Menos dinero en efectivo: la estrategia de Draghi contra el fraude fiscal

El gobierno promete afrontar durante este año una reforma fiscal trasversal más profunda pero en el nuevo paquete de medidas económicas aprobadas para este 2022 se encuentran algunas especialmente llamativas para luchar contra el fraude fiscal, una lacra que prevalece “en masa” aún en el país. Aunque los datos han bajado ligeramente, el valor de la economía sumergida en Italia se estima en 183 mil millones de euros en datos del 2020.

Con el estreno del año nuevo, la intención del gobierno de Draghi es reducir el uso de dinero en efectivo, que facilita la evasión y los pagos en negro. Así, desde este primer mes del 2022, los movimientos de dinero físico, también a nivel privado entre ciudadanos, tendrán como límite mil euros, y no dos mil como permitía la ley hasta este momento. Cualquier intercambio superior a esa cifra deberá ser realizado a través de una transacción económica electrónica mucho más fácil de monitorizar, ya que siempre deja un rastro “bancario”. La estrategia lleva el nombre de cashless (menos efectivo).

Italia suele ser estricta en la redacción de la normas pero lenta a la hora de hacer que se cumplan, o, en algunos casos, inefectiva directamente. Entre los propios ciudadanos se prevén controles estrictos y en los negocios, comercios o profesionales que deben cobrar y rechacen la posibilidad que el cliente tiene, por ley, de pagar con tarjeta de crédito vendrán penalizados. Pero, critican los sindicatos, preocupa que las sanciones empezarán solo a partir de 2023, señalan que se ha dado ya siete años de tiempo para que se adaptasen a las nuevas medidas de pago y que se vive un continuo retraso que no ayuda a normalizar las situaciones de irregularidades. Las multas se establece que partirán de 30 euros y se les añadirá una porcentual en base al valor del producto “pagado”.

Gianmarco Daniele, economista de la Universidad Bocconi de Milán especializado en fraude fiscal y corrupción cree que se debe ser prudente con la efectividad de la medida. “El hecho de que la ley sea de este año pero las sanciones sean efectivas para el próximo hace que los ciudadanos lo perciban con poca seriedad y que no se establezca una obligatoriedad real”, explica. Además, reflexiona sobre la importancia de tener en cuenta que el fraude fiscal en Italia es una realidad que tiene mucho que ver con lo cultural de la sociedad y con la desconfianza de los ciudadanos en la política. “Con las leyes se podrá alcanzar unos objetivos muy relativos, hace falta tiempo y concienciación para unos resultados útiles a largo plazo”, añade Daniele.

Los datos marcan números especialmente elevados en evasión fiscal para aquellos trabajadores autónomos, además en Italia quien trabaja en negro gana la mitad de un ocupado “regular”. La cantidad de fraudes y la tipología son siempre noticia en el país. Más recientemente se denunciaron los “bonos reforma” de los edificios que muchos solicitaban sin cumplir los requisitos y que ofrece una financian del 110%, lo que permite incluso ganancias, y los 20 millones también relacionados con los delitos de la “renta para la ciudadanía”.

Si se producen otro tipo de medidas, esperadas por los expertos, se sumarán, así, a los 100 objetivos que Italia debe alcanzar en el 2022 para seguir obteniendo los fondos de recuperación de la Unión Europea para la crisis derivada de la pandemia. En línea con lo que se espera en los próximos meses la reforma de la administración fiscal pasará por determinar las normas y procedimientos administrativos para “potenciar el respeto a las obligaciones fiscales” y mejorar las inspecciones y controles con multas para quién no sigue normas como las explicadas en este artículo, centrales para el ejecutivo italiano. Además de la creación, necesaria, de una infraestructura digital que pueda intercambiar informaciones entre bancos de datos que podrían evitar situaciones de fraude como la de la “renta a la ciudadanía” pasado año.