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La Universidad Complutense de Madrid dispone de un complejo de viviendas destinadas a profesores de la entidad educativa que están vacías, según la información publicada por la Cadena Ser.
Los datos han sido obtenidos por el citado medio de la aplicación de la Ley de Transparencia, después de que un grupo de docentes asociados del centro universitario también denunciase estos hechos.
La información publicada alude a tres edificios ubicados en la calle Isaac Peral, muy cerca del intercambiador de transportes de Moncloa, entre los distritos de Chamberí y Moncloa- Aravaca.
Esta es una de las zonas más caras de capital madrileña, donde el precio de las viviendas supera ampliamente lo que los pocos arrendatarios que habitan en estos inmuebles propiedad de la universidad pagan actualmente, 52,62 euros al mes, el que menos y 212,49 euros, el que actualmente paga la renta más alta.
El complejo en cuestión cuenta con un total de 92 viviendas, de entre 50 y 250 metros cuadrados, además de nueve porterías, lo que suma un total de 101 inmuebles.
De todos ellos, sólo 33 pisos están arrendados, un 67,32% del total disponibles. El resto, 68 viviendas, están vacías en la actualidad. En cuanto a los inquilinos que sí abonan su cuota, a un precio mucho más bajo que el de mercado, en una de las zonas más cotizadas de Madrid, no se les ha actualizado la renta desde el año 2019, según la Cadena Ser.
La Universidad Complutense entrega este tipo de vivienda con carácter vitalicio al personal docente que lo requiere y en caso de fallecimiento del titular, los puede disfrutar el cónyuge superviviente o los hijos hasta los 23 años de edad.
Los únicos criterios para adjudicación de estos inmuebles, tienen en cuenta la antigüedad, la dedicación y sobre todo el cargo del adjudicatario. Sin embargo, el centro universitario no adjudica estos pisos mediante un concurso desde el año 2003, que celebró el último.
Según fuentes de la propia universidad, que dirige Joaquín Goyache, en declaraciones a la Cadena Ser, el criterio de adjudicación se basa en un reglamento muy antiguo. Desde el año 2019, "los actuales inquilinos tienen derechos adquiridos", lo que da a entender que no se les puede echar.
Por su parte, un grupo de profesores asociados, con sueldos entorno a los 600 euros al mes, denunció a principios de mes esta situación en la revista del barrio, Chamberí 30 días, "para que la ciudadanía conozca esta realidad". Por el momento han solicitado una reunión con la vicerrectora de Economía del centro universitario y se han puesto en contacto con los principales sindicatos para denunciar la realidad de estas viviendas ubicadas en una de las zonas más caras de la capital.
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