El Ejecutivo ha atendido la propuesta de los Gobiernos autonómicos sobre su situación en el plan de desescalada por el coronavirus y ha aceptado que, el próximo lunes, las 13 autonomías que lo han pedido avancen a la fase 3.

Por otra parte, Sanidad también ha dado luz verde a que Madrid, el área metropolitana de Barcelona y Castilla y León pasen a la 2 y que permanezca en esta fase aún la Comunidad Valenciana, así como Toledo, Albacete y Ciudad Real en el caso de Castilla-La Mancha.

Por tanto, desde este lunes 8 de junio el 52% de la población española estará en fase 3, 25 millones de personas, mientras que el resto continuará en la fase 2, de momento. En esa ansiada última fase de la desescalada las medidas de relajación permitirán, poco a poco, acercar a las provincias y a sus ciudadanos a una nueva normalidad.

La movilidad entre provincias es una de las medidas de relajación de la desescalada más esperada por gran parte de la población y por sus gobiernos, que piden una flexibilización de los desplazamientos de los ciudadanos para impulsar así el turismo y la economía.

A pesar de ello, la aprobación de esta medida ha sufrido numerosos cambios y se ha visto envuelta en líos internos, con cambios de opinión y confusiones debido a la desescalada gradual y asimétrica según los territorios, que ha llevado a la evolución diferente en unos y otros.

Tras varias semanas de especulaciones y peticiones de varias comunidades, este viernes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comunicó que una vez en la fase 3, corresponde a los presidentes autonómicos las decisiones sobre la desescalada en sus Comunidades, como por ejemplo permitir o no la movilidad entre provincias o unidades sanitarias internas.

La sexta prórroga del estado de alarma que el Consejo de Ministros acordó el pasado martes y el Congreso de los Diputados avaló al día siguiente recoge que, desde esta fase 3, será "la autoridad competente delegada, con carácter exclusivo, para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes" a dicha etapa, "en ejercicio de sus competencias, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada".

Por tanto, los presidentes autonómicos sí que podrán evaluar los criterios sanitarios de sus provincias y decidir si se permite la movilidad entre ellas una vez se encuentren en la fase 3.

Serán así "las comunidades autónomas las que culminen este proceso de desescalada", según ha confirmado en la rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien ha agregado que las regiones contarán para ello "con toda la ayuda y colaboración del Ministerio de Sanidad".

Ante ello, algunos han decidido comunicar ya a Sanidad su solicitud formal, como el Gobierno de Castilla-La Mancha, que pedirá formalmente al Ministerio que se permita la movilidad entre Guadalajara y Cuenca a partir del próximo lunes, toda vez que ambas provincias estarán en fase 3 de desescalada al arrancar la semana.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se reunirá este sábado con el comité de expertos para analizar las medidas a tener en cuenta en la Fase 3, entre ellas la movilidad interprovincial, teniendo en cuenta que el Gobierno central ha informado del paso en bloque de la comunidad andaluza a esta fase, incluidas las provincias de Málaga y Granada.

La Xunta también ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad que se incluya la autorización a la movilidad interprovincial en la orden ministerial que publicará este sábado el BOE y por la que Galicia pasará a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejó claro en la rueda de prensa que, sin embargo, el movimiento entre comunidades no se producirá hasta que se termine el plan de desescalada, se superen todas las fases, y en cualquier caso solo podrá producirse entre territorios limítrofes que hayan alcanzado lo que el Gobierno denomina la nueva normalidad.