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Cuando faltan menos de dos meses para que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha programado la ejecución de cinco reclusos, estableciendo un récord en el número de ejecuciones federales durante un periodo de transición presidencial.
Tras una pausa de 17 años desde que el fiscal general Willam Barr reanudó las ejecuciones federales en julio de 2019, se ha procedido a la ejecución de ocho presos federales. El último al que se le administró la inyección letal fue a un hombre de 49 años, Orlando Cordia Hall, declarado culpable en 1995 por secuestrar, violar y matar a una adolescente de Texas.
“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la Ley y le debemos a las víctimas y sus familias ejecutar la sentencia impuesta por nuestro sistema judicial”, dijo Barr en un comunicado cuando anunció que levantaba la moratoria con la adopción del nuevo protocolo, al considerar que la pena de muerte estaba reservada para “los peores criminales”.
Entre los cinco prisioneros que aguardan su ejecución próximamente, se encuentra Lisa Montgomery, la única mujer entre los condenados. Fue declarada culpable en 2007 por estrangular tres años antes a una mujer embarazada de ocho meses y extirparle el bebé para luego secuestrarlo. Se trata de un caso que conmocionó a la sociedad estadounidense y que sus abogados defendieron alegando que la mujer había sufrido en el pasado violencia sexual extrema y trauma, pidiendo clemencia para ella.
Su ejecución estaba inicialmente programada para el 8 de diciembre, pero fue pospuesta al 12 de enero después de que sus abogados contrajeran el coronavirus, por lo que el juez aceptó posponer la fecha. Montgomery será la primera mujer ejecutada bajo ley federal en 67 años.
“Ninguna otra mujer ha sido ejecutado por un crimen similar, porque la mayoría de los fiscales han reconocido que es inevitablemente producto de un trauma y una enfermedad mental”, ha declarado Sandra Babcock, una de sus abogadas después de que el presidente Trump rechazara su indulto.
Antes que Montgomery, el 10 de diciembre, Brandon Bernard, de 40 años será la persona más joven en casi 70 años en ser ejecutada por Estados Unidos por un crimen cometido cuando era un adolescente. Bernard, quien entonces tenía 18 años, participó en el asesinato de dos personas junto con otros dos amigos, tras secuestrar en Texas en 1999 a dos jóvenes pastores de una iglesia. El plan original era robar a la pareja y dejarla abandonada en el maletero del coche, pero en el desenlace, uno de los agresores disparó a las víctimas en la cabeza y Bernard prendió fuego al vehículo.
Angela Moore, la fiscal federal que abogó por su ingreso en el corredor de la muerte, con el tiempo cambió de opinión y ahora se opone a su ejecución: “Dejé atrás mi trabajo como fiscal y entré al mundo de la práctica jurídica privada. Desde entonces he representado a muchos jóvenes atrapados en el sistema de justicia penal, a menudo más jóvenes que Brandon en el momento de su crimen”.
Moore considera que Bernard carecía de la capacidad de un adulto para controlar sus impulsos: "Habiendo visto a Brandon convertirse en un adulto humilde y arrepentido, totalmente capaz de vivir pacíficamente en prisión, ¿cómo podemos decir que está entre ese pequeño grupo de delincuentes que deben ser ejecutados? Creo que ejecutar a Brandon sería una mancha terrible para el honor de la nación".
El 11 de diciembre, otro hombre negro, Alfred Bourgeois, será ejecutado tras haber sido sentenciado a muerte por un jurado de Texas, por abusar, torturar y finalmente golpear hasta la muerte a su hija en 2002. Después de que la Corte Suprema dictaminara que otro preso condenado a muerte no puede ser ejecutado debido a su discapacidad intelectual, su abogado no cesa en el intento de que el caso de Bourgeois sea escuchado de nuevo para presentar pruebas similares.
Pocos días antes de que Joe Biden tome posesión del cargo a la presidencia, el 20 de enero, se ha anunciado la muerte de otros dos hombres:
Cory Johnson, traficante de droga, quien fue condenado por asesinar a siete personas, será ejecutado el 14 de enero. Según sus abogados, Johnson tiene un coeficiente intelectual de 69, inferior a un estándar ofrecido por la Corte Suprema como guía para que los estados sopesen si una ejecución cumple con los estándares de castigo cruel e inusual de la Constitución.
