El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha ratificado la actuación de la Comunidad de Madrid en la tala de arbolado en la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid que afecta al Paseo de la Infanta Isabel y ha dado por finalizada su actuación tras la queja de una ciudadana por el apeado de árboles en esta zona próxima a la estación de Atocha.

En su resolución, la oficina de Ángel Gabilondo determina que la tala de arbolado está justificada al tratarse de una obra "de esa envergadura", la ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, y sobre la que existe un estudio para tratar de minimizar el impacto ambiental.

No obstante, aclara que se trata de "consideraciones generales" y da por finalizada su actuación en relación a esta queja, sin entrar en su examen individual al existir un proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aún en curso por estos mismo hechos, en el que se denegó la suspensión cautelar de la tala solicitada por Aedenat-Ecologistas en Acción en los parques de Arganzuela y de Comillas (Carabanchel).

La institución, que lleva meses interesándose por este proyecto, recoge parte de los argumentos alegados desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, responsable del diseño del proyecto de las obras de construcción de la ampliación de la L11, sobre la justificación de la tala y el plan para minimizar su impacto, aludiendo a la compensación de los ejemplares perdidos.

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras modificó el proyecto inicial para reducir casi a la mitad los árboles talados, desde los 1.027 ejemplares contemplados en el Proyecto Constructivo a los 676 recogidos finalmente en la Declaración de Impacto Ambiental, que señala que otros 203 serían trasplantados.

La institución alude a la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, que prohíbe la tala, el arranque o abatimiento de árboles con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano, para subrayar que si bien la norma "no contiene una enumeración tasada de los supuestos que justifiquen la tala, la realización de obras es una razón que la legitima".

"La realización de obras para mejorar las infraestructuras del Metro y la creación de estaciones próximas, algunas pedidas por los vecinos, son una causa justificada para talar un árbol", sostiene la oficina de Ángel Gabilondo en su escrito.

En este sentido, el Defensor del Pueblo recuerda que, como enfatiza la Consejería, la construcción de una línea de Metro en una ciudad como Madrid "reviste enorme complejidad". "Una obra de esa envergadura, que se aborda para dar satisfacción a un interés general, necesariamente genera impactos ambientales y molestias, que deben ser evaluados y corregidos en lo posible, además de riesgos para la seguridad de las personas que deben evitarse a toda costa", señala la oficina.

Así, apunta que el departamento que dirige Jorge Rodrigo "ha realizado la evaluación ambiental preceptiva y se han recabado las autorizaciones municipales". En cuanto a la necesaria reparación de la zona, un compromiso de la Comunidad de Madrid, la oficina de Ángel Gabilondo subraya que "no se trata solo de conservar el patrimonio existente sino de promover su mejora" para advertir que "permanecerá atenta a la evolución de las medidas adoptadas".

Sobre este punto, dice esperar que las zonas afectadas por la tala "queden convenientemente revegetadas y restauradas y que la pérdida de los árboles sea adecuadamente compensada". Parte de esos conjuntos arbóreos afectarían a elementos urbanos singulares protegidos dentro del Catálogo de Elementos Protegidos Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y bienes incluidos en la zona de amortiguamiento del Paisaje de la Luz, incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en julio de 2021.

Desde la Comunidad de Madrid se ha puesto el acento en la compensación de los ejemplares afectados, atendiendo al artículo 2.3 de la Ley 8/2005 de Protección del Arbolado, que requiere plantar un ejemplar adulto por cada año de edad del árbol original. Entre otros, las obras conllevan la tala de árboles centenarios en el tramo de Atocha y Conde de Casal, entre ellos todos los de la acera impar del Paseo Infanta Isabel, plátanos de gran envergadura que llegan a medir hasta 30 metros de altura.

En su respuesta a esta queja, en la que se pone de manifiesto la ausencia de estudios hidrogeológicos, el Defensor del Pueblo alude a los impactos en el subsuelo de la ampliación de la L11 y las posibles afecciones al nivel freático, profundidad a la que se encuentra el agua subterránea en un acuífero, para remarcar que "se ha tenido en cuenta en términos generales en la fase de evaluación del proyecto, si bien se remite a una fase posterior un estudio de detalle".

En base a la información aportada por la Consejería de Transportes, asegura la oficina de Ángel Gabilondo, no se puede concluir "con toda certeza" que el proyecto incorpore todos los aspectos" requeridos sobre esta afectación al subsuelo "si no con detalle, con suficiente aproximación".

"Debe enfatizarse el hecho de que en ningún caso las obras pueden comenzar sin que dichos estudios se elaboren y concluyan. Y, al mismo tiempo, que deberán de extremarse las medidas de seguimiento del programa de vigilancia ambiental durante la fase de construcción para minimizar los riesgos de afección a las masas de agua subterránea y a las condiciones de seguridad y estabilidad", apunta la institución en el escrito consultado por Europa Pres.

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