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En un país exasperado por la tensión política y conmocionado por el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, un Joe Biden tranquilo y con 40 años de carrera política juraba su cargo sólo 14 días después de que la democracia de su país se viera amenazada. Fue el momento de una esperada vuelta a la normalidad tras el mandato crispado y frenético de su predecesor, la aparición de una pandemia desbocada que amenazaba con llevarse por delante la estabilidad económica y social de la primera potencia mundial y el clima irrespirable creado por la polarización.
Doce meses después la tensión ha disminuido, el paro ha bajado y los muertos por el virus no muestran unas estadísticas tan escalofriantes como antaño pero no hay ni rastro de algo que se parezca a una tregua política, la economía mantiene una alta incertidumbre y las variantes del covid han revivido los confinamientos y colapsos de las salas de urgencias de algunos hospitales.
Cierto es que el contexto de esta situación no ha sido generado por la administración Biden. La extrema polarización que vive el país fue azuzada por el gobierno anterior, el virus que puso esto patas arriba surgió de la nada y la desestabilización de la economía fue el resultado de todo ello. Pero los ciudadanos no olvidan que el actual presidente de los Estados Unidos llegó a la Casa Blanca prometiendo una reforma migratoria que nunca llegó, una recuperación económica más rápida de la que está teniendo lugar, un liderazgo internacional que se estrenó con el fiasco de Afganistán y el control de una pandemia que claramente fue subestimada.
Todo ello ha dado lugar, a lo largo de este año, a una caída de su popularidad hasta cotas preocupantes. De obtener un apoyo del 57% tras sus primeros 100 días de gobierno, ha pasado a un 42% actual según la empresa de análisis y sondeos RealClearPolitics, situación solo superada por el 35% de apoyo que obtuvo su predecesor Trump, en las mismas fechas.
Una caída de más de diez puntos que solo refleja la desconfianza de la población ante una inflación que crece más que los salarios, la imposibilidad de aprobación de una agenda presidencial por la desunión del propio partido que está en el poder y el estancamiento de una situación sanitaria en la que todavía casi un 40% de estadounidenses rechazan vacunarse.
Pero más que por los problemas que asolan el país, que en estos momentos afectan a casi todo el planeta (problema de suministros, inflación o desconfianza hacia las vacunas, entre otros), la dificultad para Biden radica en las altas expectativas creadas antes de llegar a la Casa Blanca. Su programa electoral, centrado en una milagrosa recuperación económica, una gestión sanitaria distinta y un cambio de rumbo centrado en altísimas inversiones que levantarían el país y lo pondrían de nuevo en el mapa, ha desembarcado en una realidad que la administración Biden no quiso o no supo ver.
Una realidad marcada por la falta de unidad del Partido Demócrata que impide la aprobación de la agenda presidencial (especialmente de las propuestas sociales llamadas Build Back Better que anunciaban mejoras educativas, sanitarias y de viviendas para las familias), una debilidad parlamentaria protagonizada por el empate de escaños en el Senado (50 para cada partido) que ha impedido la aprobación de numerosas propuestas y una evolución de las circunstancias, como las variantes del virus, que han puesto en entredicho la ingenuidad y capacidad de gestión de todo un gobierno y sus expertos sanitarios.
Cierto es que, entre enero y diciembre de 2021, la tasa de desempleo bajó del 6’4% al 3’9%, según la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense, lo que la convierte en la mayor caída histórica del desempleo, en un mismo año, nunca experimentada en el país. Y que se aprobó la inversión de 1 billón de dólares para infraestructuras, una antigua deuda que ningún presidente anterior, desde 1970, consiguió sacar adelante, permitiendo a partir de ahora la modernización de trenes, carreteras, instalaciones de internet y proyectos de cambio climático. A ello se une el cambio de disposición de Biden en los tratados internacionales, que ha sido muy bien recibida por otros gobiernos de distintos países.
Pero la frustración no entiende de logros sino de carencias. La ciudadanía aún espera la aprobación de una agenda social que prometía nada más y nada menos que 3’5 billones de dólares para disminuir los gastos sanitarios, energéticos, educativos y de vivienda para una gran parte de la población. Y sobre todo ansía la posibilidad de hacer vida normal tras dos años de dolorosas pérdidas familiares, clases a distancia de millones de escolares y la sensación de que el "día de la Marmota" pandémico se ha instalado en los hogares.
Algo que si Biden no consigue solucionar marcará su futuro en la presidencia del país y el de su partido como opción de gobierno. Porque si los republicanos ganan en la elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de 10 meses, en las que están en juego 35 escaños del Senado (un tercio de los asientos) y 435 de la Cámara de Representantes (la totalidad), el bloqueo de las medidas demócratas está asegurado, lo que haría inviable su gobierno a medio plazo y una futura reelección presidencial en 2024.
Unas previsiones a futuro que pondrán a prueba la solidez de esta administración, la capacidad de supervivencia del presidente y la viabilidad de un programa electoral que ya se ha visto en parte dinamitado en estos doce últimos meses.