Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda de una familia que denunció acoso escolar y lesiones a su hija de 13 años en el British Council, en la que demanda 35.000 euros al centro y varios profesores por los daños que sufrió la menor debido a la conducta "negligente" e "irregular" de los docentes con la víctima.

Se trata de una demanda civil que la familia interpuso después de que se archivase la querella que presentó por presunto delito de acoso y lesiones que causaron un grave trastorno a la niña, y que según subraya la demanda se cerró "por cuestiones puramente formales" y "sin tan siquiera entrar a analizar si los hechos objeto de la mencionada querella pudieran ser o no considerados ilícito penal".

La familia de la menor reclama ahora 35.489 euros al centro y cuatro responsables del mismo en una demanda que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha admitido a trámite recientemente, según el decreto al que ha tenido acceso EFE.

Denuncian los padres de la menor que la niña estudió en el British Council desde que tenía 3 años hasta el curso escolar 2021-2023, "sin haber tenido jamás ningún comportamiento irregular", y con "calificaciones excelentes".

En el curso 2021-2022 la niña tenía 13 años y vio cómo una amiga suya sufrió "graves episodios de acoso escolar" por parte de otras dos compañeras, tanto en persona como a través de mensajes, lo que motivó que los padres de esta menor acosada denunciaran los hechos al colegio, que ciñó el caso a un comportamiento inapropiado y puntual.

Esto motivó que los padres de esa niña -amiga de la que denuncia ahora- la cambiaran de colegio y comunicaran lo ocurrido a la Policía.

La familia que ahora ve admitida su demanda contra el centro decidió aportar a la tutora de su hija los mensajes que entienden que demuestran el acoso que sufrió la amiga de su hija, que ya había dejado el centro, pero esa tutora y otros docentes les instaron "no solo a ignorar los hechos acontecidos con su amiga (...), sino también a cesase en referirse en público o privado a los mismos".

Además, según asegura la demanda, los demandados "idearon un vil ardid tendente a forzar deliberadamente la salida de la menor del centro escolar", abriendo una investigación contra ella, por presunto acoso escolar, y sancionándola varias veces.

La demanda detalla que desde finales de marzo de 2022 y durante el mes de abril de 2022 la menor fue interrumpida en sus clases hasta en quince ocasiones y "llevada a los pasillos o incluida en reuniones con uno o más profesores, con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga".

La menor empeoró de salud y tuvo que dejar de acudir al colegio por prescripción médica, y los padres denunciaron que el colegio estaba protagonizando "un claro supuesto de acoso institucional", poniendo de relieve una "actitud discriminatoria y vejatoria" hacia la niña con un "grado de sufrimiento" que le supuso graves daños físicos y psicológicos.

Detalla la demanda que la menor tuvo que ser atendida en la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria de un hospital, le diagnosticaron anorexia y constataron que había perdido nueve kilos en tres meses, con "una afectación ósea muy grave". Además sufre un trastorno adaptativo.

Finalmente la niña fue dada de baja en el centro el octubre de 2022.

La familia aporta un informe pericial del doctor José Cabrera en el que considera verosímil el relato de la menor y acredita que sufría "un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores". 

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