El 24 de septiembre de 2014 la Policía Nacional atrapaba a quien durante meses sembró de miedo toda una ciudad, Madrid, por los monstruosos delitos que cometía. Antonio Ángel Ortiz Martínez, un pederasta en serie, que secuestró y violó a cuatro niñas de entre 5 y 9 años, no volvería a hacer daño.

Aquel día de septiembre, un suspiro de alivio recorrió la capital desde primera hora de la mañana cuando la Policía daba cuenta de que a las 7.30 horas agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) habían irrumpido en un domicilio de Santander -era la casa de un tío de Ortiz- para capturar al que muchos calificaron como el "enemigo número uno".

Desde hace meses en una celda de la prisión de Jaén, tras pasar casi una década en la de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ortiz, de 53 años, sigue cumpliendo la condena de 70 años y seis meses de cárcel que le impuso en 2016 la Audiencia Provincial y confirmó dos años después del Tribunal Supremo por cuatro delitos de agresión sexual y otros cuatro de detención ilegal.

Su arresto hace diez años ponía fin a la Operación Candy que llegó a movilizar a decenas de policías de paisano en parques y zonas de afluencia infantil de los distritos de Hortaleza y Ciudad Lineal.

Con la imagen de él tumbado en el suelo y engrilletado también se callaban las bocas de quienes clamaron el auxilio del FBI y cuestionaron la capacidad del selecto equipo policial que vivió por y para detenerle sin descanso.

Esa decena de agentes -alguno sigue teniendo contacto con familias de las víctimas- se formó tras encenderse las alarmas el 10 de abril. Una niña de 9 años era secuestrada cuando iba a comprar golosinas -'candy' en inglés, de ahí el nombre de la operación- cerca un frecuentado parque de Ciudad Lineal.

Horas después, apareció sola y aturdida. Su captor la había agredido sexualmente en el bautizado como "piso de los horrores" de la calle Santa Virgilia, donde agrediría a otra niña también tras suministrarles Lorazepam (orfidal). Hasta 10 horas tardó la Policía Científica en rastrear palmo a palmo la vivienda para hallar pruebas tras su detención.

El cruce de otros casos y las posteriores pesquisas determinaron que la primera víctima de Ortiz fue una niña de 5 años abordaba en otro parque el 24 de septiembre de 2013.

El 17 de junio y el 22 de agosto de 2014 el pederasta de Ciudad Lineal volvió a actuar contra otras dos niñas de 6 y 7 años.

Las cuatro, cuya identidad fue protegida, reconocieron sin dudas a aquel monstruo que las había hecho daño tras abordar a algunas con el engaño de gastarle una broma a un familiar.

La Policía llegó a manejar nueve líneas de investigación y tener un listado de 50 sospechosos. Conscientes de que, por desgracia, en este tipo de delitos, la reincidencia arroja más pistas porque el delincuente puede cometer errores, los agentes comienzan a "afinar" después de la tercera agresión, la más grave.

Para empezar disponían ya de un "croquis" dibujado por la segunda víctima de la vivienda de la calle Santa Virgilia y de detalles de su aspecto físico que dio una niña de 11 años a la que supuestamente el acusado abordó en un intento fallido media hora antes de la segunda agresión.

Esta pequeña, la segunda víctima, ofreció muchos datos de la vivienda del acusado, de la que dibujó un plano: Tenía puertas blancas, un aparcamiento semicircular, fachada de ladrillo y recordó el número 8 que había en el ascensor, en alusión a las plantas que tenía el inmueble.

El detalle de las puertas blancas volvió a salir a escena en la tercera agresión, el 17 de junio. Los investigadores redujeron la lista a tres sospechosos.

Meses después, el 22 de agosto, cometió la cuarta agresión, la determinante para identificar al acusado porque esa niña confirmó no solo la "firma" del depredador de captar a las menores con la idea de gastar una broma a un familiar, sino también dio el perfil de alguien que cuidaba bastante su físico.

Describió muy bien al sospechoso: "musculado, que sudaba mucho y que le caía el sudor. Hablaba de venas muy marcadas", según reprodujo el inspector jefe responsable de la operación Candy que testificó en el juicio, donde añadió que aquellos datos les hicieron rastrear gimnasios.

Los agentes identificaron, sin saber que era su hombre definitivo, a Antonio Ortiz, divorciado y padre de dos hijos, el 28 de agosto tras salir del gimnasio en un control preventivo.

El se mostró impasible, tal y como hizo cuando fue detenido y durante el juicio. Al devolverle los agentes su DNI, él supo que estaba en peligro y la Policía que tenía muchos puntos para ser su hombre.

De hecho, tras esta rutinaria identificación, Ortiz deambuló dos horas por el barrio y pasó la noche en su coche. Apenas una semana después emprendió su huida a Santander.

Antes de eso, los investigadores iban hilando datos en un reto difícil que tuvo en el coche usado por el sospechoso un elemento clave a pesar de que cambió de vehículo porque la prensa publicó la marca.

Otro elemento clave fue la toalla de gimnasio que el supuesto pederasta sacó de su mochila en una ocasión.

Además, el posicionamiento del teléfono del acusado le situaba en los lugares de las agresiones o cercano a ellos, dado que Ortiz lo mantenía encendido en sus recorridos pero lo apagaba cuando cometía la agresión.

La descripción de la vivienda que habían dado las niñas y sus antecedentes dieron la puntilla para marcarlo como el sospechoso definitivo al ser condenado a nueve años de prisión por una agresión sexual en 1998, si bien finalmente cumplió siete.

Con la autorización judicial ya en sus manos, la Policía logró tacharle de su listado de criminales más buscados el 24 de septiembre de 2014. 

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