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España deberá esperar todavía algunos meses antes de empezar a recibir los fondos extraordinarios que la Unión Europea ha dispuesto para hacer frente a los efectos económicos derivados de la pandemia. Primero llegará el dinero para los ERTE y poco a poco, a partir del próximo enero si todo va bien, irán llegando durante años los 140.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación, el Next Generation EU.
No habrá pajaritos preñaos. No habrá “adelantos” a cuenta. No habrá una transferencia de 140.000 millones de euros a Moncloa para que Iván Redondo los reparta por las Comunidades Autónomas. Sí podrá haber comunidades que reciban más de lo que les tocaría por peso económico o población o cualquier otro criterio y otras que reciban menos. Porque el dinero va a proyectos concretos, no a gobiernos nacionales o regionales.
La Comisión anunció este lunes que 15 gobiernos (entre ellos el español) han pedido fondos del SURE. España 21.300 millones de euros. También pidieron Bélgica (7.800 millones), Bulgaria (511 millones), Chequia (2.000 millones), Grecia (2.700 millones), Croacia (1.000 millones), Italia (27.400 millones), Chipre (479 millones), Letonia (192 millones), Lituania (602 millones), Malta (244 millones), Polonia (11.200 millones), Rumanía (4.000 millones), Eslovaquia (631 millones) y Eslovenia (1.100 millones). Bruselas espera peticiones de Portugal y Hungría.
El dinero del SURE, un programa aprobado en mayo, se debe usar para pagar los gastos de los ERTE. Es un préstamo sin más condición que la de que el dinero vaya efectivamente dirigido a ese fin y con un interés muy bajo, probablemente menor al 1%. Las 15 peticiones suman 81.400 millones de euros de los 100.000 disponibles en el SURE.
Las peticiones de fondos al SURE son reclamadas por los gobiernos nacionales, verificadas por la Comisión Europea y aprobadas por el Consejo. Si todos los plazos se cumplen sin obstáculos, el dinero debería estar en las capitales a partir de septiembre.
El MEDE, el fondo de rescates que se aprobó en la última crisis y que ahora mismo tiene 240.000 millones de euros para prestar, sigue sin recibir llamadas de los gobiernos nacionales a pesar de ofrecerse activamente. El MEDE es políticamente tóxico porque sus préstamos sí llevaron siempre condicionalidad macroeconómica. Y aunque ahora no la llevaran –como no se cansan de repetir sus directivos- es difícil que los Tesoros nacionales decidan acudir al MEDE cuando se están financiando en los mercados financieros a intereses históricamente bajos gracias al programa de compra de deuda del Banco Central Europeo.
El Banco Europeo de Inversiones dispone para esta crisis de 200.000 millones de euros extra en capacidad de préstamo para pymes. Es dinero fuera del control de los gobiernos y que las empresas deberán gestionar directamente a través de sus entidades bancarias habituales. En principio es financiación más barata que la que las pymes encontrarían por su cuenta en el sector bancario.
España no va a quebrar ni se va a quedar sin dinero como auguran tertulianos varios desde hace meses. No por su capacidad o por la confianza o desconfianza que genera en los mercados financieros, sino porque tiene un escudo con capacidad prácticamente infinita, el del Banco Central Europeo (BCE). Entre las obligaciones del BCE está la de mantener la estabilidad financiera de la Eurozona. Y no parece que dejar quebrar a su cuarta economía sea la mejor forma de cumplir su mandato.
Para mantener las primas de riesgo controladas y permitir que España se financie hoy a 10 años al 0,30% (Bloomberg, 24 de agosto), Italia al 0,94%, Grecia al 1,07% y Francia al -0,19%, Países Bajos al -0,37% y Alemania al -0,49%, el BCE lleva meses imprimiendo dinero y comprando bonos públicos y privados.
Algunas semanas ha superado los 30.000 millones de euros de compras. Su programa para 2020 y los seis primeros meses de 2021 alcanza los 1,35 billones de euros, pero su presidenta Christine Lagarde puede ampliarlo en cantidad o en plazos cuando lo considere necesario y por el importe que estime necesario.
Y el BCE tiene pocas limitaciones. Puede comprar deuda de un país por encima de su peso económico relativo en la Eurozona, como lleva haciendo con España, y sobre todo con Italia, desde hace meses. Y puede comprar el porcentaje que considere conveniente de cualquier emisión de deuda. Si sumamos sus compras extraordinarias por esta crisis y sus otros programas, en algunas semanas sus compras totales de deuda rozaron los 40.000 millones de euros.
El fondo de europeo de recuperación, oficialmente bautizado como ‘Next Generation EU’, no está todavía legalmente creado. Y en realidad no será una institución separada ni tendrá entidad jurídica independiente como tal, sino que en la práctica funcionará como parte del presupuesto comunitario 2021-2027. Bruselas debe primero acordar los presupuestos comunitarios (esta semana empiezan las conversaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la presidencia alemana del Consejo), de los que colgarán los nuevos fondos.
Cuando el presupuesto comunitario del próximo septenio esté aprobado la Comisión Europea podrá lanzar la emisión de deuda que financiará el nuevo fondo, unos 750.000 millones de euros. El primer paso será que los gobiernos nacionales presenten programas nacionales de reformas. Los deberá aprobar la Comisión Europea, que los enviará al Consejo para que reciban el visto bueno de los ministros de Economía. Cualquier ministro podría paralizarlo unos meses si considera que el programa no cumple los objetivos de Next Generation EU: transición energética, lucha contra la crisis climática o digitalización, entre otros.
En cuanto el programa nacional de reformas de turno esté aprobado Bruselas podrá empezar a financiar –en todo en parte- proyectos concretos que sean parte de esos programas de reformas. Más que un chorro de dinero será un goteo continuo, siempre y cuando los gobiernos sean capaces de desarrollar proyectos suficientes para asumir esa cantidad de dinero. Algo que muy pocos han hecho en los últimos años con otros fondos europeos.