La Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU) ha interpuesto una denuncia contra la Comunidad de Madrid por una "gestión lamentable" de la pandemia del coronavirus en la que, según asegura, ha podido ser responsable de los delitos de "homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación, delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio".

Esta asociación ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 42, en funciones de guardia, contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Políticas Sociales y de Sanidad, Alberto Reyero y Enrique Ruiz Escudero.

Según el escrito de la denuncia, la "gestión lamentable" que, a su entender, han hecho Ayuso y sus dos consejeros "debido a las deficiencias de servicios de sanidad durante la crisis sanitaria, ha provocado que Madrid sea la primera comunidad en fallecimientos por infección de la COVID-19".

Se quejan, entre otras cosas, de que el equipo de Ayuso no interviniera la sanidad privada para utilizar sus recursos y derivar a estos centros los enfermos de las residencias, "optando por no hacerlo y dejarlos morir de mala manera solos sin sus familias generando dolor".

A juicio de los denunciantes, con los recursos de la sanidad privada y los tres hospitales de campaña que las ONG se prestaron a montar con ayuda del Ejército "se hubiera podido controlar" la pandemia en la región y "dar una oportunidad a los mayores de las residencias".

Critican, en este sentido, que la Comunidad optara por montar el hospital de Ifema y derivar allí sanitarios de la atención primaria en vez de hacer nuevos contratos.

Y critican además que aunque la presidenta y los consejeros "sabían las condiciones en que se encontraban" las residencias, no hicieran "nada por arreglar la situación", como repartir material de protección para los trabajadores que cuidan a los mayores.

Pero sobre todo acusan a Ayuso de haber dictado un protocolo sanitario seis días después de decretarse el estado de alarma en el que "se establecen los 'criterios de exclusión' que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales, entre ellos discapacidad física o mental del residente".

"Fue con la llegada de los militares, la UME, cuando se dio la voz de alarma ante la grave situación en la que se encontraban los usuarios de la residencia y sus cuidadores. En las 475 residencias de ancianos de la región y las 235 para personas con discapacidad y con enfermedad mental han fallecido 5.828 personas por coronavirus o sospecha de tenerlo desde el pasado 8 de marzo, de un total de 7.337 muertes registradas durante ese tiempo en estos centros", agrega el escrito.

Otro de los motivos de denuncia es el número de profesionales sanitarios contagiados por la COVID-19, "11.669 sanitarios, alrededor de 13 %", contagios "provocados" por atender a pacientes "sin ningún tipo de protección personal contra el virus, ya que el proporcionado por la Consejería de Sanidad era insuficiente y de mala calidad".

"Entendemos que los servicios médicos en el inicio de la pandemia en la Comunidad de Madrid estaban mermados por 3 razones: los recortes del Gobierno del PP desde 2012, los ajustes para reforzar el hospital de IFEMA y por la gran cantidad de bajas del personal sanitario", argumenta.