Silencio. Una semana después de que comenzaran las expulsiones -suspendidas hasta que el juez de lo Contencioso de Ceuta se pronuncie- de los menores no acompañados que seguían atrapados en la ciudad autónoma desde la avalancha del pasado mes de mayo –más de 700 siguen acogidos en distintos centros ceutíes, aunque no son los únicos en la localidad-, ninguna administración marroquí se ha manifestado sobre la decisión acordada entre Rabat y Madrid. Un hito que anticipó la vuelta a la normalidad entre los dos países, sellada por el discurso de Mohamed VI este viernes con motivo del 68º aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo.

En los medios marroquíes la noticia de la vuelta al país magrebí de los 55 primeros menores entre el viernes 13 y el lunes 16 de agosto pasó casi desapercibida, y cuando fue recogida el foco se puso en el desacuerdo sobre las repatriaciones de los muchachos por parte de organizaciones de derechos humanos y, sobre todo, de las medidas decretadas por la justicia española contra las devoluciones. Los grandes temas que ocupan en este mes de agosto a los medios de comunicación marroquíes son, sobre todo, la pandemia, los incendios forestales y las querellas con el vecino argelino. Los habituales cruces de declaraciones volvieron esta semana a subir de tono a raíz de que Argel señalara a Marruecos como responsable nada menos que de los incendios forestales que han asolado grandes superficies en el norte del país, concretamente en la región de la Cabilia. Marruecos había animado a Argel el pasado julio a través de su embajador ante la ONU a garantizarles a los cabileños el derecho a la autodeterminación. Algo que gustó entre poco y nada en Argel.

Salvo sorpresa, Marruecos no abordará la cuestión de los menores en las próximas fechas. Recordemos que las autoridades del país vecino evitaron referirse directamente a la crisis migratoria de los días 17 y 18 de mayo pasados, cuando más de 10.000 personas –datos de las autoridades locales, porque el Ministerio del Interior español no ha proporcionado aún cifras oficiales- lograron acceder en menos de 72 horas a la ciudad autónoma a través de los pasos del Tarajal –sobre todo- y de Benzú gracias a las facilidades concedidas por las fuerzas del orden marroquíes.

Cuando desde Marruecos decidieron entonces manifestarse, fue con la lacónica y expresiva frase de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, antes de ser convocada por el Ministerio de Exteriores español el 18 de mayo: “Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”. La diplomática no ha regresado aún a la capital de España, aunque medios marroquíes apuntaban este fin de semana que será cuestión de días, una información adelantada por el medio marroquí Rue 20.

Las autoridades marroquíes se estaban refiriendo a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de Logroño durante 44 días para ser supuestamente tratado de coronavirus. Una decisión que no gustó nada a Marruecos, aunque por lo que el país vecino estaba realmente molesto con España fue su negativa a seguir los pasos de la Administración estadounidense, que en diciembre de 2020 reconoció la marroquinidad del Sáhara Occidental.

Se abría una crisis bilateral, una más en esta historia de unas relaciones que se dibuja en forma de dientes de sierra -como la describe el ex embajador Jorge Dezcallar-, que sigue sin ser superada oficialmente tres meses después. Desde España se continúa aguardando que el nuevo ministro de Exteriores José Manuel Albares, quien en su discurso de toma de posesión dejó claro que su prioridad era recuperar las relaciones con el “gran vecino” y “amigo” marroquí, sea recibido en Rabat por su homólogo magrebí.

Todo puede cambiar después de las palabras este viernes del rey de Marruecos con ocasión del discurso del 68º aniversario de la Revolución del Rey y el Pueblo, en el que Mohamed VI llamaba a “inaugurar una etapa inédita” en las relaciones con España sobre “la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos”. Nuestro objetivo no consistió únicamente en salir de esta crisis, sino en hacer de la misma una ocasión para revisar los fundamentos y los determinantes que gobiernan estas relaciones”, explicaba el pasado viernes el rey de Marruecos. Todo son interrogantes y expectación sobre cómo y cuándo se escenificará y plasmará el nuevo momento. Sobre todo, qué tendrá que ofrecer España a los vecinos para que todo vuelva a la normalidad completa.

Entretanto, los dos países han mantenido en las últimas semanas las líneas al más alto nivel, como ha demostrado la ejecución, por primera vez desde que Madrid y Rabat lo suscribieran en 2007, del acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

Esos “retornos asistidos”, como se refirió a ellos el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, son una realidad tres meses después de la entrada de más de un millar de menores a Ceuta gracias a que, el primero de junio, el rey Mohamed VI diera instrucciones a las autoridades marroquíes para el retorno de todos los menores no acompañados de origen marroquí en suelo europeo (la mayoría de ellos se encuentran en España). Un anuncio que comprometía a las autoridades marroquíes, que dos meses y medio después de la intervención real, han admitido las devoluciones. Aunque con cuentagotas. Hasta que la justicia paralizó las devoluciones, los chicos entraron en Marruecos en pequeños grupos, de unas quince unidades por día.

Rabat sabía que una alocución de un miembro del Gobierno marroquí refiriéndose a las devoluciones supondría elogiar públicamente la cooperación con Madrid en la materia, y hasta ahora parece que desde Marruecos no se ha pretendido dar ese mensaje. Al menos hasta que un eventual encuentro entre los titulares de Exteriores no selle la reconciliación.

En menos de tres semanas, además, Marruecos celebrará elecciones legislativas –el 8 de septiembre-, que darán lugar a nuevas mayorías parlamentarias y, por consiguiente, a un nuevo Ejecutivo, por lo que el actual gabinete comienza a entrar en una suerte de fase de interinidad.

