La ocupación de los centros de internamiento de extranjeros baja casi un 60% en el Estado de Alarma
De los siete centros que hay operativos en España, dos ya están desocupados: el de Barcelona y el de Tarifa
La ocupación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) ha bajado un 57,3% durante el Estado de Alarma que fue decretado de marzo ante la expansión del nuevo coronavirus COVID-19. Además, dos de los siete centros de este tipo que operan en España ya están vacíos.
Fuentes de Interior han asegurado a Europa Press que la ocupación media actual es del 25,2%, si bien no precisan cuál es el número de internos con el que se corresponde dicho porcentaje. Tampoco dan el número total de plazas existentes en toda la red de CIE, aunque hace menos de una semana estas mismas fuentes apuntaron que la ocupación estaba entorno al 59%.
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Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirman que actualmente, a raíz de las liberaciones de internos durante el Estado de Alarma, están vacíos los CIE de Barcelona y el de Tarifa (Cádiz). Además de estos dos, hay otros cinco centros de este tipo operando en todo el territorio español: en Aluche (Madrid); en Las Palmas; en Tenerife; en Murcia y en Valencia.
Los CIE son unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. El máximo de estancia en estos centros de 60 días y, según aseguró el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, toda persona interna que superase este periodo legal durante el Estado de Alarma sería puesta en libertad, en cumplimiento a la ley.
Liberación de internos por la imposibilidad de ser expulsados
Si bien, para poder frenar la expansión de la pandemia, varios países están imponiendo restricciones a la llegada de personas procedentes de España. En este contexto, varios colectivos sociales y el Defensor del Pueblo pidieron la liberación de todos los internos porque las circunstancias actuales "impiden" que se pueda materializar la devolución o expulsión de los migrantes a sus países de origen.
Tras ello, el Ministerio del Interior abrió la puerta a liberar a los internos tras analizar "caso a caso" las posibilidades de retorno de cada uno de ellos. A los liberados que tienen domicilio en España se les está facilitando su regreso a sus residencias, mientras que a otros que no tienen alternativa habitacional se les está trasladando al dispositivo de acogida del sistema de Atención Humanitaria.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirmaron a Europa Press que ya están recibiendo a internos procedentes de los CIE de Barcelona, Madrid y Valencia, si bien no han ofrecido el número concreto de personas acogidas desde CIE por el momento.
Cerca de 60 internos de Aluche "podrían volver a su residencia"
Ante estas liberaciones, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha expresado su preocupación ante "la descoordinación y la puesta en libertad" desde algunos CIE "sin las garantías necesarias" para los internos.
Pueblos Unidos, entidad del SJM, publicó en Twitter que los CIE "van liberando internos", pero en el de Aluche "hay cerca de 60 personas, al menos 10 latinoamericanos" que "podrían acudir a su propio domicilio, un contexto más adecuado" ante la crisis del coronavirus.
De acuerdo a un informe del SJM sobre los CIE, en 2018 dos tercios de las personas internadas procedían de Marruecos (36%) y de Argelia (32%). Ese año fueron internadas 7.855 personas en los CIE: 7.676 varones y 179 mujeres.
Un año antes, en 2017, un total de 8.837 migrantes pasaron por alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sin embargo, fueron 3.041 las personas finalmente enviadas a sus países de origen, mientras que 5.796 personas (el 65,5%) recluidas en los CIE tuvieron que ser puestas en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión.
Así se reflejó en datos oficiales recopilados en una respuesta parlamentaria a la exsenadora de Unidos Podemos Maribel Mora, unas cifras que constataban que el Ministerio del Interior, responsable de la gestión de los centros, logró deportar a su país de origen únicamente al 34,5% de los internos.