La Justicia dijo desde un principio tener suficientes datos y elementos para demostrar su culpabilidad y, durante el juicio la Fiscalía General llegaba a calificarlo como “el crimen de los crímenes”, pero hoy, a la progenitora de Mathéo, niño de 7 años al que acuchilló hasta la muerte, no la encuentran penalmente responsable del macabro acto que cometió en Sommières, Francia, en mayo de 2017.
Concretamente, ha sido un tribunal de apelación de Nimes, Francia, el que ha dictaminado su irresponsabilidad penal al basarse en los informes de un total de cinco médicos, siendo cuatro los que han concluido que en el momento de los hechos, el día en que le degolló, presentaba una “alteración del discernimiento”. Por esta razón, han señalado, no puede ser juzgado ante un Tribunal de lo Penal, decretando así su ingreso en un hospital psiquiátrico.
Fundamentando las razones que impiden una sanción judicial a la madre del pequeño, durante el juicio se ha defendido que el día de la tragedia presentaba un estado alterado con trastornos psíquicos o neuropsíquicos, los que le impedía el correcto discernimiento o el control de sus actos, tal como recoge el medio francés France 3 Occitanie.
Además, recuerdan que la mujer, que es adicta al cannabis, está diagnosticada bipolar desde hace años y había dejado el tratamiento. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, alertados por un familiar, encontraron el cuerpo sin vida del pequeño y a la autora de su muerte, su madre, Lara, visiblemente agitada, diciendo cosas incoherentes. Hablaba de una luz blanca, de extraterrestres y sacrificios religiosossacrificios religiosos, episodios que ya se habían repetido con anterioridad.
Por todo ello, basándose en estos elementos, el informe de los médicos y su pasado psiquiátrico, los magistrados han decretado su irresponsabilidad penal en los hechos.
De 50 años, permanecerá hospitalizada de oficio, tiene prohibido acercarse a cualquier familiar y no podrá pisar los departamentos franceses de Gard y Hérault durante los próximos 20 años.
La decisión, no obstante, no deja de generar polémica e incredulidad. Muchos, entre ellos algunos familiares, tal como recoge el citado medio francés, se preguntan cómo los expertos pueden evaluar su estado psiquiátrico de entonces teniendo en cuenta que los hechos se produjeron en 2017 y es ahora, en 2021, cuando se ha culminado con este resultado la apelación. En alusión a los informes psiquiátricos, Corinne Ferer, abogada de varias partes civiles, sostiene: “Nos preguntamos cómo pueden ver los expertos hasta ahora”.