La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha publicado las conclusiones del estudio Necesidades de Inversión en Conservación, que analizó el estado de toda la red viaria de nuestro país durante la segunda mitad de 2021. En Uppers nos hemos hecho eco del informe prestando atención a qué comunidades autónomas tienen las peores carreteras de España. En concreto se han analizado 101.700 kilómetros de vías, correspondientes a 26.400 kilómetros de la red del Estado y a 75.300 kilómetros de la red autonómica.

Entre las muchas deficiencias que han quedado patentes, destacan las deformaciones en el pavimento, unos agrietamientos de tamaño importante o unas señales de tráfico casi inútiles. Según el diagnóstico del informe sería necesario invertir unos 10.000 millones de euros. Tal cantidad serviría para revertir la situación y dejar las calzadas en buen estado. Otra dificultad es que las actuaciones tendrían que llevarse a cabo de forma inmediata para que no se deteriorara el resto de los kilómetros de vías que no presentan problemas.

Los datos del estudio ponen sobre la mesa que hay daños en las carreteras de todo el territorio nacional, sin distinción entre las de propiedad estatal y las de propiedad de las comunidades autónomas. Por una parte, el estudio concluye que el 70% de la red viaria es segura si se considera globalmente las condiciones del firme, la señalización y los elementos de contención y balizamiento. No obstante, el estado de las carreteras ha obtenido una nota global “próxima al muy deficiente” y además solo el 43% de la red viaria “está preparada para la adaptación a la futura movilidad conectada y autónoma”.

De esos 101.700 kilómetros revisados, 13.000 kilómetros tienen un deterioro “grave” en más del 50% de la superficie del pavimento. En concreto esos tramos están afectados por “grietas en las rodadas, agrietamientos gruesos, disgregaciones, deformaciones y grietas erráticas”. A la vista de todo ello, hay serias dificultades de cara a adaptar las carreteras a los “requerimientos de la nueva movilidad”.

Entrando en detalle, las carreteras que presentan un mayor déficit de conservación por kilómetro son aquellas que pertenecen a Aragón, a la Comunidad Valenciana y a Galicia. En cambio, según la AEC, las vías del País Vasco son el “modelo de red segura preparada para dar el salto hacia la digitalización y la transformación ecológica”. Sin embargo, la conservación del firme en este territorio roza el aprobado.

Otro aspecto relevante del informe es la revisión que se ha realizado de la señalética. Habría que renovar 100.000 placas en la red viaria estatal y otras 260.000 en las carreteras autonómicas. De ellas, 233.000 tienen una antigüedad superior a los siete años, con lo que su visibilidad nocturna no está garantizada, ya que el material retrorreflectante que se emplea deja de funcionar correctamente pasado ese tiempo. A su vez, unos 20.000 kilómetros de calzada requieren restaurar sus marcas viales y deberían repintarse.

Una de las conclusiones del informe es que el deterioro de las vías españolas dificulta “la transición hacia una movilidad más sostenible, ecológica, digital y segura”. Al igual que presupone que en caso de no revertir la situación de las carreteras será realmente difícil que se cumplan dos de los objetivos del Estado: reducir a la mitad el número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Para concluir, la entidad anota que “la mala conservación de la red afecta también al ya maltrecho bolsillo de los conductores: circular por una carretera en mal estado incrementa al menos un 10% el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones contaminantes”.  

Esta asociación comenzó a comprobar el estado de la red nacional en 1985 con la Campaña de inspección visual. Actualmente, se efectúa cada dos años. En el análisis desarrollado en 2001 las carreteras españolas aprobaron el examen, pero ahora podría decirse que la calificación recibida se acerca al muy deficiente. La inversión que habría que realizar para poner al día las carreteras casi llega a los 10.000 millones de euros y tal como puntualizó la entidad, el Estado tendría que invertir unos 3.261 millones en la red que gestiona y los gobiernos autonómicos y forales unos 6.600 millones en la que ellos administran. Ya en el anterior estudio se estimó que la inversión que debía realizarse era de 7.500 millones de euros. La AEC apunta que se deberían destinar más fondos a estos cometidos que pueden provenir de los presupuestos y de una tarificación por uso.