El reino de taifas en el que se ha convertido la lucha contra el coronavirus nos pasa factura, la descentralización está poniendo contra las cuerdas a Sanidad. Ni 24 horas. Es lo que parece haber durado el pacto de Ayuso e Illa. Isabel Díaz Ayuso ha decidido romper el pacto alcanzado el martes por la tarde con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el que aceptaba el confinamiento perimetral de la capital de España y otros nueve municipios de la región. Los cierres se derivaban de unos criterios generales que se aplicarían a toda España, como pedía la Comunidad, pero que sólo los municipios madrileños lo cumplen en la actualidad. Madrid exigirá a Sanidad más criterios técnicos para ampliar las restricciones en la reunión de esta tarde.

La Consejería de Sanidad ha explicado en un comunicado su disconformidad con varias de las propuestas del ministerio. No quiere que se trate por igual todos los distritos de Madrid capital, exige que se tenga en cuenta la capacidad hospitalaria, muy alta en Madrid, y pretende que se mejore la seguridad jurídica a la hora de implantar un confinamiento. También reclama la creación de una comisión científica que revise los criterios.

Los criterios tienen que se refrendados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne la tarde de este miércoles a partir de las 16 horas y para ello no es necesaria la unanimidad. Aún en el caso de que Madrid o incluso todas autonomías gobernadas por el PP votarán en contra, la propuesta de Sanidad seguiría adelante y, por tanto, el confinamiento de los citados 10 municipios.

Diferentes gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana han mostrado su malestar por el acuerdo que alcanzaron anoche el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para seguir criterios concretos a la hora de tomar medidas de confinamiento, porque consideran que se trata de un pacto "bilateral" entre dos administraciones a la hora de establecer restricciones en toda España.

El Gobierno central y la Administración madrileña lograron en la tarde de este martes un principio de acuerdo en el que se proponía que para los municipios por encima de los 100.000 habitantes se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones tanto en la autonomía como en el resto de España.

Eso sí, la aplicación efectiva de estos criterios queda a expensas de que se aprueben en la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra en la tarde de este miércoles, y en la que los gobiernos autonómicos conocerán los detalles concretos de este acuerdo entre el Ejecutivo central y Madrid.

El acuerdo ha provocado la reacción inmediata de presidentes autonómicos como Íñigo Urkullu, quién ha criticado que el pacto se haya tomado de manera bilateral entre ambos gobiernos y no sin antes haber consultado al resto de autonomías a través del Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne este miércoles para ratificar dichas medidas.

En términos parecidos se expresó el líder asturiano, Adrián Barbón, que lamentó a través de un mensaje en su perfil de Twitter el pacto entre ambas administraciones para endurecer en toda España las medidas en la lucha contra el Covid-19. Además, cargó contra las "excusas" de Isabel Díaz Ayuso para no actuar en la región madrileña porque considera que se pusieron en peligro "la salud" de la ciudadanía.

Desde Cataluña también se han mostrado muy críticos con este acuerdo. La Generalitat, a través de la consejera de Salud y de la consejera de la Presidencia, ha cargado duramente contra el pacto y ha insistido en su autonomía para tomar medidas que controlen la transmisión del Covid-19.

También se han pronunciado algunos políticos de esa región como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quién ha asegurado que este acuerdo se trata de un "155 para toda España". Por su parte, desde Junts se preguntan que diría el PP si el Gobierno central hubiera pactado con Cataluña, en vez de con el Ejecutivo madrileño.

Otro gobierno autonómico que se ha quejado del acuerdo es el de Andalucía, que a través de su consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad "lo que no va a pactar son las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes", sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha reaccionado al acuerdo cargando contra Isabel Díaz Ayuso. "No puede ser que pidamos autonomía y capacidad de decidir cuando las cosas pueden ir bien y, cuando hay que tomar decisiones más difíciles, recurramos a otros para cubrir nuestras decisiones", ha subrayado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

En términos parecidos se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig: "Madrid no es el ejemplo de ninguna manera de la gestión de la pandemia". No obstante, ha apuntado que quieren conocer "en profundidad" la propuesta porque solamente saben lo publicado en los medios de comunicación.

La presidenta de Navarra, María Chivite, que se expresó antes de conocerse el acuerdo, quiso desvincular la situación epidemiológica de Madrid con la de la Comunidad Foral. Así, reconoció que Navarra presenta "muchos casos" de Covid-19, aunque ha sostenido que la situación en su territorio "no es comparable a la que tiene Madrid". "Nosotros comunicamos todos los casos de manera diaria, no tenemos la tasa de ocupación hospitalaria que tiene Madrid, hacemos el doble de la media nacional en rastreo, y tenemos una tasa de positividad bastante controlada, por debajo de la media. Por lo tanto, tenemos muchos casos positivos pero tenemos una situación controlada y no nos tiembla la mano en tomar las decisiones que tengamos que tomar", ha afirmado la jefa del Ejecutivo foral.

Quién sí se ha expresado una vez conocido el acuerdo ha sido el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quién cree que este acuerdo "se circunscribe a Madrid" y se ha remitido a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este mismo miércoles para que se pueda concretar un posible acuerdo que afecte al conjunto nacional.

Por su parte, desde Extremadura, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha pedido "unidad de acción" entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas a la hora de tomar decisiones para paliar los efectos de la pandemia, y ha pedido criterios igualitarios y parámetros generales para todo el territorio español, así como que se eviten "encontronazos" entre los gobiernos.

Eso sí, antes de que se conociera el acuerdo entre Madrid y Gobierno central, Vergeles aseguraba que no se puede tomar "solo" como referencia la incidencia acumulada de casos para confinar determinadas zonas de Madrid porque con esos mismos parámetros, "se tendría que cerrar media Extremadura".

uién sí se ha mostrado acreedor del acuerdo ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha sido el único que se ha pronunciado a favor porque considera que es "bueno" para las partes. "Estamos básicamente de acuerdo con lo que han acordado", ha añadido.

García-Page ha indicado que, independientemente del "ruido" que hay en España, la gestión cotidiana funciona "infinitamente mejor" de lo que pudiera parecer. "Al final, las direcciones generales de Salud Pública de todas las consejerías y el Ministerio mantenemos una coordinación que funciona", ha apuntado.