El Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) ha reclamado al gobierno andaluz que de respuesta a una preocupación que tienen los muchos vecinos de esta localidad que en verano alquilan casas y habitaciones a turistas: ¿qué ocurrirá si alguno de sus clientes tiene coronavirus y precisa confinamiento?.

¿Tendrá que pasar esa persona, y sus acompañantes, el aislamiento en el alojamiento turístico?, ¿quien se hará cargo de los gastos?, ¿tendrán los propietarios que asumir la responsabilidad de tener que anular reservas para atender esta circunstancia?

Estas son algunas de las preguntas que, a punto de levantarse el estado de alarma, de permitirse la libertad de circulación y de iniciarse la temporada estival se plantean cientos de vecinos de esta localidad que en verano, cuando la población local llega a cuadriplicarse, alquilan casas, apartamentos o tienen pequeños alojamientos turísticos.

Juan Bermúdez, alcalde de esta localidad costera de 22 000 habitantes, lleva tiempo planteando esta cuestión, consciente de que estas circunstancias pueden ocasionar "un perjuicio muy grave" especialmente a los pequeños y medianos establecimiento y a las "cientos de familias" para los que los alojamientos turísticos son "un pulmón financiero" para su economía familiar anual.

El alcalde y varios de sus ediles se ha reunido con la delegada provincial de Salud, Isabel Paredes, para abordar este asunto y exponer que, si no se pone otra alternativa, las consecuencias del aislamiento de un cliente en un alojamiento turístico "serían desastrosas" para sus propietarios, la mayoría autónomos o PYMES. El Ayuntamiento explica que ha formulado ese problema en numerosas entrevistas y reuniones y señala que los protocolos, recomendaciones y actuaciones por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, no llegan a dar respuesta al problema.

Bermúdez asegura que comparte "la gran angustia" que esta "inseguridad" provoca a los empresarios, trabajadores y a las familias que alquilan alojamientos turísticos. Y reclama que al igual que se ha hecho en otras comunidades autónomas, en Andalucía se busque "una solución que aporte seguridad al establecimiento y al destino".

La delegada en Cádiz de la Consejería de Salud le ha contestado que "no es un tema de su competencia", algo que el Ayuntamiento no entiende cuando "la decisión de confinar a un paciente corresponde a las autoridades sanitarias" y "deberían al menos plantearse, como lo han hecho otros, dónde hacerlo si ese paciente no tiene su domicilio en Conil".

Los protocolos establecidos para los establecimientos no prevén el lugar de confinamiento del paciente en caso de no requerir hospitalización, únicamente la forma de notificar y actuar ante una sospecha y la necesidad de desinfección de la estancia.

El Ayuntamiento cree que la situación se arreglaría si Junta estableciera protocolos con alojamientos alternativos y traslado de los enfermos asintomáticos a los mismos, "como pasa por ejemplo en el Plan aprobado por el Govern Balear, que contempla incluso el alojamiento alternativo de personas que hayan mantenido un contacto cercano".

"Es un sinsentido que la Junta plantee que no tiene competencia ante esta situación que se le viene encima al sector turístico, una vez que recupera las competencias para ello", indica el alcalde. "La Consejería de Salud tiene que dar soluciones a una situación cuya decisión es exclusivamente suya, ya que no hay otra Administración ni organismo que pueda decidir sobre el confinamiento sanitario de una persona, sus condiciones y lugar donde se realiza. Los alojamientos alternativos, además, deben estar sometidos a regulación con medidas específicas, también de competencia sanitaria, como lo han sido durante el confinamiento los hoteles arca", sostiene.

Una trabajadores de una de las empresas dedicadas a la gestión de alojamientos turísticos de la localidad ha explicado que, a falta de una regulación, algunas personas y empresas han optado por incluir en los contratos una cláusula que obliga al cliente a hacerse cargo del cien por cien de los gastos de la extensión de su estancia en caso de un confinamiento. "Para la anulación de las reservas, y los daños que ello supone para un negocio y para las personas afectadas, no hemos encontrado solución", apunta.