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Hay novedades en el triple crimen de Morata de Tajuña, con la confesión del supuesto asesino. El pakistaní Dilawar Hussain dice que mató a los tres hermanos porque le debían 60.000 euros. Años antes había vivido en la casa, donde se cometieron los asesinatos. Ahora vivía en Arganda del Rey, donde Malena Guerra, de Informativos Telecinco, da las últimas novedades. No está colaborando, se ha negado a declarar y al contrario de lo que hizo cuando se presentó voluntario y confesó los crímenes. Eso sí, como su confesión fue sin abogado, la Guardia Civil tiene que probar los hechos. Los investigadores creen en lo que contó, pero dudan de que la cantidad que le debían fueran 50.000 euros y desconfían de su estabilidad mental.
El pakistaní Dilawar Hussain, autor confeso de los asesinatos de los Hermanos Gutiérrez Ayuso, ha vuelto a la vivienda donde residía desde hace 25 días. En esta vivienda en Arganda del Rey en Madrid compartía piso con un compatriota. Los vecinos aseguran que actuaba como si nada hubiera pasado. Pero Hussain estaba acorralado, la Guardia Civil lo buscaba porque ya había agredido con un martillo a Amelia. Tres golpes en la cabeza que lo llevaron a prisión. En septiembre salió, pero tenía una orden de alejamiento de la vivienda de Morata de Tajuña donde se produjo el ataque y donde había convivido con los tres hermanos.
El arrestado invirtió para ayudar a desbloquear una supuesta herencia de 7 millones. El último engaño de dos falsos militares estadounidenses con los que Amelia y Ángeles creían mantener una relación sentimental por internet.
Los agentes han entrado en la casa con el presunto asesino -esposado y encapuchado-, que ha sido recibido en el lugar por varios vecinos que le han increpado al grito de "asesino". Según han relatado varios vecinos de esa localidad, Dilawar Hussein F.C., al que conocían como "Dany", regentaba un locutorio en el municipio, en el que llevaba viviendo al menos cinco años. Antes tuvo un local similar, que acabó cerrando, han comentado.
Al hombre se le imputa un delito de homicidio doloso y permanece bajo la custodia de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.
La principal hipótesis que manejan los agentes de homicidios del instituto armado, a cargo de las pesquisas de la denominada operación Calvario, es que el crimen esté motivado por un ajuste de cuentas por las deudas que habían contraído los hermanos con algunos conocidos. Las dos hermanas se habían arruinado tras ser víctimas de una estafa amorosa y pedían dinero a sus allegados y vecinos de forma recurrente. Supuestamente debían unos 60.000 euros al detenido de la época en que éste les alquiló una habitación en su casa durante varios meses del año pasado.
Un mes después de que se les perdiese la pista, los cuerpos de Amelia, Ángeles y Pepe, de unos 70 años y naturales de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), fueron encontrados el pasado jueves quemados, apilados, con restos de sangre y en proceso de descomposición en el interior de su casa, en la Travesía del Calvario.
El alcalde de Arganda, Alberto Escribano (PP), ha explicado a EFE que el detenido había vivido en tres domicilios diferentes en la localidad antes de mudarse a Morata de Tajuña, y que llevaba en la vivienda en la que vivía ahora unos 25 días. Había alquilado una habitación en un piso con otras 3 o 4 personas. Un compañero de este piso ha dicho a EFE que a quienes compartían la vivienda con él les pedía dinero de forma recurrente y que llevaban dos días sin verlo.
El 24 de febrero del pasado año, Dilawar Hussein F.C. fue detenido por golpear con un martillo en al menos tres ocasiones la cabeza de Amelia y propinarle una patada cuando ésta cayó al suelo. Por estos hechos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arganda del Rey dictó su ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La causa fue enjuiciada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares, que el 12 de septiembre condenó a dos años de prisión al procesado y le prohibió aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con la víctima durante dos años y medio.
La defensa solicitó el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, a lo que no se opuso ninguna de las partes, y el Juzgado se la concedió al carecer de antecedentes penales y asumir el pago de una indemnización de 2.900 euros. Inmediatamente salió de la cárcel tras seis meses en prisión provisional.
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