Se habla mucho de la transición ecológica, de la idea de la Unión Europea de rubricar la prohibición de vender coches con motores de combustión a partir de 2035, de apostar por la electricidad como tecnología limpia para las distintas opciones de movilidad personal y colectiva… y los hay que se quieren adelantar a todo y correr antes de dominar el arte de caminar.

Este pensamiento en voz alta se puede extrapolar a uno de los problemas que tiene en la actualidad la Guardia Civil. Y es que en el Ministerio del Interior han decidido dotar a la Guardia Civil de un buen puñado de coches eléctricos, con el Nissan Leaf a la cabeza, un coche eléctrico, sin motor de combustión, gasolina ni diesel, y que necesita enchufarse a la red para cargar la batería que les mueva.

En situaciones normales, con una batería de 40 kWh, un Nissan Leaf puede estar en movimiento a velocidad contenida y con algo de suerte unos 250 kilómetros, antes de agotar su autonomía. Lo que pasa es que cuando aceleras a fondo, por ejemplo, para perseguir a algún criminal o huido de la justicia, la autonomía de este tipo de coches con dificultad llegará a los 100 kilómetros. Y eso dando por sentado que la batería del coche está cargada a tope, que no suele ser el caso.

La Guardia Civil se ha quejado en numerosas ocasiones que no pueden terminar las persecuciones con éxito porque se quedan tirados sin batería a mitad de la persecución y “los malos” acaban huyendo con el botín o sin ser capturados y puestos a disposición de la justicia. Diferentes miembros de la Benemérita y asociaciones del mencionado estamento policial aseguran que, además, no disponen de suficientes puntos de recarga para poder cargar las baterías. Y encima, los que tienen son lentos y ralentizan sobremanera el uso de una fundamental herramienta de trabajo como es un vehículo.

Nissan Leaf, Renault Zoe, Citroén C4… motos y scooters eléctricas de diferentes marcas y procedencias pueblan los parques móviles de las distintas delegaciones de la Guardia Civil en nuestro país y, tarde o temprano, se tenía que levantar la voz para poner en conocimiento público la incongruencia que tiene dotar de este tipo de vehículos a un estamento que necesita unas herramientas más lógicas para el desempeño de sus funciones.

Si el consumo de electricidad de estos coches, ya son superiores a la media por su sobrepeso gracias a defensas, luminosos, herramientas, etcétera, hay que tener en cuenta que la sostenibilidad y eficiencia debe emplearse con mayor racionalidad en otros aspectos o elementos de la vida pública, no en unos vehículos que, a menudo, necesitan ser ágiles, rápidos, potentes y con una autonomía coherente.

No sólo la Guardia Civil se queja de esta situación. Y es que un buen número de ayuntamientos y comunidades autónomas han dotado de este tipo de vehículos a sus policías locales y autonómicas. La última voz de alarma la ha dado el Sindicato Profesional de la Policía Foral de Navarra al publicar en un tuit que habían tenido que dejar sin atender una emergencia porque el Nissan Leaf patrulla no estaba cargado. Las 13 unidades de este vehículo a disposición del cuerpo de seguridad navarro son poco adecuados e ineficaces a todas luces.

Las quejas han llegado al Congreso de los Diputados, donde un diputado ha llegado a interpelar públicamente a Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior, por el fiasco de esta inadecuada compra con dinero público, demandando conocer exactamente el número de coches eléctricos adquiridos y el coste total de la operación.

Lo que sabemos hasta ahora es que el año pasado el Ministerio de Interior y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunciaron una inversión de 396 millones de euros hasta 2023 "para situar a Policía Nacional y Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética". Los proyectos, incluidos en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consisten en mejorar la eficiencia energética de instalaciones, comisarías y cuarteles. Incluyen también la compra de vehículos eléctricos para fomentar la movilidad sostenible de Policía Nacional y Guardia Civil. El proyecto de movilidad, supone casi la mitad, el 47%, de la inversión y se dedicará a la renovación de la flota de vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la adquisición de, nada menos,  5.882 vehículos eléctricos.

Aparejados a esta queja, los sindicatos de policía denuncian los numerosos casos en los que los potentes coches de alta gama incautados a narcotraficantes o diferentes delincuentes de alto standing no sólo no pasan a disposición de los distintos cuerpos de seguridad del estado para efectuar este tipo de persecuciones, sino que acaban en posesión de altos mandos y cargos para uso personal.

No sirve de consuelo, pero sí debería servir de aprendizaje: en los últimos meses son conocidos numerosos casos en el resto del mundo de coches eléctricos patrulla que se quedan tirados en la cuneta sin batería en plena persecución. Ha pasado en Gran Bretaña, donde los Nissan Leaf son muy utilizados por la policía de diferentes condados y en Estados Unidos, donde los Tesla son bastante comunes entre los sheriff de distintos estados y, a pesar de su mayor autonomía, las patrullas suelen acabar sin lograr su objetivo y sin poder moverse por estar completamente descargados.