El Ministerio de Sanidad, siguiendo la estela de otros países europeos, da un paso más en la lucha contra el tabaco calentado y prohibirá también el uso de los aromas, además de obligar a introducir un nuevo etiquetado para que contengan las mismas advertencias que el tabaco convencional, dejando claro así que perjudican seriamente la salud.
El propio ministro de Sanidad, José Miñones, informaba este lunes a los consejeros del ramo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para expresar el compromiso del Ministerio de modificar el real decreto de 2017 para la transposición de la directiva europea sobre la regulación del tabaco calentado.
Según avanzaba, Sanidad actuará en esas dos líneas ya citadas: "Por un lado, en referencia al uso de aromas, y por otro, sobre el etiquetado de estos productos, en los que deberán figurar las advertencias sanitarias, al igual que en el resto del tabaco".
Con esta medida, España se pone a la altura de muchos países de la Unión Europea en esta materia; una legislación que cada vez es más restrictiva porque los datos de venta empiezan a asustar, y es que en el caso concreto de este tipo de tabaco las ventas han subido en los últimos años hasta un 10% y ahora mismo suponen hasta un 3% de todas las ventas de tabaco que se producen en la UE.
Además, en este paso importante en la protección de la salud, el ministro de Salud señalaba que estas medidas se complementan a su vez con otras "como la incorporación de un segundo medicamento financiado para dejar de fumar".
Concretamente, se trata del Recigarum, cuyo principio activo es la citisiniclina, indicado para adultos mayores de 18 años con dependencia tabáquica y para la reducción de la ansiedad a la nicotina en los fumadores que están dispuestos para dejarlo.
Con este medicamento, que se suma al Todacitán, también financiado por el Sistema Nacional de Salud, los fumadores de al menos 10 cigarrillos al día y que hayan hecho al menos un intento de abandonar el hábito una vez en el último año podrán iniciarse con este fármaco que promete poder dejarlo definitivamente en 25 días.
En esta línea, José Miñones ha recalcado que el Gobierno busca el objetivo de conseguir una generación libre de humo en 2030, ampliando el número de espacios libres de humo y regulando de manera más estricta el uso de vapeadores en menores, un problema frecuente desde su aparición.
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