El cierre de los centros educativos en las comunidades de Madrid y La Rioja y en las ciudades alavesas de Vitoria y Labastida supone una situación inédita que obliga a los padres a improvisar el cuidado de sus hijos e inquieta a los alumnos con exámenes pendientes, mientras que algunos profesores tendrán que impartir las materias a distancia.

La progresión de la epidemia del coronavirus ha trastocado el día a día de las familias con la interrupción de las clases, y los padres en un tiempo récord tienen que organizarse para garantizar el cuidado de sus hijos, sobre todo de los más pequeños, que requieren mayor atención.

El teletrabajo, que han recomendado las autoridades sanitarias en estas zonas más afectadas por el COVID-19 no es una opción para todos los padres, primero porque no todas las empresas ni puestos de trabajo son aptos para ello, y segundo porque, con las más pequeños en casa, el centrarse en el empleo es una misión imposible.

Los abuelos son la primera opción de quienes tienen la fortuna de contar con su ayuda, pero no todos pueden y, además, en muchos casos y en función de la edad y las patologías, no está aconsejado al tratarse de población vulnerable al coronavirus.

Ante esta situación, desde ayer no son pocas las personas, muchas de ellas estudiantes de educación infantil o con titulación en educación y trabajadores de este sector, que se están ofreciendo por diferentes medios, como en páginas de internet y redes sociales, para dar clases de apoyo o cuidar a los escolares que durante las próximas dos semanas no podrán ir a clase.

Para la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) este escenario "deja en evidencia la falta de medidas que garanticen la conciliación en España" y ha pedido que se planteen propuestas como recuperar las clases a final de curso o rebajar la materia curricular, especialmente en el caso de los estudiantes que se están preparando la EBAU.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado que los padres con niños pequeños para los que se han cancelado las clases en varias comunidades deben tener derecho a un permiso retribuido por un deber "inexcusable" amparándose en una situación de salud pública. Exigen al Gobierno y a las comunidades autónomas que aclaren muchas de las dudas surgidas a raíz de las últimas medidas tomadas en varias regiones para evitar la propagación del coronavirus, como ha sido la suspensión de la actividad educativa.

En respuesta a estas, y muchas otras peticiones, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Ejecutivo "va a presentar un plan de choque de medidas económicas" para hacer frente al coronavirus que contempla, entre otras actuaciones, "ser capaces de atender" a las familias que tienen que hacerse cargo de sus hijos ante la suspensión de las clases en algunas comunidades autónomas.

Montero ha insistido en el que el Ejecutuvo atenderá a las familias que se encuentran "en la necesidad" de ausentarse de su trabajo "al no disponer de red familiar" sin que se perjudique "a la actividad profesional de las personas". En cualquier caso, ha señalado que las medidas se darán a conocer "a medida que se vayan adaptando".

Tanto padres como sindicatos de docentes entienden las medidas acordadas pero se quejan de la falta de información y consideran que se debe contar con su opinión de cara a decisiones que les puedan afectar.