Italia ha bloqueado ya más de 953 mil millones de euros de bienes inmuebles, yates y cuentas bancarias vinculadas a los oligarcas rusos incluidos en la lista de personas cercanas al presidente Vladimir Putin. Se encuentran también grandes pesos pesados de la jerarquía rusa porque desarrollan un rol de leadership las instituciones o, más concretamente, forman parte del parlamento o de algún comité gubernativo. Son muchos los nombres que desde hace dos meses han sonado en Italia vinculados a estas sanciones, dueños de grandes villas en las zonas más lujosas del país o de yates inmensos varados en las costas italianas. Los trabajos por parte de las fuerzas de seguridad italiana prosiguen en un proceso lento, por la sofisticación que requiere llegar al núcleo central de estas propiedades, pero, mientras tanto, sostener estas mansiones y estos grandes barcos no es tan fácil como parece y la guerra, en esta nueva etapa, amenaza con alargarse.

En realidad, el mecanismo no es exactamente un secuestro de bienes, responde más bien a un “congelamiento”. Depende directamente del comité de seguridad financiera del Ministerio de Economía que, luego, es llevado a la práctica por la Guardia de Finanza (la policía de delitos fiscales y fronteras en español). El decreto al que responde el método de actuación es el 109 que, en realidad, fue creado en el marco de la lucha antiterrorista en el 2007. En aquel momento los bienes que se “congelaban” eran, más bien, pequeñas sociedades o apartamentos, no las grandes villas y yates que ahora son protagonistas de este mecanismo que se engloba dentro de las sanciones impuestas al Kremlin tras la invasión rusa en Ucrania. Es por eso que esto puede suponer un problema económico para el Estado italiano, que arrastra las consecuencias de la pandemia y que se ha visto en medio de las problemáticas derivadas de la guerra como la crisis energética o la inflación.

Los costes que genera están a cargo de la Agezia del Demanio (Agencia Estatal de la Propiedad en español) y se trata de cifras ingentes para la manutención de yates y villas que engloban los salarios del personal doméstico, jardineros y miembros de la seguridad además de las tasas portuarias. El Gobierno es ya consciente de lo que está suponiendo en sus cuentas y prepara una solución para hacerle frente. Ahora mismo encima de la mesa estaría: vender los bienes congelados o usar el derecho de retención, previsto dentro del propio decreto 109/2007, que consentiría al Estado disponer de estas propiedades si los propietarios no saldan los costes de gestión y manutención de los mismos. Así, significaría que los propios oligarcas rusos deberían abonar facturas millonarias al Estado italiano. En este momento, las dudas en el ámbito técnico-jurídico son aún predominantes y no se ha llegado en el seno del Gobierno a una decisión concreta.

Otras medidas se valoran en el ámbito de la Unión Europea como utilizar los inmuebles para la acogida de refugiados o el dinero recaudado, si diese el caso de que se realizase la venta, para un fondo de víctimas de la guerra. Con este tema sobrevolando la actualidad italiana la agenda de Draghi se retoma tras su aislamiento tras dar positivo en Covid el pasado 18 de abril.

En la jornada del miércoles se ha sabido a través de las fuentes de Palacio Chigi, sede de la presidencia del Consejo de Ministros, que el premier había dado finalmente negativo y que terminaba así su cuarentena para unirse de forma presencial a sus labores correspondientes. Se ha anunciado que viajará a Washington el próximo 10 de mayo para encontrarse con el presidente Biden y se espera, aunque por ahora la discreción prevalece, que viaje en los próximos días a Kiev para encontrarse con el presidente Zelensky con el que ha hablado en las últimas horas por vía telefónica para extender, de nuevo, su plena colaboración con el Gobierno ucraniano.