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Cuando sigue en el ambiente el malestar de la CEOE al ser ignorado en el cierre económico puesto en marcha por el Gobierno y tras el rechazo de Casado a apoyar un plan porque cree que el Gobierno no le da información fiable, el Gobierno sigue dando pasos para intentar frenar esa curva maldita del coronavirus, que ya se ha convertido en la primera causa de muerte en España que ya tiene más contagiados que China. El Gobierno da una vuelta de tuerca en el control de la movilidad que se ha demostrado como la única manera de poder hacer frente a esta pandemia.
"Hoy publicaremos una orden ministerial en la que se establece el derecho de los trabajadores a recibir una declaración responsable por parte de las empresas empleadoras que los identifique como personal que no debe someterse al permiso recuperable establecido en el decreto". Palabra del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Además, el ministro considera que este documento "facilitará" la labor que el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan para controlar los movimientos de la población.
En el caso de los trabajadores autónomos, según Ábalos, bastará con que justifiquen con un documento que se dedican a alguna de las actividades consideradas esenciales.
El titular de Transportes, una de las autoridades delegadas durante el estado de alarma, remarcó que el Decreto que el Gobierno aprobó este domingo "no ordena la paralización de actividades", sino que "articula un permiso retribuido recuperable para quienes trabajen en servicios no considerados esenciales".
En este punto, insistió en la necesidad de tomar esta medida para reducir aún más la movilidad de los ciudadanos con el fin de contribuir a contener la expansión del coronavirus. "No es cuestión de confrontar salud y economía", declaró el ministro. "La salud es lo primero y no hay sistema económico que funcione si la salud no está garantizada", añadió.
En este punto, y ante el rechazo manifestado por el sector empresarial a la paralización de sectores no esenciales, Ábalos pidió la concurrencia y la "colaboración" de "todos" en la lucha contra el coronavirus. "Necesitamos la colaboración de toda la sociedad, pero sobre todo de los trabajadores, los autónomos y las empresas sean como sean y del sector que sean", aseguró. "Todos tenemos que aceptar una carga de sacrificio y generosidad por el bien del país", añadió.
"Durante este fin de semana hemos observado que la movilidad continúa reduciéndose siendo incluso inferior al anterior. Un 97% menos de trenes, 98% menos de transporte interurbano, un 93% menos del transporte aéreo, del 92% en el caso de los cercanías y 84% en el transpote ligero. Nuestro objetivo es que los días laborables de esta semana y la siguiente se acerquen a los datos de lo que sería un fin de semana", ha declarado el ministro. El consumo de luz se ha reducido un 11%.
La CEOE y diversas patronales sectoriales han lamentado este lunes que el Gobierno, al que han acusado de actuar con precipitación, no consultara con las organizaciones empresariales la manera de organizar el parón de toda actividad no considerada esencial desde hoy y hasta el próximo 9 de abril.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que ni siquiera se supieron los sectores afectados hasta la publicación en el BOE, a medianoche, del real decreto-ley que establece el cese de actividades no esenciales, lo que ha dificultado su aplicación, pues ya habían comenzado a trabajar los turnos de noche.
"Hombre, pensamos que cierta precipitación hay en el asunto", ha dejado claro Garamendi, quien ha asegurado que "se les podría haber consultado cómo se podía hacer, de qué manera" porque "de empresas, de gestión, de economía, sabemos un poquito". Sobre el permiso retribuido, ha descartado que genere problemas con los sindicatos y ha puesto el foco en la pérdida de producción de empresas industriales que deben entregar productos en el extranjero y a las que este parón va traer consecuencias en su facturación y en la confianza de sus clientes.
"Improvisación no. Una medida de estas características no se hace en una noche", ha respondido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Garamendi en una entrevista en Antena 3, en la que ha dicho que es una medida "sensata" y que "ha llevado tiempo pulirla en términos jurídicos para acertar sobre las actividades mínimas esenciales".
Aunque la medida se elaboró con tiempo, "trasladarla al BOE es complejo", ha recalcado la ministra, en línea con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que en una entrevista en TVE ha relatado que fue una decisión adoptada sin debate interno.
Por su parte, el director general de la patronal siderúrgica, Unesid, Andrés Barceló, ha calificado de "chapuza" el real decreto-ley y ha pedido a Industria que aclare cuestiones qué hacer con los altos hornos. Además de estas instalaciones, que no se pueden parar, también hay plantas en las que se fabrican aceros que se usan en suministros hospitalarios, compañías energéticas o el sector agroalimentario (para las conservas).
"Hay incluso una empresa que fabrica tubos que tenía un pedido urgente para hacer con ellos camas hospitalarias", ha dicho Barceló, que ha resaltado que sin permiso esta empresa no podrá trabajar, y ha recordado que sólo se ha dado una moratoria de 24 horas para cesar toda actividad no considerada esencial.
El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha advertido de que la decisión del Ejecutivo deja a los empresarios "muchas dudas" por una "improvisación que no nos podemos permitir".
Con cierta cautela, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) valora que aún es pronto para calcular el impacto que el parón tendrá en un sector que representa, en términos de oferta, un 6 % del PIB y emplea a más de un millón de trabajadores. No obstante, sí que considera que paralizar "una actividad tan relevante" hubiera requerido de un periodo de tiempo suficiente hasta su entrada en vigor.
Por ello, la patronal de las constructoras y concesionarias Seopan cree "prioritario" que el Gobierno dé instrucciones a los órganos de contratación para poder realizar una suspensión ordenada, y que, a su vez, adopte medidas urgentes de apoyo financiero al sector. "Destruir el tejido empresarial es muy rápido. Reconstruirlo son años y años", ha destacado el presidente de la patronal textil Fedecon, Ángel Asensio, que ha insistido en que "para salvar el empleo, tienes que proteger a la empresa".
Por su parte, desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) han lamentado que el Gobierno no haya cerrado algunas de las 11.700 gasolineras (calificadas como servicio esencial) que hay en España ante el desplome del consumo de carburantes, ya que la situación es para muchas insostenible. La postura de las patronales contrasta con la de los sindicatos, que aunque a grandes rasgos valoran que se priorice la salud de los trabajadores, también critican la "gran confusión" e incertidumbre que provocó la publicación del decreto a medianoche. Aunque resulta "difícil de predecir", los expertos consultados coinciden en que el país va a tardar "muchos meses" en recuperarse de esta crisis.
El profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo Miguel Córdoba da por hecho que el parón total de la economía durará "dos o tres meses", y adelanta que supondrá una caída del PIB de en torno al 15 %.
Dada la coyuntura actual, "uno de nuestros grandes puntos fuertes, el turismo, va a quedar destruido", prevé Córdoba, que entiende que se traducirá en muy poco empleo y en "muchísimo más paro de aquí a fin de año".
La profesora de finanzas de la UOC Elisabet Ruiz va más allá y considera que la duración de esta "hibernación" económica dependerá de la respuesta política del entorno. "Es momento de inyectar dinero" en las economías más afectadas, la italiana y la española, donde, concluye, el coronavirus "no sólo se está llevando vidas, sino tejido empresarial, industria...gran parte de lo que se ha tardado décadas en construir".