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Dos campañas discurren paralelas en México: la electoral y la del miedo. 88 políticos han sido asesinados desde el pasado septiembre. La situación se ha recrudecido en la recta final de las elecciones parlamentarias y locales del 6 de junio. Aumentan los muertos, las amenazas y los secuestros. Es ya una de las campañas más violentas de los últimos tiempos.
Más de una docena de candidatos a los comicios de la próxima semana -en los que se elegirán 21.000 cargos- han sido asesinados, desde el pasado marzo; tres de ellos, en los últimos 15 días. Cientos han denunciado amenazas o agresiones.
Esta misma semana, en pleno acto de campaña, fue tiroteada hasta la muerte Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajato. Daba un mitin cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra ella. Otras dos personas resultaban heridas.
Pocas horas después, el candidato a la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso -conocido como El Güero- era tiroteado por un otro grupo cuando circulaba con su coche por uno de los sitios más turísticos en esa zona al sur de México. Resultó herido. No era la primera vez. En 2018 ya fue disparado cuando era aspirante a fiscal del municipio.
También esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a los ciudadanos que salgan a votar sin temor al crimen organizado. "Quiero decirle al pueblo que no debemos atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar", ha dicho al diario Milenio.
Pero los últimos ataques han causado gran conmoción. Como el asesinato, el pasado 13 de mayo, del político y abogado Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Ciudad Obregón, en el norte del país. Estaba en la calle, repartiendo panfletos electorales en el exterior de un centro comercial, cuando un hombre se le acercó y le disparó varias veces. Quedó tendido en el suelo, los servicios de emergencia intentaron reanimarlo allí mismo pero murió pocos minutos después. "Fue un ataque planeado y directo en contra del candidato a la alcaldía", afirmó la Fiscalía de Sonora.
Tan solo un día antes, Murrieta había difundido un vídeo en el que lanzaba este mensaje: "Ya basta con que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Basta de que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan a nuestras familias". Fue su sentencia de muerte.
Tras conocerse el crimen, el presidente López Obrador acusó a las mafias del crimen organizado de querer perturbar el proceso electoral. Se comprometió a realizar una investigación "a fondo" y a "castigar a los responsables". Añadió: "Este es un tiempo difícil, por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos", afirmó el mandatario.
Aunque los tentáculos de la violencia llegan a los distintos niveles, son los candidatos municipales la principal diana, según el último informe de la consultora Integralia. Es ese el gran campo de batalla en que mafias y poderes asentados luchan por mantener su capacidad de extorsión, de controlar a la policía y de llevar a cabo operaciones delictivas. El acoso se recrudece en ciertas localidades pequeñas, alejadas de zonas urbanas, con poca presencia de fuerzas federales.
En esa línea, otro estudio de la consultora Etellekt refleja como no solo organizaciones criminales, también otros grupos de poder, se mueven en un contexto de acoso para influir políticamente.
Lo sabe bien Alejandra Lagunas, candidata a la alcaldía de Xochitepec, en Morelos, a 110 kilómetros al sur de Ciudad de México. Ella tuvo que suspender su campaña a los 10 días de haberla iniciado por intentos de agresión y amenazas de muerte. Contó a los medios de comunicación que lanzaban piedras contra su casa y la seguían en coche (estuvo a punto de tener un accidente). Tuvo que trasladarse a otro municipio. Su hija de ocho años le repite: "Mami, yo no quiero que te maten".
El Gobierno activó el pasado marzo un mecanismo de protección a los candidatos. Al menos 234 han denunciado amenazas o agresiones . Solo 65 han recibido protección y tienen escoltas, según los últimos datos del último informe de la Secretaría del Plan de Seguridad y Protección Ciudadana (que corresponden al 30 de abril.
Por todo ello, se han avivado las críticas a la respuesta del Estado a esa violencia. Para la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis, lo que está ocurriendo es algo "inadmisible en una democracia".
La consultora Integralia denuncia 27 asesinatos de políticos durante la campaña electoral. Ha registrado, además, 169 ataques a activistas, periodistas y funcionarios, de los cuales 143 resultaron muertos.
Según los datos de la consultora Etellekt, el actual proceso es el segundo más violento desde el año 2000. Se han registrado al menos 476 hechos delictivos en contra de políticos. Veracruz es el lugar donde se han producido más homicidios. Su informe destaca también que se han incrementado las amenazas de los agresores en en redes sociales, mensajes mensajes SMS o llamadas telefónicas desde líneas de prepago.
En el camino, crímenes como el de Francisco Rocha Chávez (conocido como Batata), futbolista, entrenador y candidato en Ciudad Victoria. Fue asesinado en su propia casa solo cinco días después de comenzar su campaña.
O el caso de Analuci Martínez Saldivar, aspirante a la alcaldía de Cuquío, en Jalisco, murió a balazados en marzo en cuando conducía su vehículo. También ese mes y en ese mismo estado al oeste de México fue asesinado Carlos Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde con licencia de Casimiro Castillo. Había sido secuestrado días antes y su cuerpo fue hallado en el interior de una camioneta al borde de una carretera.
El 6 de junio México vota más de 21.000 cargos; entre ellos, 17.000 en ayuntamientos, 15 gobernadores, 500 diputados federales, 1.063 cargos en congresos locales o más de 1.900 presidencias municipales. Pero es mucho más lo que está en juego.