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Marcel tiene 19 años y vive en Hull (norte de Inglaterra). Cuando tenía 2 sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. Fueron al médico de familia que los derivó a un pediatra de la Seguridad Social británica. A partir de entonces se inició un proceso de entre seis y ocho meses que implicó a varios profesionales, incluida una psicóloga infantil que visitaba la guardería a la que asistía el niño, y que concluyó con este diagnostico: autismo. "Desde entonces hemos contado con mucho apoyo de las autoridades. Aquí el sistema está estructurado hace muchos años”, asegura el padre de Marcel, Manel Dueñas.
Este médico de Barcelona, que lleva en el Reino Unido desde 2001, nos cuenta que su hijo “siempre ha estudiado en colegios públicos en los que ha tenido a un cuidador que lo ha acompañado en su aprendizaje”.
Y es que las autoridades, por ley, no solo tienen que ayudar a proporcionar el diagnóstico también una plaza en un colegio convencional o en uno de los centenares de centros de educación especial que hay en el país. Algunos de estos son privados, como es el caso de los más de veinte que gestiona “Cambian group”, pero están sufragados por el Estado.
El Gobierno tiene la obligación de costear la educación de los chicos con necesidades educativas especiales hasta los 25 años. La “Ley de Niños y Familias de 2014” contempla que las guarderías y colegios públicos del país dispongan de “una política establecida para identificar lo antes posible a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales y ofrecer todo su apoyo”. También deja claro que los padres deben de ser parte fundamental de este proceso. “Cada año tenemos una reunión con las agencias involucradas en el caso de Marcel”, explica Manel.
Ahora su hijo se encuentra ya en la cuarta fase de su educación y está haciendo un curso de informática porque le encantan los ordenadores. Con el apoyo adecuado y mucho esfuerzo los niños como Marcel pueden ir al instituto y continuar estudiando. El mayor problema es la búsqueda de empleo. “El 80% de las personas con su condición no encuentran un trabajo en el Reino Unido”. Aún hay mucho por hacer en este sentido. Las empresas no están aún lo suficientemente implicadas.
La responsabilidad recae en los ayuntamientos que tienen el deber de encontrar una plaza para el alumno. En la actualidad el sistema contempla que los padres soliciten asesoramiento en el ayuntamiento, en la guardería o en el colegio. En caso de necesidad, se elabora un “plan de educación, salud y cuidados” ajustado al niño. Además, hay varias entidades que asesoran gratuitamente como la “National Autistic Society”.
Según esta organización, el Estado tiene “el deber de asegurar de que todos los niños son educados en una escuela convencional con algunas excepciones: que el centro no pueda atender las necesidades del alumno, la educación de sus compañeros se vea afectada o sea demasiado caro para el colegio”. Por ley todos los centros escolares en el Reino Unido tienen un coordinador de educación especial. Además, el sistema también cuenta con internados y contempla la educación en casa, aunque esto es lo menos habitual.
Según datos de enero de este año del Ministerio de Educación, sólo en Inglaterra hay 1.318.300 alumnos que necesitan educación especial. Los casos más comunes son el autismo y las dificultades de lenguaje y comunicación.
Una de cada cien personas en el país es autista (alrededor de 700.000). Si incluyes además a sus familias, el autismo forma parte de la vida de 2,8 millones de personas en el Reino Unido, según la ONG “Autistica”.
Esta misma organización ofrece otras cifras sorprendentes. El autismo cuesta al Estado británico más que el tratamiento de enfermedades del corazón, infartos y cáncer juntos. La cantidad asciende a unos 37.000 millones de euros en términos de tratamiento, ingresos perdidos, cuidados y apoyo para niños y adultos. A pesar de eso, denuncia que se destina mucho más dinero a la investigación del corazón, infartos y cáncer que a la investigación de las enfermedades neurológicas y del "espectro".
Sin embargo, a pesar del coste y de los esfuerzos que hacen todos aquellos que trabajan en este sector, hay padres que se sienten abandonados. Y es que hay niños que acaban quedándose en casa, bien porque no sienten que reciben lo que necesitan en el colegio, bien porque no hay plazas para ellos en escuelas especiales. El regulador de la educación, Ofsted, ha descrito esto como “un escándalo nacional”.
Los ayuntamientos no suelen dar datos sobre ello pero tras una investigación exhaustiva del programa Newsnight de la BBC, se ha sabido que más de 1.500 niños con necesidades educativas especiales y algún tipo de discapacidad en Inglaterra no tienen plaza en un centro. Algunos además tienen que estar en una lista de espera durante dos años. La cifra puede que sea aún mayor porque este programa solo ha logrado los datos de 46 ayuntamientos. El número más alto se registra en el condado de Kent, al este de Londres: 348 casos.
Hace tan solo unos días el Comité Parlamentario dedicado a Educación publicó un informe muy crítico sobre el apoyo en colegios e institutos de Inglaterra para alumnos con necesidades especiales y discapacidades. Según su Presidente, Robert Halfon, “las familias a menudo están forzadas a luchar contra un sistema burocrático” que desespera a quien navega en lo que ha descrito como “una lotería marcada por el código postal”. Entre otros, urge a que se lleve a cabo “un cambio radical en las inspecciones de los centros y en el apoyo que se da a los padres”.
Además, asegura que “el Gobierno es responsable del fracaso de los ayuntamientos por elevar las expectativas de las familias a la vez que reduce los presupuestos de las autoridades locales”. Y es que los recortes en educación de tres gobiernos conservadores consecutivos (David Cameron, Theresa May y Boris Johnson) han llevado a que algunos colegios se estén viendo obligados a acoger menos alumnos con necesidades especiales.
La directora de Asuntos Externos de la “National Autistic Society”, Jane Harris, critica que “miles de padres tienen que dejar su empleo porque no encuentran una escuela adecuada para su hijo. Los niños pierden meses y años de escolarización y amistades.
El Gobierno debe de actuar ya para asegurar que las escuelas y los ayuntamientos tienen los recursos que necesitan para apoyar a esos chicos como toca”.