El uso de drones o los datos de movilidad de nuestros teléfonos inteligentes para controlarnos no es algo nuevo para los ciudadanos, pero la lucha contra la pandemia de coronavirus está acelerando su aplicación y relajando las reticencias de los usuarios a ser vigilados .

Desde el 14 de marzo en el que comenzó el estado de alarma por el COVID-19 se han multiplicado las informaciones sobre el uso de drones por parte de las Fuerzas de Orden Público para controlar nuestros movimientos. Estos dispositivos voladores han servido también para dar instrucciones en tiempo real a la población sobre la violación de las restricciones impuestas.

La Policía Municipal de Madrid ha utilizado drones para alertar en grandes parques y zonas abiertas de la capital a la ciudadanía de la necesidad de que quedarse en casa.

China es la pionera en el uso de drones para vigilar la temperatura corporal de los ciudadanos. Una comunidad de vecinos en un barrio de la ciudad china de Zhangjiagang, cerca de Shanghái y a 700 kilómetros de distancia de Wuhan, ha comenzado a utilizar un dron equipado con cámaras térmicas con el que miden la temperatura de las personas en cuarentena por el coronavirus sin que estas tengan que salir de sus casas, detectando así posibles contagiados y evitando el contacto cara a cara y su propagación.

El ayuntamiento murciano de Mazarrón ha sido uno de los consistorios pioneros en la aplicación de estas medidas de control. No solo en el uso de los drones para vigilar y aleccionar a los ciudadanos sino también en la toma de la temperatura corporal. Recientemente se ha integrado en un programa nacional experimental para conseguir tomar la temperatura humana a través de estos dispositivos, después de que 'Approcess', entidad puntera en tecnologías 4.0 de la multinacional DJI, se pudiera en contacto con el consistorio a través de su servicio oficial en España (DJI ARS Madrid) para participar en el proyecto.

La concejalía de Protección Civil y SEM llevó entonces a cabo el procedimiento de calibración de la cámara térmica del dron del servicio, para la toma de temperatura humana que de forma experimental se había probado en China y que hasta ese momento nadie había podido conseguir llevar a cabo en España.

La prueba fue todo un éxito y desde el Ayuntamiento se remitió el informe del proceso de calibración a la empresa Approcess, siendo los primeros en España en realizar este logro. La información ha sido reportada a otras entidades públicas participantes en el proyecto de lucha contra el COVID-19 mediante el uso de drones, para que otras unidades hagan utilización de la cámara térmica en la toma de temperaturas de la población para atajar la epidemia.

El miedo al coronavirus y uso de las redes para desinformar sirvió la semana pasada para que creciera el bulo de que el Gobierno había creado una aplicación para vigilar la movilidad de los ciudadanos sirviéndose de una app sobre del COVID-19, algo que el Ejecutivo no tardó en desmentir.

Pero algo sí que había de cierto, ya que, como el propio Gobierno reconocía, se trataba de una una aplicación de móvil con geolocalización voluntaria y, aparte, un estudio estadístico de movilidad con datos anónimos facilitados por las operadoras.

Es decir, el usuario que se descarga la app autoriza si quiere el uso de la geolocalización del móvil y, de este modo, accede a la información y los servicios disponibles a través de internet que correspondan a su Comunidad.

De hecho, según los responsables, la aplicación sirven exclusivamente "para saber en qué comunidad autónoma se encuentra" y poder ofrecerle "las mejores pautas de actuación en función del protocolo autonómico correspondiente". O lo que es lo mismo, en función de cada ubicación, la aplicación ofrece "el correcto número de atención al que llamar, realizar un seguimiento médico, derivar a un hospital si fuera necesario...". Además, según el resultado del autodiagnóstico, se facilita el número de emergencia correspondiente a la comunidad desde donde se hace la consulta.

¿Cómo se asegura que el Gobierno usará esa geolocalización únicamente para confirmar la Comunidad desde la que se envía la consulta? "Así se establece en la política de privacidad" de la app, donde asimismo "se especifica que los datos solo podrán ser utilizados con fines sanitarios y epidemiológicos por las entidades autorizadas", recalcan las mismas fuentes.

La Secretaría de Estado encargada de desarrollar la app insiste en dejar claro que el objetivo de la nueva aplicación es "ofrecer un servicio de autodiagnóstico para descongestionar los teléfonos de atención sanitaria y dar respuesta a las necesidades y demandas de información de la ciudadanía".

Lo cierto es que esta aplicación tiene como precedente directo una aplicación similar impulsada hace unos días por la Comunidad de Madrid. Bajo el nombre de "CoronaMadrid", esta app, que también pide autorización al usuario para acceder a su geolocalización, había sido descargada por más de 15.000 personas en las primeras 48 horas de funcionamiento, según informaba el Gobierno regional madrileño el pasado día 27.

"Activa los permisos necesarios para poder utilizar la aplicación", es el mensaje que aparece en el móvil cuando alguien se descarga la app de la Comunidad de Madrid, y el primer permiso es el de la geolocalización, con el siguiente argumento: "Necesitamos saber dónde te encuentras para poder ofrecerte las mejores medidas preventivas y de evaluación".

Sin relación alguna con esta app, la orden ministerial encarga una segunda iniciativa a la Secretaría de Estado de Transformación Digital: "El análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento", con el objetivo de "entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia".

¿Dar vía libre a este estudio supone que el Gobierno va a controlar a partir de ahora los movimientos de los españoles a través de sus móviles? Tampoco.

¿Cómo se va a llevar a cabo este seguimiento? Pues, según precisa la norma, las operadoras de telefonía con las que el Gobierno "llegue a un acuerdo" facilitarán los datos de que disponen a través de sus respectivas redes y que serán cruzados "de manera agregada y anonimizada" por el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del tratamiento de esa información y de la elaboración del estudio.

Es decir, el INE elaborará el estudio a partir de los datos sobre número de dispositivos móviles conectados en distintos momentos a cada una de las antenas de las redes que gestionan "los principales operadores del país" y que serán en todo caso "anónimos y agregados", recalcan fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización.

El fin no es por tanto controlar los movimientos individuales de los españoles, con nombres y apellidos, sino "estimar el efecto de las medidas de confinamiento sobre la movilidad" y "conocer si, tras la entrada en vigor de las medidas" derivadas del estado de alarma, "han aumentado o disminuido los desplazamientos en los distintos territorios".