El informe revela que las redes de telefonía son "pinchadas" directamente a las redes de las empresas telefónicas para poder escuchar o almacenar cualquier conversación privada e incluso conocer la localización exacta de los usuarios.

En seis de los 27 países en los que opera Vodafone, la ley obliga a las telefónicas a instalar cables que dan acceso directo a la red o permite a las autoridades hacerlo. La empresa no ha querido revelar los nombres de estos países para evitar represalias sobre su personal.

Con estos "pinchazos", los organismos estatales se pueden saltar los controles judiciales y las telefónicas en ningún momento saben a qué información acceden las autoridades.

En muchos de los países en los que opera Vodafone, incluido España, es ilegal realizar estas escuchas y obtener los datos sobre tráfico de llamadas a menos que antes haya una orden judicial justificada para ello, pero estos pinchazos se aprovecharían de una laguna legal para permitir el acceso indiscriminado a toda la red de la operadora, a cualquier llamada que gestione.

El informe de Vodafone destapa la magnitud del espionaje de EEUU a los ciudadanos y a líderes políticos, a través de los móviles y de otros dispositivos, ya revelado por el exagente de la NSA, Edward Snowden.

Asociaciones de protección a la privacidad se escandalizan con las revelaciones

"Que los gobiernos tengan acceso a las llamadas telefónicas pulsando un botón no tiene precedentes, es aterrador", ha indicado la activista de la organización británica Liberty Shami Chakrabarti. "Snowden reveló que Internet era un hazmerreír. La fanfarronada de que todo está bien se está tomando muy a la ligera. Nuestras leyes analógicas necesitan una reforma digital", ha argumentado.

El director de Privacidad Internacional, Gus Hosein, ha manfiestado su sorpresa por la implicación de las empresas en las escuchas. "Nunca pensé que las telecos fueran tan cómplices.

Vodafone ha sido valiente y ójala que otras telecos sean más valientes, pero lo que necesitamos es que sean más valientes en la respuesta contra las peticiones ilegales y las propias leyes", ha indicado.