escorara hacia babor. Entonces oyó al capitán ordenar que subieran al puente, lo que hizo sin el traje de supervivencia por no darle tiempo.

Sin embargo, en una declaración posterior, dio una versión "absolutamente distinta" de los hechos. Él señaló que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora.

Por ello, le gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero éste se negó. Después, con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor. Kwesi subrayó que en ningún momento el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia aunque él y su sobrino sí los llevaban, lo que le sorprendió.

Por su parte, las familias de las 21 víctimas mortales han emprendido su propia lucha para tratar de convencer al Gobierno de la necesidad de bajar al pecio del 'Pitanxo' a buscar pistas de lo que pudo haber pasado en la madrugada del 15 de febrero.

Además, en los últimos días han dado a conocer que han presentado querellas contra el patrón, su sobrino y la armadora del buque, Grupo Nores de Marín, por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia, delitos graves contra la salud de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.

"Creemos en la Justicia, en lo que investiga la Guardia Civil, en que se está llevando todo a cabo de forma rigurosa", destacó en los últimos días la portavoz de los familiares e hija de una de las víctimas, María José de Pazos.