Aquel día perdurará en la memoria como uno de los más vergonzantes de la historia reciente de Estados Unidos. Una turba parapetada con palos de beisbol, hachas y otras armas irrumpía con violencia en el templo de la democracia estadounidense, el Capitolio de Washington.

Entre los asaltantes, hombres a pecho descubierto con cuernos y tocados de piel de oso maquillados con la bandera norteamericana o tipos que con gesto extasiado profanaban el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes plantando los pies en su escritorio. Un episodio a años de luz de la imagen que se espera de una gran potencia mundial, más propio de una "república bananera", en palabras del expresidente George Bush.

Los protagonistas del asalto del 6 de enero de 2021 eran seguidores del mandatario saliente, Donald Trump, que acudieron al Capitolio decididos a frenar la ratificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. Lo hicieron alentados por el propio Trump: "¡Vamos a marchar al Capitolio!, arengaba el mandatario republicano sin aceptar su derrota.

Un año después de aquello, tres de cada cuatro estadounidenses opinan que los involucrados en el asalto -que dejó cinco muertos- son una verdadera amenaza para la democracia estadounidense, según una encuesta difundida por la agencia EFE.

Ahora, ¿en que punto están los procesos e investigaciones sobre lo ocurrido? Durante estos últimos meses se han abierto centenares de causas judiciales y políticas para depurar responsabilidades (tanto materiales como intelectuales). Por un lado, la ofensiva policial -impulsada por el FBI- y judicial contra los responsables de los actos vandálicos. Por otro, el proceso en el Congreso.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia ha presentado cargos contra más de 700 personas. Se les acusa de delitos que incluyen desde ataques físicos, irrupción en un edificio restringido o destrucción de propiedad gubernamental.

En este contexto, se declaró culpable una de las caras más visibles del asalto: Jacob Chansley, autodenominado Chamán de QAnon, el hombre vestido de bisonte cuya imagen dio la vuelta al mundo. El pasado noviembre, un juez federal de Washington le sentenció a 41 meses de prisión.

De los 700 acusados, de momento solo 70 han sido condenados. La mayor pena hasta el momento (conocida el pasado 17 de diciembre) ha sido contra un hombre que atacó a policías con un extintor y sobre el que han recaído cinco años y tres meses de prisión.

La Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, ha impulsado una investigación paralela con la creación, hace seis meses, de una comisión parlamentaria -un "comité selecto"- para ese fin. Según la cadena CNN, no se espera que haya un informe provisional disponible antes del verano.

El comité tendría información de distintas fuentes sobre lo que Trump estaría haciendo durante los disturbios. Asegura disponer de un "testimonio de primera mano" que confirmaría que Ivanka Trump, la hija del expresidente y una de sus asesoras, le pidió varias veces a su padre que interviniera para detener "la violencia" protagonizada por sus fieles.

Ese gesto ha sido confirmado en la cadena ABC por la vicepresidenta del comité, la republicana caída en desgracia Liz Cheney. El presidente de esa comisión, el demócrata Bennie Thompson, ha contado a CNN que Ivanka Trump habría acudido hasta en dos ocasiones a la Casa Blanca para que su progenitor detuviera lo que estaba ocurriendo a las puertas del Capitolio.

El comité encargado de investigar tanto el ataque como las movilizaciones y protestas convocadas los días previos tiene un año para terminar su trabajo. La presentación de las conclusiones coincidiría con las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre, informa Europa Press.

Los investigadores se enfrentan a una carrera contrarreloj en 2022. ¿Por qué? Pues porque el expresidente y sus aliados quieren agotar el tiempo con tácticas dilatorias y demandas para retrasar la investigación por todos los medios, tal y como explica The Guardian.

Los republicanos esperan conseguir buenos resultados en las elecciones intermedias del próximo noviembre (en las que se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes), lo que les daría el control para cerrar la investigación del asalto al Capitolio. El comité investigador está conformado por nueve personas (solo dos republicanos) y su futuro estaría en el aire si los conservadores consiguen el control de la Cámara Baja en los comicios legislativos.

El comité trata de acelerar el proceso de recopilación de pruebas con una serie de citaciones a los funcionarios de Trump. Pero el expresidente y sus ayudantes ha intentado bloquear la iniciativa. Sus tácticas han incluido desde una apelación ante la Corte Suprema para evitar la divulgación de los registros más delicados de la Casa Blanca a demandas para impedir el acceso a registros de llamadas o la invocación de la quinta enmienda para no responder a las preguntas.

Algunas de las personas llamadas a declarar se han negado a hacerlo; como el exasesor y exjefe de campaña de Trump Steve Bannon, su exjefe de gabinete Mark Meadows y el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark. Por su negativa han sido declarados en desacato.