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El proceso de desescalada será gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
Habrá un panel de indicadores, basado en sistemas de información fiables, que permita conocer y entender el estado de la situación en cada momento, monitorizando cuatro ámbitos fundamentales para la toma de decisiones: salud pública, movilidad, dimensión social y situación económica. La ocupación de las camas de cuidados intensivos, el número de contagios, la situación de las residencias de ancianos, la movilidad, los ERTE, la afiliación a la Seguridad Social o el consumo de energía eléctrica son algunos de los parámetros que determinarán el avance de la desescalada.
Hay 12 CCAA con un nivel de contagio inferior al 1%. Entre ellas las que menos tienen son Melilla con un 0% y le siguen Murcia, Rioja y Valencia con un 0,3%. La siguen País Vasco (0,4%). Asturias, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura están en un 0,5%. Castilla León tiene el 0,6%, Navarra y Canarias del 0,7%, Andalucía y Aragón están en el 0,8%.
Y hay 11 CCAA con menos de diez muertes al día. Murcia, Ceuta y Melilla son las CCAA con menos nuevos muertes a día de hoy. Ninguna. Aragón y Canarias han tenido un fallecido, Cantabria, 3, La Rioja y Baleares 4, y Asturias, 5. Galicia y Extremadura han contabilizado siete muertos en las últimas 24 horas.
Hay nueve Comunidades que no han tenido ningún ingreso en UCI en las últimas 24 horas: Aragón, Asturias, Baleares, Ceuta, Extremadura, Melilla, Murcia, Navarra, y la Rioja.
La gran mayoría del territorio español está ahora mismo en la fase 0. Fechas no les voy a dar, si me permiten. Esto es lo más prudente en este momento. En cuanto a los números, todo esto se va a ir definiendo. Estamos haciendo en horas o días lo que normalmente se hace en meses o años. Por mucho que tengamos documentos previos, hay que adaptar la información. No le puedo decir cuántas personas se van a considerar como grupo, sí les puedo decir que cuanto mejor apliquemos las medidas que reducen el riesgo de transmisión individual, mejor y más rápido podremos pasar de una fase a otra".
Priorizando la seguridad sanitaria por encima del riesgo económico de la CCAA los hostelero proponen tres oleadas de apertura por comunidad; primera oleada: Canarias, Andalucía y Valencia; segunda oleada: Baleares, Murcía, Galicia, Asturias y Aragón; tercera oleada: resto siendo las mas arriesgadas Madrid, Navarra y las Castillas, en el caso de necesitar una fase adicional.
En el ámbito epidemiológico se evaluarán diariamente los siguientes indicadores generales: número de casos con síntomas compatibles con COVID-19, número de casos confirmados por laboratorio (no hospitalizados, hospitalizados, ingresados en UCI, fallecidos y número de casos y fallecidos en residencias de mayores) y número de PCR realizados. Se tendrá en cuenta el volumen de profesionales de servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta al coronavirus en relación al número de casos diarios detectados.
También se analizarán indicadores específicos para la evaluación de la detección temprana de casos, del aislamiento precoz de casos confirmados y del control de contacto de los contagios confirmados. Entre esos parámetros están el porcentaje de los casos con síntomas compatibles con la enfermedad en los que se ha realizado prueba diagnóstica, el tiempo entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de consulta en casos confirmados, entre los primeros síntomas y la de diagnóstico y el porcentaje de nuevos casos que no son contacto de casos confirmados conocidos.
Se estudiarán asimismo el tiempo entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de aislamiento y lo que transcurre entre la fecha de primera consulta y el aislamiento, el número de contactos estrechos identificados por caso y porcentaje de contactos estrechos que desarollan síntomas durante el seguimiento y se confirman.
Son seis los parámetros de capacidad del sistema sanitario sobre los que se realizará seguimiento: ocupación de UCI tanto por COVID-19 como por otras causas, ocupación de camas de enfermos agudos, material disponible, respiradores de reserva, capacidad de diagnóstico de los laboratorios y centros no sanitarios en disposición de medicalizar.
"Se deben monitorizar los avances en la situación epidemiológica que permitan detectar de forma precoz los cambios en la circulación del virus así como hacer un seguimiento de las capacidades sanitarias que permitan hacer frente a futuras tensiones sobre el sistema asistencial", ha informado el Ejecutivo.
En cuanto a la movilidad, se analizarán siete variables: el índice de movilidad interior y exterior por provincias -con respecto a febrero de 2020-, los movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros por zonas geográficas, el índice de movilidad global en los municipios de mayor población, la utilización del transporte público, la movilidad por área de residencia y el transporte de pasajeros y mercancías.
"Los indicadores de movilidad son centrales como punto de conexión entre la evolución de la epidemia y la actividad económica. (...) Conforme se avanza en el proceso de desescalada o reapertura, la evolución de la movilidad puede dar una idea de la eficacia del proceso gradual de desconfinamiento", considera el Gobierno.