"A principios de 1992, Johnson se embarcó en una ola de asesinatos, disparando y matando a cada una de las siete víctimas por desaires percibidos o rivalidad en el tráfico de drogas. Johnson disparó a una víctima a quemarropa después de ordenarle que colocara su cabeza sobre el volante del coche. Johnson disparó y mató a otra víctima en la casa de la víctima cuando no pagó el crack de cocaína, y Johnson también asesinó a la hermana de la víctima", ha informado el Departamento de Justicia.
En la misma declaración de Justicia, se refleja también la ejecución de Dustin John Higgs, programada para el 15 de enero, quien fue condenado en 2000 por secuestrar y asesinar a tres mujeres en 1996. Su abogado dijo en un comunicado que fue sentenciado “a pesar de no haber apretado el gatillo” y considera que “merece clemencia, en parte, por la injusta disparidad de sentencia en el caso”, señalando que el cómplice de Higgs, quien perpetró los asesinatos, recibió cadena perpetua sin libertad condicional.
El Departamento de Justicia, por su parte, que ha ejecutado a más personas en 2020 que en los 50 años anteriores, ha subrayado la brutal naturaleza de los asesinatos cometidos por los reclusos que hoy están sentenciados a morir.
A pesar de que el apoyo de la sociedad para la pena capital se ha visto reducido en los últimos años, la mayoría de los estadounidenses aún respaldan la pena de muerte para personas condenadas por asesinato.
No obstante, Joe Biden, quien fue defensor de la pena capital mientras fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama, en su campaña presidencial se unió a otros candidatos demócratas que prometieron abolirla.
Según la página web del presidente electo, “Biden trabajará para aprobar leyes para eliminar la pena de muerte a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal. Estos individuos deberían en su lugar, cumplir cadena perpetua sin derecho a libertad condicional”.
Tradicionalmente, los presidentes salientes han dejado las decisiones pendientes sobre ejecuciones a sus sucesores, sin embargo, tanto el fiscal general William Barr como el presidente Donald Trump, ambos partidarios de la pena capital, han apresurado las ejecuciones antes de que Biden pueda bloquearlas. La última vez que se llevó a cabo una ejecución federal durante el periodo de transición fue hace 100 años, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte. Si se completan todas las ejecuciones programadas desde julio, la administración de Trump habrá ejecutado a la mayoría de los presos federales durante una transición presidencial desde 1884.
Estados Unidos es la única democracia occidental que aún contempla en su Constitución la pena capital. Bajo el sistema judicial estadounidense, los delitos pueden ser juzgados bien en cortes federales (a nivel nacional) o en cortes de cada estado (a nivel regional), siendo estas últimas las que más ejecuciones han llevado a cabo. Sólo el año pasado se produjeron 22 ejecuciones estatales, a diferencia de las tres ejecuciones federales realizadas en los últimos 34 años.
Fue en la década de 1970, cuando la Corte Suprema determinó que las ejecuciones eran inconstitucionales, pero luego se revocó el fallo. En virtud de la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994, las ejecuciones en el lado federal se limitaron a delitos específicos, incluidos homicidio y condenas por drogas no homicidas.
Actualmente, hay 54 personas en el corredor de la muerte federal: 24 hombres negros, 21 hombres blancos, siete latinos, una mujer asiática y una blanca, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.
Y mientras la futura administración pretende terminar con la pena de muerte, el Departamento de Justicia ha aprobado la pasada semana una enmienda con respecto al “Modo de Ejecuciones Federales” que brinda a los fiscales federales una variedad más amplia en lo que se refiere a métodos de ejecución. Es decir, en un futuro próximo, si la inyección letal en las ejecuciones federales no está disponible en el estado en el que el acusado recibe la sentencia de muerte, se podrían utilizar otros métodos como el fusilamiento, la inhalación de gas, o la silla eléctrica. El propósito es evitar demoras, en caso de que el estado en el que el recluso haya sido sentenciado, no ofrezca alternativas.
Este cambio de protocolo, impulsado por el fiscal general Barr y la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, sugiere también que si el estado donde ocurrió el crimen no permite la pena de muerte, un juez puede designar otro estado y utilizar sus instalaciones para llevar a cabo la ejecución.
Una vez que la enmienda aprobada se publique en el Registro Federal, algo que podría suceder a finales de esta semana, según un funcionario del Departamento de Justicia, entrará en vigencia en 30 días.
De los 50 estados que conforman Estados Unidos, 28 estados de ellos permiten las ejecuciones federales y estatales y la inyección letal es la forma principal de ejecución. Al menos nueve de esos estados permiten métodos alternativos como electrocución, gas letal, pelotón de fusilamiento y ahorcamiento. Este último método, no se han mencionado en la nueva enmienda.