No sirvió de mucho, pero las autoridades españolas trataron de aplacar la indignación argelina tras el giro del Gobierno de Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara Occidental con la extradición del activista Mohamed Benhalima el día 24 de marzo pasado. El pasado 9 de mayo, ante el tribunal de Bir Mourad Rais, en Argel, el fiscal pedía para Benhalima –que insinuó haber sido torturado- diez años de prisión firme por “participación en un grupo terrorista” y “publicación de noticias falsas que menoscaban la unidad nacional”. Según varias organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional o Red Jurídica, la justicia argelina lo ha condenado a muerte in absentia.

Este lunes, la propia Amnistía Internacional insta al Ejecutivo español a que presione a Argel para pedir la anulación de la sentencia. El momento no puede ser menos propicio dado el desencuentro entre las dos administraciones. La ONG asevera haber pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que no Benhalima no fuera deportado ante los riesgos que corría en su país.

El joven, cabo desertor del Ejército argelino, huyó a España en 2019. Benhalima se había significado como activista del movimiento de protesta conocido como el Hirak, que exige el desmantelamiento del régimen militar y la instauración de una democracia en su país, y había denunciado –especialmente en su canal de Youtube- la corrupción existente en los altos mandos de las fuerzas armadas de su país. El movimiento civil surgió en marzo de 2019 como reacción al anuncio del ya fallecido presidente Bouteflika de presentarse, a los 82 años, a un quinto mandato presidencial tras 20 años en el poder. Las restricciones sanitarias y la represión obligaron al Hirak a abandonar la calle, aunque en los últimos meses los activistas han vuelto a protestar en las principales ciudades argelinas.

Según Amnistía, Benhalima, de 32 años, abandonó Argelia al conocer que su nombre figuraba en una lista de funcionarios militares buscados que corrían el riesgo de ser detenidos. El activista argelino solicitó asilo en España, pero su petición fue denegada.

El 14 de marzo de este año las autoridades españolas abrieron un expediente administrativo de expulsión por infracción del artículo 54.1.a de la ley sobre migración, aduciendo que Mohamed Benhalima participó en “actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”. Tres días después, el 17 de marzo, tras haber sido detenido en Zaragoza, el joven fue trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia, donde pasó dos semanas antes de su rápida expulsión a Argelia a bordo de un avión.

De acuerdo a la ONG, el Gobierno español justificó la apertura del expediente de expulsión sobre la base de la supuesta vinculación de Benhalima con la asociación islamo-conservadora Rachad, catalogada como grupo terrorista por las autoridades argelinas en mayo del año pasado.

A pesar de los repetidos llamados de las ONG y la denuncia pública del caso, desde el Gobierno no se ha producido manifestación pública alguna respecto al destino del activista del Hirak. La última vez que un responsable del Ejecutivo aludió a Argelia fue el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien calificó de “estéril” la polémica con el régimen militar tras las declaraciones del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune sobre Pedro Sánchez.

Dos días después de las palabras de Albares, el pasado 27 de abril, el ministro de Energía argelino, Mohamed Arkab, amenazaba a España con rescindir los contratos en vigor sobre el suministro de gas si una parte de lo importado desde Argelia era destinado a Marruecos –Argel rompió relaciones diplomáticas con sus vecinos el pasado 24 de agosto- a través del gasoducto Maghreb Europa.

Con objeto de presionar a las autoridades del país magrebí, Amnistía ha lanzado una acción urgente internacional. “Nuestros peores pronósticos se han hecho desgraciadamente realidad. En marzo advertíamos de que la deportación por España del activista argelino Mohamed Benhalima podría tener como consecuencia que este sufriera tortura y otras violaciones graves de derechos humanos en Argelia”, explicaba la responsable de Política Interior y experta en asilo y refugio de Amnistía Internacional España la semana pasada.

“España hizo caso omiso, violando de forma flagrante la obligación internacional respecto a la no devolución. Y ahora debería presionar para que esta sentencia a muerte no se lleve a cabo”, instaba. Además, el abogado de Benhalima, Abdelkader Chohra, que aparecía en un vídeo difundido en Facebook el pasado 13 de mayo acompañando a la madre del activista sentenciado a muerte –en el que esta negaba las acusaciones del régimen contra su hijo- fue detenido en la noche del 13 de mayo.

Con todo, previsiblemente Mohamed Benhlima no será ejecutado, pues existe una moratoria sobre las penas de muerte desde 1993 (el año pasado Argelia seguía manteniendo condenadas a muerte a al menos un millar de personas). “Pasará años en la cárcel, pero no será ejecutado. Argelia tiene miedo de la reacción de la opinión pública internacional. Tebboune pretende iniciar una nueva amnistía general para propiciar la reconciliación”, asegura a NIUS el periodista argelino residente en Marruecos Oualid Kebir.

El caso de Benhalima es muy semejante al del exsargento desertor de la Gendarmería argelina Mohamed Abdellah, de 33 años, expulsado en agosto pasado por España en un barco fletado por Interior junto a una treintena de harragas con la intención de contentar a las autoridades argelinas. Abdellah se había significado durante sus tres años residiendo en España por denunciar, como Benhalima, la corrupción en el seno de las fuerzas de seguridad del régimen.

Asimismo, el régimen argelino detenía el pasado 14 de mayo al político opositor y ex candidato a la presidencia Rachid Nekkaz junto al abogado Abdelkader Chohra –letrado de Benhalima- y otro activista, Hamza Djabri, por llamar a llevar a cabo acciones de protesta desarmada.

El Comité Nacional para la Libertad de Detenidos (CNLD) informó de que la orden de arresto contra Nekkaz, multimillonario líder del no autorizado Movimiento para la Juventud y el Cambio, se emitió tras la convocatoria de una sentada frente a la cárcel de localidad de Chlef, al oeste de Argel, para exigir la liberación de los “presos políticos”, según recogía la agencia EFE.

Nekkaz, de ascendencia francesa, fue detenido en diciembre de 2019 en el aeropuerto de Argel a su regreso de Alicante y encarcelado un total de 15 meses, hasta febrero de 2021, cuando se benefició de la amnistía decretada por el presidente Tebboune. En diciembre del año pasado, el activista, que se ha significado en los últimos años por denunciar la corrupción en su país, era nuevamente condenado, esta vez a un año de cárcel, por “incitación a portar armas contra funcionarios estatales, incitación a reuniones desarmadas y publicaciones en Facebook de informaciones que podrían dañar el interés nacional”.

En Argelia hay en estos momentos 290 personas encarceladas por motivos políticos sobre los que a menudo pesan acusaciones vinculadas con el terrorismo, según datos de Amnistía Internacional.