Los brotes de la Covid-19 han vuelto a los centros residenciales de mayores, donde han fallecido más de 27.000 usuarios desde que comenzara la pandemia del nuevo coronavirus a comienzos del mes de marzo.

La situación es complicada en residencias de regiones como Aragón, donde el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés indicó el 6 de agosto que el número de residencias de personas mayores con casos activos ascendía a 52, con 469 personas infectadas, de las que 315 son usuarios y 154 profesionales.

De los residentes, 64 se encuentran hospitalizados y se han registrado 14 fallecidos desde principios del mes de julio, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

En la actualidad, el 75 por ciento de los casos positivos por la COVID-19 en este tipo de establecimientos se concentran en siete residencias de Aragón. Asimismo, en 33 de los 52 centros de mayores afectados se han registrado menos de tres casos.

Preocupa especialmente la evolución de la residencia de Burbáguena, en la provincia de Teruel. El brote de coronavirus suma un total de 77 contagios en este centro, con seis personas fallecidas, según los datos actualizados a las 12.00 horas del 6 de agosto.

En la Comunidad de Madrid el foco está en el brote de la residencia San Marcos de San Martín de la Vega, que contabiliza 52 contagios de coronavirus y dos fallecidos, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo ha detectado dos brotes nuevos en dos residencias de ancianos de Baleares, uno en La Bonanova, en Palma, y otro en Seniors Inca, en la misma localidad.

Según ha detallado este miércoles la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en rueda de prensa, en las residencias de mayores se considera brote con un sólo caso positivo por su condición de vulnerabilidad, mientras que para el resto de instituciones o lugares se necesita tres casos positivos para considerarse un brote.

Varias comunidades autónomas ya han decretado el cierre de entrada y salidas y la anulación de visitas de familiares. Es el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana o Cataluña, región en la que 16.791 ancianos de residencias han dado positivo, de las que 6.342 han muerto y 38 se encuentran actualmente ingresadas, a 7 de agosto.

También la Diputación de Soria ha prohibido las visitas a las residencias de ancianos de San José en El Burgo de Osma y Nuestra Señora de los Milagros en Ágreda "ante un posible rebrote".

En Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad ha determinado que los usuarios de las residencias de la región podrán salir exclusivamente al domicilio familiar y por un periodo mínimo de 10 días naturales y máximo de 8 semanas, en tanto dure la situación originada por la crisis sanitaria del Covid-19.

En una comparecencia el pasado lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmó que no considera necesario implementar "más medidas de las que ya están previstas" en las residencias de mayores frente al Covid-19.

En este contexto, Gobierno central, comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordaron el pasado 4 de agosto la aplicación de un Plan de Respuesta Temprana en el ámbito de los centros sociales residenciales.

Asimismo, en una reunión telemática, acordaron la sistematización del contenido mínimo de todos los planes de contingencia de los que deben disponer los centros sociales residenciales conforme al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, a través de la elaboración de una 'Lista de Verificación de los Planes de Contingencia de los Centros Residenciales'.

"Todos los centros están expectantes y muy vigilantes, como es normal y como debiera estar toda la población, ante los rebrotes que está habiendo", afirma en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

En relación con los acuerdos adoptados en la reunión entre Ejecutivo, CC.AA. y la FEMP, Fernández-Cid opina que "tampoco han avanzado tanto" y añade que "están intentado poner en marcha un sistema de recogida de datos en tiempo real" después de lo que ocurrió en la primera oleada de los brotes.

El presidente de la FED se refiere a un informe en el que el Ministerio de Sanidad reconocía las dificultades del sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las comunidades autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. "Los datos no eran concluyentes e, incluso, algunas CC.AA. no los habían suministrado en tiempo y forma", recuerda.

Respecto a la situación actual de las residencias, el presidente de la FED indica que todos los centros disponen de "planes de contingencia", así como de Equipos de Protección Individual (EPIs) como mínimo para 15 días. "Pagados por nosotros", critica, para después añadir que es algo que no entienden en el marco de "una crisis sanitaria".

El presidente de la FED insiste en la importancia de llevar a cabo una actuación coordinada entre el ámbito sanitario y el social cuando surja un caso o una sospecha de contagio para evitar el "desastre".

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, señala a Europa Press que, "ante el panorama de rebrotes que comienza a darse en toda España de una forma más o menos generalizada", las empresas del sector consideran que "la única forma de dificultar la entrada del virus en las residencias es limitar las vistas de familiares y sobre todo las salidas de mayores fuera de los centros".

Así, Jesús Cubero hace hincapié en que los centros han tomado "todas las medidas de prevención necesarias, establecido planes de contingencia, hecho acopio de EPIs y coordinado con las comunidades autónomas la realización de test de diagnóstico en cuanto hay sospechas de un caso, tanto en trabajadores como en residentes".

"Pero a fecha de hoy, el punto donde debemos incidir de una forma más rotunda es en la restricción de este tipo de salidas de los mayores, ya que al entrar en contacto con lugares donde no hay tanto control como en las residencias, se facilita ese contagio y su extensión al resto de residentes", insiste.

Desde AESTE, han solicitado a las distintas Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales de toda España la restricción de este tipo de salidas fuera de los centros, porque ello "permitirá mantener la libertad de movimientos dentro de los residencias".

"Se trata de anticiparnos y no repetir los errores del pasado, para no tener que tomar medidas más contundentes ni volver a poner en peligro la tranquilidad que actualmente tenemos en los centros residenciales. Se trata de proteger la vida de las personas mayores, y ante este cometido no debemos escatimar ningún tipo de esfuerzo", defiende Cubero.

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), Cinta Pascual, avisa de que la situación es "complicada" en algunas CC.AA., mientras que es "mucho mejor en otras". "Yo creo que, en general, estamos más preparados para los rebrotes", asegura a Europa Press.

No obstante, Pascual insiste en que hay autonomías que "no han hecho los deberes" y observa actuaciones "reprobables" de Gobiernos autonómicos en relación con las residencias. Así, se muestra "tremendamente preocupada" por que la respuesta de ciertas autonomías sea "más normas sancionadoras, decir que los trabajadores son los vectores". "Ya está bien", concluye.