Por último, tendrán relevancia en el apartado de indicadores económico sociales la afiliación a la Seguridad Social (trabajadores y autónomos), los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el consumo de energía eléctrica. El Gobierno ha detallado que se tendrán en cuenta indicadores de impacto de género y otros indicadores socioeconómicos de especial relevancia en cada territorio.
Fuentes del Ejecutivo han precisado que el análisis de esos factores para determinar si un territorio puede pasar de fase en el proceso de desescalada será cuantitativo y cualitativo y se hará de manera conjunta con las comunidades autónomas
Las fases de desescalada vendrán determinadas por la situación de cada uno de los territorios en cuatro ámbitos principales: capacidades estratégicas, que incluyen una asistencia sanitaria reforzada, un modelo eficaz y seguro de alerta y vigilancia epidemiológica, una capacidad de detección y control precoz de las
fuentes de contagio y un refuerzo de las medidas de protección colectiva; indicadores de movilidad; indicadores económicos; y indicadores sociales.
La salida gradual del actual estado de confinamiento exige continuar reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; identificación y contención de las fuentes contagios; asistencia sanitaria; y medidas de protección colectiva, tanto de dimensión tanto nacional como autonómica y local.
La suficiencia de la capacidad asistencial, tanto en asistencia primaria como en los hospitales y UCIs, es fundamental para la gestión de la pandemia, así como para poder reanudar la asistencia habitual de pacientes con patologías distintas a COVID-19. Aunque un brote acusado de COVID-19 tiene el potencial de desbordar el sistema asistencial de cualquier país, independientemente de sus capacidades habituales, la mayoría de los escenarios posibles indican que si se cuenta con un sistema sanitario suficientemente preparado pueden evitarse posibles episodios de confinamiento.
Por ello, cada comunidad autónoma debe preparar un plan de reacción rápida que aborde cómo se afrontaría el incremento de necesidades de camas de agudos y UCIs, de recursos humanos especializados, de equipos y materiales necesarios (EPIs, pruebas diagnósticas, medicamentos, etc.) en el caso de un hipotético rebrote intenso. Además, deberán adoptarse aquellas medidas que aseguren que los hospitales y los centros socio-sanitarios implementan las medidas de control de la infección correctas, tanto para trabajadores como para pacientes admitidos por otras causas.
La vigilancia epidemiológica en muchos países ha estado basada en alertas con retrasos en la notificación de nuevos diagnósticos o en alertas demasiado tardías (ocupación de UCIs y fallecimientos) que impiden una reacción rápida. Esta situación explica las dificultades para detectar la magnitud real de la epidemia durante el periodo crítico y la consecuente toma de decisiones para reducir el número de contagios hasta un nivel asumible para el sistema 11 sanitario, entendido en sanitario, entendido en su más amplia acepción, salud pública y servicios sanitarios.
Monitorizar la transición de forma efectiva y segura exige configurar un sistema de información epidemiológica basado en series de datos de máxima fiabilidad, elaboradas con criterios homogéneos para todo el territorio nacional, con un nivel de desagregación por área de salud (para permitir unos niveles de granularidad territorial más avanzados), con responsables identificados y actualización diaria.
Disponer de sistemas de información de la calidad mencionada requiere de un refuerzo de los servicios de vigilancia epidemiológica en las comunidades autónomas y en el nivel central, y una adaptación de los sistemas informáticos actuales en una parte importante del territorio. Un sistema de información bien preparado debe partir de indicadores de alertas tempranas e intermedias como los propuestos en el Anexo I, u obtenidos a partir de otras fuentes alternativas (apps de móviles, llamadas a teléfonos de urgencias sanitarias, etc.).
La agilidad a la hora de identificar y contener las fuentes de contagio, a través del adecuado diagnóstico y el aislamiento, es otra condición indispensable para levantar el confinamiento. Esta capacidad tiene varios componentes de mayor a menor prioridad:
a) Diagnóstico de sintomáticos en estadios iniciales de la enfermedad (lo que requiere aumentar la capacidad de diagnóstico en atención primaria).
b) Aislamiento de casos (habilitando hoteles u otras instalaciones de uso voluntario, cuando el aislamiento efectivo de los casos leves no puede realizarse en su propio domicilio).
c) Trazado y cuarentena de contactos siempre garantizando el anonimato y la privacidad de la información.
d) La identificación proactiva de asintomáticos en colectivos de interés (por ejemplo, en residencias geriátricas o en lugares especialmente afectados).
La disponibilidad y uso de material de protección entre la población general, así como la difusión e implementación de prácticas higiénicas y de distanciamiento social, es una capacidad estratégica que ya se encuentra en avanzado estado de desarrollo. Sin perjuicio de esto, en la medida en que la enfermedad persista, se requiere de un impulso sostenido por parte de las autoridades sanitarias de cara a reforzar las advertencias y recomendaciones en materia de lavado de manos y uso de geles, distancia interpersonal y etiqueta respiratoria, mascarillas, limpieza en entornos domésticos, medidas de protección en colectivos y entornos específicos (como espacios sanitarios, laborales, de hostelería y restauración, etc.) y la desinfección de espacios públicos.