Como no es difícil de comprender, la cuestión del retorno de los menores no acompañados no es un tema especialmente agradable para las autoridades marroquíes. Son conscientes de que una parte de la juventud del país, sobre todo en las provincias del norte, quiere salir de Marruecos a toda costa. Y de que la mayoría de los chicos que han sido devueltos a sus familias en las últimas fechas lo han hecho contra su voluntad. El desempleo y la falta de oportunidades y alicientes son un lastre para los jóvenes marroquíes, especialmente en las provincias del norte del país. Un problema profundo que para el que no hay soluciones mágicas.

Con todo, hay que recordar que no solo fueron marroquíes los menores que accedieron a territorio ceutí en mayo: una parte importante eran jóvenes procedentes de naciones del África subsahariana residentes en distintas ciudades marroquíes donde, con suerte, trabajan o estudian. Y en el peor de los casos, malviven en suburbios.

Además, para Marruecos tanto Ceuta como Melilla son ciudades “ocupadas” por España, como lo han recordado en los últimos meses el propio Parlamento y el primer ministro del país vecino. De alguna manera, para Marruecos reconocer que los niños abandonan lo que consideran una ciudad marroquí como Ceuta para entrar en su territorio supondría una herida para el orgullo colectivo.

Al sur de la línea del Tarajal, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos se ha manifestado con contundencia respecto al inicio del proceso de devolución de menores. Omar Naji, activista y portavoz de la delegación de Nador –ciudad situada junto a Melilla-, una de las más activas de la entidad, denunciaba que las expulsiones constituyen “una grave violación de los derechos del niño tal como constan en las convenciones internacionales y sus protocolos anexos”.

“Estas expulsiones de menores muestran una vez más que cuando se trata de violar los derechos fundamentales, las políticas migratorias españolas y marroquíes se reencuentran y asocian para burlarse del principio del interés supremo de los menores y de la prioridad de su protección”, zanjaba a NIUS el activista de la organización en materia de derechos humanos más importante de Marruecos.

Otra ONG, en este caso Save the Children, denuncia la “ilegalidad” de cualquier repatriación colectiva de los menores. La directora de Incidencia Social y Política de la organización, Catalina Perazzo, pide al Gobierno de España que “establezca claramente cómo se tiene que llevar a cabo un procedimiento que incluya la determinación del interés superior del menor para decidir cuál será la solución duradera, que establezca cómo se va a ser esa valoración y si las familias forman parte de la misma. Además tiene que haber un mecanismo de traslados porque no todos los menores que se queden en España permanecerán en Ceuta”.

En declaraciones a NIUS, Perazzo recuerda además que “el artículo 10 de la Constitución española establece que todo debe interpretarse a la luz de los acuerdos internacionales, y en este caso la convención de derechos del niño. Lo que dice el acuerdo [entre España y Marruecos] es que las repatriaciones deben ser conforme a la legislación internacional y nacional, y en esta última se incluye la ley de extranjería pero también la de infancia. Las garantías que se establecen no son interpretables”. La responsable de Save the Children denuncia que “no se han hecho valoraciones individualizadas del interés superior del menor ni se ha escuchado la opinión de los menores, como tampoco los niños han contado con abogados”.

Asimismo, la directora de Incidencia Social y Política lamenta la poca transparencia del proceso. “Save the Children no sabía que iba a ocurrir esto. Nos hemos enterado cuando estaba ya la primera furgoneta con los chavales”, admite Perazzo. “Llevábamos trabajando en colaboración con el Área del Menor de Ceuta desde finales de mayo haciendo un primer cribado psico-social para identificar vulnerabilidades. Hicimos 350 entrevistas, pero ninguna de ellas a los chicos de origen marroquí que se encontraban en el centro de Santa Amelia [desde del que salieron los menores objeto de las primeras devoluciones]”, confiesa.

Nada ha trascendido tampoco en medios marroquíes –como ya se ha referido, al igual que el resto del Gobierno, el Ministerio marroquí del ramo, el de la Solidaridad, Desarrollo Social, Igualdad y Familia, ha evitado dar detalles del proceso- sobre las circunstancias y destino de los menores una vez cruzaron la frontera del Tarajal. Por las autoridades españolas sabemos que fueron trasladados al centro de asistencia social de Martil, una localidad cercana a Tetuán y situada a menos de 40 kilómetros de la ciudad autónoma española. Unas instalaciones con capacidad para 70 plazas que fueron creadas en 2019 por el proyecto Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano para acoger a personas vulnerables o sin hogar.

Pero, tras haber visitado las citadas instalaciones de Martil, este jueves la citada AMDH confirmaba que los 55 menores retornados entre el viernes y el lunes desde Ceuta han sido reagrupados con sus familias directamente o previo paso por el citado centro, recogía el medio local Ceutaaldía.com. De ser exacta esta información, no habría en estos momentos ningún menor acogido en las instalaciones. De acuerdo con la entidad, las familias firmaron “un documento que certifica la recogida”.

Con todo, una de las grandes dudas sobre el procedimiento seguido a cabo hasta ahora por las autoridades marroquíes y españolas es si se han tenido en cuenta las circunstancias de las familias a la hora de elaborar los cribados de los perfiles de los menores o no. Ni directamente ni a través de organizaciones no gubernamentales o administración las familias de los menores se han manifestado de manera pública.

La visita de la AMDH al centro social de Martil ha servido para que la asociación confirme lo que fuentes conocedoras del dispositivo en Marruecos avanzaron a NIUS: el proceso de entrega a las familias de los primeros muchachos, previo paso por el centro, se llevó a cabo de manera ordenada. En cualquier caso, parece claro que el proceso abierto para la repatriación de los menores a Marruecos en algunos casos y permanencia en España de otros no ha hecho más que comenzar.