{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
En Baleares, el dueño de un chiringuito de Formentera que obligó a 15 de sus camareros a trabajar aunque eran positivos en coronavirus, está en libertad con cargos por un delito de salud pública. El Gobierno balear ha pedido a todos los clientes que estuvieron en ese bar que se hagan las pruebas, ya que el número de contagiados podría ser muy elevado y muchos de ellos extranjeros.
Al tratarse de turistas extranjeros, las labores de rastreo están siendo verdaderamente complicadas. El chiringuito es uno de los más conocidos de la zona y cada día podía llegar a atender a unos 300 comensales. De momento, el Gobierno balear ha confirmado 15 positivos entre los 45 camareros pero, también, hay dos grupos de amigos madrileños y mallorquines que se encuentran confinados. El chiringuito sigue clausurado y el dueño será imputado por un delito contra la salud pública.
A mediados de agosto, habían sido detectados dos casos positivos de COVID-19 entre el personal del establecimiento, por lo que se activó el aislamiento de los contactos estrechos. En concreto, cinco de estas personas tenían que permanecer en cuarentena a la espera de resultados, pero fueron identificadas mientras trabajaban en el restaurante.
El pasado día 17, la Dirección General de Salud Pública y Participación solicitó colaboración a las personas que, entre los días 10 y 14 de agosto, habían estado en el Kiosko Restaurante el Pirata (playa de Ses Illetes de Formentera) para que se hicieran una prueba PCR.
Desde el Govern recordaron que el régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas al COVID-19, en vigor desde el 10 de julio, puede incluir sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.
Según ha informado este jueves la Guardia Civil, el hombre fue detenido el pasado domingo y presentado ante el juez, quien le dejó en libertad con cargos.
El pasado 14 de agosto, la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización del Govern informó que el local iba a permanecer cerrado hasta que la propiedad efectuara la desinfección pertinente y garantizara que el personal era negativo en el virus.
Se da la circunstancia de que el propietario es el juez de paz titular de Formentera, según ha confirmado la Guardia Civil.