Un mes después de coronavirus, el Gobierno reacciona y usa los recursos de laboratorios y clínicas privadas. La Sanidad pública tomará el control de los centros de diagnóstico clínicos privados para evitar "situaciones abusivas" y garantizar que los pacientes que lo necesiten tengan acceso a los tests de COVID-19 y no solo aquellos que puedan pagarlos.
El objetivo del Gobierno con esta medida, anunciada desde hace semanas, es utilizar todos los recursos sanitarios disponibles, incluidos los privados, para que los tests de COVID-19 lleguen a los pacientes que los necesiten. En algunas clínicas privadas, los medios denunciaron, que estaban realizando estos tests a precios escandalosos aprovechando la situación, mientras los hospitales públicos carecían de los kits suficientes para diagnosticar a los enfermos con síntomas de coronavirus.
El BOE publica este martes una orden ministerial que pone a disposición de las comunidades autónomas estos centros sanitarios privados y su personal para enfrentar la emergencia del coronavirus. De esta manera los tests de COVID-19 se realizarán con la autorización de un médico y bajo los criterios del Ministerio de Sanidad.
Estos centros tendrán que notificar a las comunidades autónomas los casos positivos de COVID-19 que han detectado y los recursos materiales de los que disponen para hacer esas pruebas (hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR o test rápidos diagnósticos).