El Constitucional avala la ley que regula a los VTC en Madrid pero no podrán recoger pasajeros como los taxis
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La ley de la Comunidad de Madrid que regula la VTC es llamada 'Ley Uber' por el sector del taxi y los grupos políticos contrarios a la normativa
El Tribunal Constitucional entiende que la Ley de la Comunidad de Madrid para regular el servicio de VTC no invade competencias del Estado
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Las empresas de VTC podrán seguir operando en Madrid tal y cómo recoge la normativa de la Comunidad. Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional (TC) al avalar la ley madrileña de transportes que regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y que tanta polémica ha provocado en el sector del taxi.
De forma unánime, los magistrados consideran que la norma no vulnera las competencias del Estado, porque la Comunidad de Madrid es competente sobre el transporte urbano.
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La decisión del TC posibilita que sigan funcionando esta modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid con la preceptiva licencia. Además, permite que los puedan seguir realizando los vehículos que cuenten con autorizaciones de esta clase domiciliadas en la Comunidad de Madrid existentes a su entrada en vigor.
El Pleno del tribunal ha acordado por unanimidad desestimar el recurso que presentaron los diputados de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, CUP, Compromís, Más País y Junts contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, según ha informado la corte de garantías este jueves.
La ley completa la normativa de la Comunidad de Madrid de los transportes discrecionales de viajeros al incorporar la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, conocidos como VTC.
Las denuncias contra la llamada Ley Uber que regula las VTC
Los diputados de estas formaciones reclamaban que la ley, a la que llamaban ley Uber', vulneraba las competencias del Estado, de la autonomía local y del principio de igualdad. Además, reclamaban que la norma debería haber cumplido con la obligación de regular las autorizaciones para realizar transportes urbanos a las VTC respetando las competencias municipales en materia de transporte urbano.
Los recurrentes sostenían que, a su juicio, ello no había ocurrido, ya que la ley "prescinde de los mínimos requisitos legales e invade claramente las competencias municipales en materia de transporte urbano, otorgando autorización para realizar transporte urbano a todas las VTC con autorización nacional en la Comunidad de Madrid".
La modificación de la ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos en Madrid, aprobada en junio de 2022 por la Asamblea de Madrid, permite a las VTC seguir operando en la región, si bien no podrán acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas.
El Tribunal ha analizado el recurso solamente en relación con los preceptos que se impugnan subsidiariamente, por falta de carga alegatoria de la demanda en la impugnación de la totalidad de la ley.
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