La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse) ha mostrado su "absoluto y contundente" rechazo a que las pruebas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se realicen en las oficinas de farmacia privadas por "los riesgos que supondría para la seguridad de los ciudadanos", y ha defendido que sean realizadas siempre por el personal sanitario que, como los enfermeros u otros profesionales, "tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente".

"Es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas, cuando estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de covid19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura", señalan en un comunicado.

En este sentido, Satse y el Consejo General de Enfermería recalcan que la intención de los farmacéuticos "va en contra de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos que han implementado las autoridades sanitarias, al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad".

Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermería apunta que las oficinas de farmacia "no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas, reiterando la necesidad de contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas, una gestión optima de la eliminación de los residuos generados contaminados, personal cualificado para la realización e interpretación de las pruebas, así como registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública".

"La realización de este tipo de pruebas es una actuación compleja que no puede hacer cualquiera, es imprescindible que sea un profesional sanitario preparado al respecto como los enfermeros o los médicos. Permitir que los farmacéuticos realicen estas pruebas supone poner en riesgo la salud de los pacientes, porque una persona no cualificada puede extraer una muestra incorrecta y generar un 'falso negativo'. Por tanto, permitir a los farmacéuticos llevar a cabo estas pruebas supone un riesgo enorme para la salud pública, además de facilitar la especulación injustificada de la sanidad pública por parte de los farmacéuticos con oficina de farmacia que son empresarios con una cuenta de resultados", resumen.