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Más de 3.000 profesionales de la salud han muerto por COVID-19 en todo el mundo, desde que comenzó la pandemia, según Amnistía Internacional. La cifra sea "significativamente superior", porque "no existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que han fallecido tras contraer la COVID- 19", denuncia Amnistía Internacional en un informe.
Los países donde más trabajadores de la salud han muerto son: EE.UU.(507), Rusia (545), el Reino Unido (540, incluidos 262 trabajadores de asistencia social), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63), según el informe que también analiza la inseguridad en el trabajo, represalias, represión, violencia y estigma durante la pandemia sufrida por el personal sociosanitario.
El estudio recoge los datos de 79 países del mundo, por lo que Amnistía Internacional considera "probable que esta cifra sea significativamente superior, al no comunicarse todos los casos, y además es difícil hacer comparaciones exactas entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos". Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos facilitadas por asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos.
Desde gran parte de los países analizados la grave escasez de equipos de protección individual (EPI), es una de las quejas más reiteradas: En 63 países y territorios que estudió Amnistía Internacional sobre esta situación es uno de los problemas más graves.
En India y Brasil, y varios países de África la situación es peor y todavía no han vivido la peor parte de la pandemia. Un médico que trabajaba en Ciudad de México reveló a Amnistía Internacional que los profesionales de la medicina dedicaban alrededor del 12% de su salario mensual a comprar de su bolsillo equipos de protección individual.
A eso se le suma la escasez de suministros global, las restricciones comerciales podrían haber agravado el problema. En junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de estos equipos, de algunos de ellos o de sus componentes.
"Si bien los Estados deben garantizar que haya suficientes EPI para quienes trabajan dentro de su territorio, las restricciones comerciales podrían agravar la escasez en países que dependen de las importaciones", ha señalado Sanhita Ambast, quien considera que "la pandemia de COVID-19 es un problema global que exige una cooperación global".
"Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19", señalan en el informe en el que califican de "alarmante" desde Amnistía Internacional. En el documento se han documentado denuncian de los que profesionales de la salud por problemas de seguridad, en los que sufrieron represalias, arrestos y amenazas y despidos.
"Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas", ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.
En España, con más de 52.000 casos de profesionales sanitarios contagiados y al menos 63 fallecidos hasta el momento, Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña para exigir la protección del personal sanitario y que se destinen más recursos para la sanidad pública.