Cientos de personas han tomado las calles de Daca, la capital de Bangladés, para protestar por las últimas violaciones a mujeres en la ciudad. La marcha reclama al Gobierno del país que se haga justicia con los autores de estas agresiones sexuales.

Mujeres y hombres han marchado en la ciudad clamando mensajes contra la violencia machista. "Queremos estar seguras, no ser violadas" y "Ninguna piedad hacia los violadores", han sido algunos de ellos.

La concentración se produce después de un nuevo vídeo publicado en las redes sociales mostrando la agresión sexual de un grupo de hombres hacia una mujer durante una hora y media en el distrito de Noakhali. Este tipo de incidentes ha aumentado en los últimos años en Bangladés, con cerca de 1.000 ataques a mujeres entre los meses de enero y septiembre.

La ONG Human Rights Watch (HRW) denuncia las "promesas vacías" del Gobierno de Bangladesh para perseguir la violencia sexual y a sus responsables y le exige "tomar medidas significativas" para combatir estas agresiones y apoyar a las víctimas, pues "continúan enfrentándose al estigma" mientras que "los atacantes rara vez rinden cuentas". "Las mujeres de Bangladesh ya se han cansado del abyecto fracaso del Gobierno para abordar las repetidas violaciones y agresiones sexuales", ha lamentado la directora para Asia Meridional de HRW, Meenakshi Ganguly.

De acuerdo con los datos que maneja la ONG bangladesí Ain o Salish Kendra (ASK) al menos 907 mujeres o niñas han sido violadas en lo que va de año, 200 de estos casos han sido agresiones sexuales en grupo. No obstante, temen que se trata de una "pequeña fracción", puesto que la mayoría de las supervivientes no denuncian.

HRW ha sacado a colación un informe de Naciones Unidas publicado en 2013 en el que se señala que de los hombres de Bangladesh que admitieron haber cometido una violación, el 88 por ciento de los encuestados rurales y el 95 por ciento de los urbanos afirmaron no haberse enfrentado a consecuencias legales.

Las víctimas de violación no solo tienen que hacer frente la agresión en sí, o al estigma al que se ven sometidas por una parte de la sociedad, sino también a las trabas legales que el sistema judicial o los propios funcionarios colocan durante las denuncias.

Así en 2018, el Tribunal Superior de Bangladesh dictaminó que la Policía había retrasado grabar una denuncia de una mujer que fue violada en grupo en un microbús en Daca en 2015, por lo que tuvo que imponer una serie de protocolos para casos futuros, que sin embargo, denuncia HRW, "rara vez se siguen" y "no hay ningún mecanismo para responsabilizar a la Policía que los ignora".

Del mismo, modo, cuando una denuncia logra llegar a manos de un juez, los supervivientes acaban desistiendo ante los "prolongados" procesos, o los "abusivos interrogatorios en los tribunales", si no se han rendido antes por las constantes "presiones" de funcionarios y agresores para retiren las denuncias.

Los abogados y los grupos de Derechos Humanos han pedido "repetidamente", relata la ONG, una reforma de la legislación, así como la derogación de una sección de ley que contempla la posibilidad de que la defensa se acoja al "carácter generalmente inmoral" para exculparse de una violación, lo que provoca una campaña de difamación contra la víctima.

"El Gobierno de Bangladesh necesita escuchar a las mujeres y debe garantizar que todas las supervivientes de agresión sexual sean tratadas con dignidad y tengan derecho a una investigación imparcial, oportuna, independiente y adecuada", ha subrayado Ganguly.

Todo ello, señala HRW se agrava al comprobar que Bangladesh no dispone de una ley de protección de testigos, o que algunas de sus legislaciones excluyen los castigos en la violación conyugal, o no brinda protección legal a hombres, niños, personas transgénero, o intersexuales, que han sido agredidos sexualmente.

Human Rights Watch concluye pidiendo al Gobierno de Bangladesh que cree la comisión sobre violencia sexual ordenada por el Tribunal Superior e informe públicamente de sus recomendaciones, proporcione educación sexual en las escuelas y brinde asesoramiento y capacitación a sus funcionarios judiciales y policiales en materia de violencia de género.

Del mismo modo, ha solicitado mayor atención para las víctimas a todos los niveles y una reforma del Código Penal, en la que se incluya un proyecto de ley sobre el acoso sexual y la supresión de toda "legislación discriminatoria".