La Comunidad de Madrid autoriza el acuerdo que permitirá sumar más de 1.000 docentes en las universidades públicas
El objetivo del programa María Goyri es rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de las universidades
De estos docentes, 656 serán financiados por el Ministerio y los 435 restantes por la Comunidad de Madrid
Un acuerdo que no ha estado exento de polémica y que el consejero, Emilio Viciana, ha calificado de “cacicada”
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha reunido este miércoles para autorizar la firmar del acuerdo del Programa María Goyri. Un convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para incorporar nuevos docentes en las seis universidades públicas de la región. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha calificado este acuerdo de “cacicada” al entender que es una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez.
Un anuncio que se producía este lunes por parte de Viciana en el que explicó que la firma se produciría antes de que finalizara el plazo planteado por el Ministerio, es decir, antes de este viernes. La Comunidad de Madrid es la última de las autonomías en unirse a este Programa .
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Así queda el reparto de plazas
Una adhesión que supondrá una inversión estatal de 169 millones de euros en la región. El objetivo es rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores de las universidades con la creación de hasta 1.100 nuevas plazas. De todos estos docentes, 656 plazas serán sufragadas por el Gobierno Central durante los primeros seis años, las 435 restantes la Comunidad de Madrid. Una vez pasado el sexenio, la región se hará cargo de todas las contrataciones. Para ello, el Ejecutivo autonómico aportará anualmente 17,5 millones de euros a partir de 2025.
Una firma con polémica
A pesar del acuerdo, la decisión no ha estado exenta de polémica. Viciana ha mostrado su oposición a cómo se ha llevado a cabo la gestión y lo ha tildado de “cacicada”. Madrid firmará el Programa María Goyri para sumar nuevos docentes universitarios pero "esto no es un convenio, es una imposición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en la que dos administraciones cofinancian, pero no ha habido posibilidad de hacer ningún tipo de negociación al respecto", ha expresado.
Una de las principales quejas de la Consejería es que el acuerdo solo se ciñera a la figura del profesor ayudante doctor, ya que consideran que "no soluciona el problema para muchas universidades públicas madrileñas". Y añade que "discrimina notablemente la figura del profesor asociado con el consecuente detrimento de la calidad universitaria".
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