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La Fiscalía General del Estado ha informado que tiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus, una de ellas en la Comunitat Valenciana, y otras 124 diligencias dentro del ámbito civil.
Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha "constatado abiertas" investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de la Comunitat Valenciana, Canarias y Cantabria.
Estos son los datos oficiales oficiales ofrecidos por el ministerio público. Aún así advierte que las cifras no dibujan "una foto fija" en lo que respecta a las investigaciones de los centros de mayores, sin duda uno de los sectores más azotados por el virus.
El Ministerio Público admite que esta cifra puede ser mayor ya que muchos de estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, cuyos datos proceden de la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que las cifras no sean las reales y se hayan abierto nuevas diligencias que no han sido aún notificadas. Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.
El Ministerio Público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos. En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.
El Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de ancianos en residencias. Pide una investigación sobre delitos de omisión de auxilio tal y como informan a Efe fuentes de esta institución.
Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. "Se les ha dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA", han aseverado las fuentes.
El mayor número de residencias investigadas corresponde a la Comunidad de Madrid. Fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.