El paciente de la región de Las Marcas en Italia, tetraplégico desde hace diez años, había pedido a la empresa hospitalaria que sigue su caso que procediese a la verificación de sus condiciones para poder acceder legalmente a un fármaco que pusiese fin a todos estos años de sufrimiento. Ha sido gracias a la posibilidad que abrió el caso de Dj Fabo en Italia en el año 2017 y a la sentencia relativa del Tribunal Constitucional en el 2019, que dispuso por primera vez esa posibilidad en el ámbito legal. Esa sentencia estableció varios supuestos donde, aún sin ley en Italia, la jurisprudencia abría una puerta. Solo ahora se cumplen todos los requerimientos para que se vaya a producir el primer caso en Italia, tras ser aprobados por un Comité ético. El paciente ha declarado esta mañana que se siente aliviado tras la tensión acumulada durante estos años.
La noticia ha saltado en la jornada del martes a través de la Asociación Coscioni, que lucha para que los pacientes en las condiciones como las de este ciudadano italiano que acaba de recibir en sí, tengan la posibilidad del suicidio asistido en Italia sin que suponga un delito. Este caso sienta precedente y abre una nueva página en la historia de Italia.
El protagonista habría podido viajar a Suiza, donde el suicidio asistido es plenamente legal, pero ha preferido seguir las vías italianas para obtener un reconocimiento que defendía justo en la línea de sus plenas facultades y su libertad de elección. La diferencia entre el suicidio asistido y el suicidio es que a este último se procede con una inyección letal, el primero consiste en ayudar a un paciente terminal a poner fin a su vida. Marco Cappato, promotor de la Asociación Cosconi, defiende que este proceso judicial ha hecho falta por el parón que la ley del suicidio asistido está sufriendo en el Parlamento italiano tres años después de la solicitud de la Corte constitucional estableciese plenamente este derecho y sentase jurisprudencia.
La problemática se abre ahora, según explican las fuentes cercanas, sobre el fármaco que deberá administrarse para que el enfermo ponga fin a su sufrimiento. Las dudas no las espera resolver el Comité ético, sino los propios especialistas hospitalarios que han recibido la aprobación para ejecutar la decisión del paciente. Filomena Gallo, defensora del paciente ha explicado que el comité ha examinado que cumple todas las características necesarias y que está en plenas capacidades para decidir, y así lo ha hecho, para no valerse de los cuidados paliativos que requerirían una mitigación de su dolor.
Al mismo tiempo se lamenta que haya tenido que pasar tanto tiempo, pero se alegra de que sea, por primera vez en Italia, un Comité ético a validar esta situación crítica y a interceder a favor del enfermo.
En octubre se entregaron en el Tribunal Supremo italiano un millón doscientas firmas para solicitar un referendu sobre la eutanasia, que las sociedad italiana reclama desde hace tiempo en un país fuertemente influenciado por el Vaticano. De forma paralela, estando el debate muy activo en el país, desde julio existe el nombrado proyecto de ley que intenta regular la eutanasia en cuatro supuestos:
Ley que intenta avanzar desde hace años en una burocracia lenta como la italiana.