El problema de la vivienda en nuestro país, que trae de cabeza a todas las administraciones casi sin excepción, se explica en gran medida por la proliferación de los pisos turísticos en todo el territorio nacional, que crecen exponencialmente pese a las medidas que toman los gobiernos para intentar mitigar sus efectos.

Sólo en la ciudad de Madrid existen, según su alcalde, unas 14.000 viviendas de uso turístico, de las cuales únicamente 1.008 tienen el permiso urbanístico necesario para poder operar, es decir, que casi el 93 por ciento de estos negocios son ilegales, y aun así no hay manera aparente de ponerle freno.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, en un intento por frenar en seco el crecimiento descontrolado de este tipo de residencias en Madrid, prepara con su equipo de gobierno una nueva ordenanza, que estrenará en dos semanas y de la que ha desvelado algunos puntos clave.

“En dos semanas vamos a presentar un plan especial de protección del ámbito residencial en Madrid que pretende aumentar la disponibilidad de vivienda en el centro y regular definitivamente las viviendas de uso turístico”, ha detallado el regidor a los medios, que consistirá en prohibir las VUT dispersas en el centro histórico.

Una medida que se suma a las ya tomadas anteriormente por el gobierno local, y que consisten en la suspensión temporal de nuevas licencias y la aplicación de sanciones que, por acumulación, podrán llegar a los 190.000 euros.

Además, desde principios de octubre, gracias a dos sentencias a favor del Tribunal Supremo, los vecinos tienen la capacidad de prohibir los alquileres turísticos en sus comunidades, un punto más que el alcalde de la ciudad tiene a su favor para ponerle fin a una lacra que golpea especialmente a la capital española.

Sobre el hecho de limitar las VUT en los barrios, el regidor ha explicado que se van a prohibir las viviendas de uso turístico “diseminadas en comunidades de propietarios en el centro histórico” (en el ámbito APP 0.01), y que, además, su equipo de gobierno va a permitir la transformación de edificios dotacionales de uso privado en residenciales, “siempre que sean para viviendas de carácter asequible o ‘coliving’”, detalla.

Además, permitirán convertir en parcelas para viviendas aquellas cuyo uso era distinto al residencial y prohibirán expresamente transformar los edificios comerciales en viviendas de uso turístico. El objetivo de esta medida es, en palabras del propio edil, “preservar la identidad de los barrios y preservar el pequeño y mediano comercio”.

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