El aumento de la violencia armada en las grandes ciudades de Estados Unidos se ha convertido en una epidemia que transcurre de forma paralela al desarrollo del coronavirus. Pero también al de los drásticos recortes presupuestarios de los departamentos de Policía, la aparición de las armas fantasma (compradas por internet, sin número de registro y listas para ser ensambladas) y la dificultad de cambiar unas leyes que permiten que 5 de cada 10 personas arrestadas por disparar a alguien vuelvan a la calle el mismo día.

Esta ha sido la razón por la que Biden se desplazó esta semana a Nueva York, tras petición del nuevo alcalde Eric Adams, que ve con preocupación cómo los delitos con arma de fuego, tiroteos incluidos, han aumentado alarmantemente en este último año en la ciudad. El presidente ha aprovechado la invitación para presentar un plan de seguridad que incluye un aumento de los recursos económicos de todas las oficinas de los fiscales generales del país y una mayor capacitación de estos para luchar contra las armas no reguladas.

Tras el asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de 2020, se desencadenó una reacción social en contra de los abusos de las fuerzas del orden. Eso provocó una disminución tanto de fondos como de personal en los departamentos de policía de numerosas ciudades.

En urbes como Minneapolis, donde tuvo lugar el asesinato de Floyd, no solo se redujo drásticamente la financiación del cuerpo de policía, sino que incluso se propuso su abolición por parte del Consejo Municipal, en plena conmoción por lo sucedido y el auge de las protestas.

Otras ciudades como Nueva York, Dallas o Los Ángeles también adoptaron medidas parecidas que dieron lugar a un aumento significativo de la delincuencia y que, un año después, se están revirtiendo. El Departamento de Policía de la Gran Manzana ya ha recibido 200 millones de dólares adicionales a su anterior presupuesto, el de la capital californiana ha visto crecer el suyo en un 3% y la ciudad texana, además, ha aumentado su plantilla.

En Seattle se creó la "Zona Autónoma de Capitol Hill", también conocida como "Free Capitol Hill" fue una protesta de ocupación y a la vez zona autónoma autoproclamada e iniciada por el movimiento Antifa y con alrededor de 300 residentes, cubriendo unas seis manzanas del barrio de Capitol Hill en Seattle, Washington.

Pero estas cantidades no han conseguido restaurar la situación presupuestaria anterior, ya que solo el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York sufrió un recorte de 1.000 millones dólares en su momento. Un dinero que algunos sectores progresistas prefieren invertir en abordar las causas fundamentales del crimen.

Es el caso de Alexandria Ocasio-Cortés, representante demócrata en el Congreso por Nueva York, que declaró sentirse preocupada por el retorno a “una política centrada en las cárceles y la policía, corriendo el riesgo de volver a la era de los 90”, cuando se alcanzaron registros históricos de violencia en la ciudad de Nueva York y otras grandes urbes.

Por parte republicana, se defiende una mayor inversión en los presupuestos policiales y un aumento del número de efectivos. “Necesitamos más agentes en las calles y que estén mejor capacitados, no se puede hacer eso sin dinero”, declaró recientemente a la cadena Fox el congresista republicano John Katko, miembro del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes.

“Es increíble lo profundos que son los problemas de esta ciudad. Quitaron una sexta parte de los fondos del departamento de policía, encargado de proteger el objetivo terrorista número uno del mundo, que es Nueva York”, añadió Katko. Pero esto se ve agravado porque “las leyes que se están aprobando, como la reforma de la fianza (en caso de arresto), están obstaculizando la capacidad de la policía para hacer su trabajo”.

Por su parte, Eric Adams, ex capitán de policía y segundo alcalde negro de Nueva York, se ha posicionado a partes iguales contra la brutalidad policial y la disminución presupuestaria de este cuerpo. También ha anunciado planes radicales para combatir los tiroteos que incluyen una unidad de policía anti-armas, la incorporación de agentes vestidos de civil, aumento de redadas en el metro y una nueva ley de fianzas.

Algunas de estas medidas han encontrado rechazo entre su propios compañeros del Partido Demócrata pero la idea es revertir algunas de las medidas instauradas por su predecesor De Blasio, que aparte de la restricción económica de los presupuestos, prescindió de 500 detectives pertenecientes al cuerpo policial de la ciudad más grande del país.