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Diez meses después de la invasión de Ceuta por 10.000 personas –más de 1.500 ellos, menores- en menos de 48 horas gracias a la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, el futuro de los menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma sigue siendo víctima de las zonas grises de la legislación española, los dobles discursos de las administraciones y el difícil momento que atraviesan las relaciones entre Marruecos y España.
Interrumpido por un juzgado de Ceuta el plan de repatriación masivo del Ministerio del Interior del pasado mes de agosto, en estos momentos permanecen acogidos en distintos centros de la ciudad autónoma en torno a 350 menores llegados en mayo desde Marruecos, según confirman a NIUS desde el Gobierno de Ceuta. Prácticamente la mitad de los más de 700 menores que permanecían en la ciudad autónoma en septiembre. Un total de 57 menores fueron expulsados desde Ceuta a Marruecos entre agosto (55) y noviembre (2) de 2021.
El misterio de la desaparición de estos jóvenes tiene varias explicaciones, según denuncian las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno: menores que escapan de Ceuta rumbo a la Península en los fondos de los ferris –el conocido en el argot como riski-, menores que son devueltos sin luz ni taquígrafos a Marruecos, menores que se lanzan al mar y pierden la vida, menores que viven en las calles de Ceuta –aunque los números son exiguos- sin constar en ninguna estadística.
“Las devoluciones se han producido todo este tiempo, se han producido más de las que admite el Gobierno de la ciudad”, denuncia a NIUS Francesa Fusaron, activista de la ONG No Name Kitchen. “De las devoluciones que se produjeron en noviembre nos enteramos porque los chavales tenían nuestros teléfonos y nos llamaron. Eran chicos que no querían volver a Marruecos y se encontraban en situación vulnerable, pero lo hicieron”, relata la activista italiana, quien lamenta que muchos menores se escapen de los centros municipales y prefieren vivir en la calle a hacerlo en estas instalaciones por miedo a ser expulsados de territorio español.
Con la desescalada del dispositivo de emergencia desplegado con la crisis del pasado año, el Gobierno ceutí anunció a mediados de febrero el cierre del centro de menores Piniers II, por lo que –además de Piniers III y IV- solo el centro de La Esperanza, situado en el barrio de Hadú, acoge ya menores llegados en las oleadas de los días 17 y 18 de mayo. En las naves del Tarajal más de 110 adultos marroquíes aguardan la resolución de los trámites para la concesión del derecho de asilo.
Tras la suspensión de la operación masiva de menores dispuesta por Interior, el pasado día 17 de febrero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenaba finalmente en dos sentencias al Gobierno de España que adopte “las medidas necesarias” para la repatriación de 14 de los menores expulsados a Marruecos entre los días 11 y 14 de agosto y el 28 de noviembre del año pasado (12 y 2 menores respectivamente).
El veredicto asegura que se vulneró “el derecho fundamental a la integridad física y moral” de al menos 14 menores en su expulsión a Marruecos, pues, según el juez, podían “quedar en situación de abandono o desamparo una vez repatriados”, recogía Europa Press. “No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación”, asevera la sentencia.
Cinco días más tarde el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aseguraba que se iba a interesar por las dos sentencias. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska había defendido en su día la legalidad de las salidas asegurando que el marco del acuerdo suscrito entre Marruecos y España en 2007 para la readmisión de menores era “suficiente y adecuado”. Transcurridas dos semanas desde que se conociera el dictamen judicial, el pasado día 5 de marzo la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo ceutí anunciaron haber recurrido, apelando a segunda instancia, las sentencias al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
“Lo complicado es ejecutar la sentencia”, explica a NIUS el abogado experto en migraciones Alfredo Campos. “Para que ello ocurra tiene que existir una colaboración y asistencia por parte de Marruecos, pero es verdad que no vivimos los mejores momentos de colaboración y sintonía con Marruecos en estos momentos”. “Lo ocurrido no es un hecho coyuntural sino un fenómeno estructural y España tiene que establecer ya unos planes de contingencia más permanentes e incluir en sus estrategias los flujos migratorios. Falta planificación”, sentencia.
Por su parte, el consultor en políticas migratorias José Carlos Cabrera Medina afirma que “las sentencias solo ponen de manifiesto una praxis que en buena medida por los antecedentes previos se sabía que vulneraría los derechos de dichos menores”. “Hay que recordar que las devoluciones en caliente ya fueron puestas en cuestión el 30 de agosto de 2019, cuando siete personas migrantes saltaron la valla fronteriza de Ceuta y fueron devueltas directamente a su país. Este caso se denunció y el pleito acabó condenando a España a indemnizar con 5.000 euros a cada demandante. La decisión fue recurrida por el Gobierno ante la Gran Sala del TEDH, que resolvió en sentencia unánime, final e inapelable el 13 de febrero de 2020”, explica a NIUS el especialista.
“La acción de devolver a los menores a su país, que pretende ser amparada en un supuesto acuerdo de colaboración bilateral entre España y Marruecos, solo tiene categoría de memorándum de entendimiento entre ambos países”, recuerda Cabrera Medina. En opinión del experto en políticas migratorias, “podíamos esperar que las dos sentencias pudieran tener mayores consecuencias ya que esta decisión de la Delegación del Gobierno de Ceuta amparada por el propio ministro del Interior podría probar una acción de prevaricación a tenor del perfil profesional del actual ministro, que sabe a la perfección los derechos que asisten a estos menores de edad, su procedimiento, los hechos antes referidos y también las posibles interacciones con la ley de protección internacional”.
Por otra parte, en un hecho sin precedentes el pasado 3 de marzo la UE aprobaba una directiva que garantiza de manera automática la residencia temporal y el permiso de trabajo a quienes huyan del conflicto bélico en Ucrania. Una iniciativa que crea inevitablemente un agravio comparativo con ciudadanos procedentes países africanos, incluidos marroquíes, que han visto rechazadas sus demandas de de asilo, como han subrayado organizaciones no gubernamentales.
“Hay que estandarizar las políticas de acogida, no se deben producir agravios comparativos, aunque también es verdad que estos agravios se producen por las diferencias de los propios flujos migratorios. Por poner un ejemplo, este mismo verano en la frontera de Polonia no eran recibidos los inmigrantes ucranianos con la misma calidez que ahora. Es cierto que los flujos migratorios se utilizan políticamente por los Estados”, afirma al respecto el abogado Alfredo Campos.
Cuando se cumplen dos años desde el cierre de las fronteras entre Marruecos y Ceuta por razones sanitarias, la situación en las divisorias entre los dos países es de tranquilidad. Lo cierto es que desde el episodio de mayo, las fuerzas de seguridad marroquíes han frustrado una y otra vez tentativas de entrada a suelo ceutí en el área del Tarajal, lugar por donde accedieron a Ceuta la mayoría de los jóvenes marroquíes y subsaharianos entre el 17 y el 18 de mayo; no en vano Rabat ha reforzado la frontera al construir el pasado mes de julio una nueva valla con concertinas.
La presión migratoria se ha trasladado en las últimas fechas a la otra ciudad autónoma española, Melilla, donde el miércoles 2 y el jueves 3 de marzo se produjeron dos saltos masivos de subsaharianos en la valla. Sumando las dos tentativas –especialmente numerosa fue la del miércoles, con más de 2.500 personas- participaron unos 4.000 individuos, de los cuales casi 900 lograron entrar en territorio español. La colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes frustró el pasado martes otro salto masivo en el que participó un millar de jóvenes.