Los cambios en la Ley de Dependencia que más te afectan para el cuidado de tus padres
Se podrán compatibilizar dos prestaciones a la vez, como un centro de día por la mañana y ayuda a domicilio por la tarde
La prestación por cuidados en el hogar se cobrará de manera retroactiva
La teleasistencia pasa a ser un derecho fundamental para todos los dependientes
En 2026 la Ley de Dependencia cumplirá 20 años, y lo que iba a ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar se ha quedado en una pata floja que cojea. Hay 270.000 personas en las listas de espera, cada 15 minutos fallece una persona en estas listas (34.252 personas fallecieron en 2024) y se tardan de media 334 días en dar la prestación o servicio, y en algunas Comunidades más de dos años. Además, la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son, a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas, 264 euros al mes de media para la prestación de cuidadoras no profesionales, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
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Ahora el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que busca mejorar alguna de esas carencias. Aún debe pasar por el trámite parlamentario y aprobarse en el Congreso. Estas son las modificaciones y los cambios propuestos que pueden afectar al cuidado presente y futuro de tus familiares más mayores.
Prestaciones compatibles
Se pone fin a la incompatibilidad de prestaciones, y a partir de ahora, un mismo usuario podrá tener acceso a dos ayudas, por ejemplo, un centro de día por las mañanas y ayuda a domicilio por las tardes.
Demora de dos años
En cuanto a la prestación económica, la administración podía demorarse hasta dos años en ingresar la prestación por cuidados en casa, si se aprueba el anteproyecto el cobro tendrá efectos retroactivos.
Ayuda a domicilio
Se modifica el servicio de ayuda a domicilio, que podrá desarrollarse fuera del hogar, para que los auxiliares puedan acompañar a la persona dependiente al médico o a la compra.
Asistente personal
También hay cambios en la asistencia personal, que dejará de ser solo una prestación económica y se reconoce como un servicio, que, además, podrá prestar cualquier persona del entorno del beneficiario, como vecinos, convivientes, amigos, etcétera, siempre que se “se cumplan condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad”.
Banco de accesorios
Se crea un catálogo de productos de apoyo para la autonomía (sillas de ruedas, camas, etcétera), en una especie de "banco público" que cede los aparatos para que las personas dependientes no tengan que invertir en aquellos objetos que les ayudan a permanecer en su vivienda y no tener que trasladarse a un centro.
Cuidados en otros entornos
Los cuidados actualmente solo se pueden prestar en el domicilio o en centros residenciales o de día. Con la reforma, el Gobierno pretende agregar, entre las opciones, las viviendas con apoyos: o bien donde conviven pocas personas con cuidados integrales o dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos, como el cohousing.
Derecho a decidir
Se contempla que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Cada una de las comunidades tiene que incorporar estas novedades a su catálogo de servicios bajo la obligación de que no es la administración la que decide (se elimina expresamente de la ley), sino la persona.
Acortar los plazos
Actualmente se tarda casi un año en recibir la prestación o servicio requerido. Para acortar estos plazos el anteproyecto propone:
- Se concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida.
- No habrá que ponerse al final de la lista para revisar el grado de dependencia. Se agilizará el procedimiento para revisar el Programa de Atención Individual, PIA, para que los apoyos se ajusten, de la manera más rápida posible, a la persona.
- Se establecerá un procedimiento de urgencia para algunas situaciones de especial vulnerabilidad. “Factores como demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes”, informa el Ministerio.
Nuevos derechos
La nueva normativa establece nuevos derechos:
- Se reconoce la accesibilidad como un derecho, hasta ahora era un “principio inspirador”.
- La teleasistencia se considera, por primera vez, como derecho fundamental para todas las personas con dependencia que viven en sus domicilios.
- Las obras para poner un ascensor serán obligatorias. Se cambia la ley de propiedad horizontal para que las actuaciones para asegurar la accesibilidad tengan carácter obligatorio. La ley habilita a los vecinos que solicitan la intervención a “acudir a la justicia para obligar a la realización de las obras en las condiciones previstas por la ley”.
- El derecho a una atención libre de sujeciones pasa a formar parte de la ley y limita el uso de sujeciones a “situaciones excepcionales de peligro inminente para la vida” siempre que se apliquen de manera proporcional, durante el tiempo “estrictamente necesario” y tras “haber agotado las medidas alternativas”. Para llevarse a cabo tendrá que respaldarse en un “procedimiento documentado con prescripción médica específica, supervisión técnica y el consentimiento informado” de la persona afectada.
El anteproyecto aprobado por el consejo de ministros debe pasar ahora por el trámite parlamentario y aprobarse en las Cortes, si procede, pero ya ha suscitado las críticas de sectores profesionales. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se ha cuestionado “de qué manera va a reforzar la atención en los domicilios una ley que apuesta por ellos pero que no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares o no profesionales".
"Es fácil suponer que dos horas diarias de media de ayuda a domicilio en el hogar de una persona que necesita cuidados continuados y permanentes (24 horas al día 365 días al año) para todas las actividades básicas de su vida diaria (levantarse y acostarse, cambiar de posición, desplazarse, asearse, comer…) no permiten a sus familiares conciliar con una actividad laboral o personal, ni tan siquiera un cierto descanso o desahogo, a no ser que tenga recursos suficientes para contratar servicios de cuidado a su cargo. En esta situación es más fácil aun suponer sobre quien van a recaer estos cuidados, en su inmensa mayoría: las mujeres (tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres). En materia de derechos sociales, las normas, si no llevan aparejada una memoria presupuestaria y los consiguientes compromisos de financiación, son papel mojado”, sostienen desde la Asociación.