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El Gobierno belga podría caer en horas o días por la misma razón que cayó el último a finales de 2018, por la política migratoria. Unos 475 inmigrantes sin papeles llevan desde finales de mayo en huelga de hambre, concentrados en varios sitios de Bruselas, la mayoría en un recinto universitario y en una iglesia. Piden que se les regularice.
Unos 250, sobre todo marroquíes, tunecinos, egipcios, paquistaníes y nepalíes, hombres y mujeres –algunos con niños- están en la iglesia de Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. Unos 200, la mayoría de las mismas nacionalidades, repartidos entre los refectorios de las dos ramas (flamenca y francófona) de la Universidad Libre de Bruselas. Desde hace días muchos dejaron también de beber agua o de ingerir sales y azúcar. Algunos se han cosido la boca y ha habido varios intentos de suicidio. Los médicos denuncian trastornos psiquiátricos graves.
Los médicos que los atienden advierten que a algunos les quedan pocos días. Son inmigrantes que en muchos casos llevan años –algunos más de una década- viviendo y trabajando en Bélgica sin papeles, sufriendo explotación laboral y por su situación administrativa sin acceso a servicios sociales.
Con las semanas han ido obteniendo el apoyo de la patronal y de los grandes sindicatos (socialista, liberal, democristiano, porque en Bélgica los sindicatos se forman como las familias políticas). Estas organizaciones piden al Gobierno que al menos acepte algún tipo de regularización provisional mientras estudia con tiempo caso por caso la situación de cada persona. Patronal y sindicatos recuerdan que muchas de las personas en huelga de hambre tienen experiencia en profesiones que necesitan mano de obra: electricistas, carpinteros u obreros de la construcción.
El primer ministro, el liberal flamenco Alexander De Croo, se niega a dar el paso, en parte porque la situación divide a la coalición de gobierno, que forman siete partidos: liberales, socialistas y ecologistas tanto francófonos como flamencos además de los conservadores flamencos. La situación es tan dramática y las diferencias en el seno del Gobierno tan claras que los socialistas y los ecologistas anunciaron este lunes que si se produce una sola muerte dimitirán en bloque todos sus ministros para hacer caer al Gobierno.
El vice primer ministro, el socialista francófono Pierre-Yves Dermagne (que además es ministro de Economía y Empleo), confirmó la tarde del lunes que todos los ministros y secretarios de Estado de su familia política dimitirían en la hora siguiente a que se produjera una hipotética muerte de alguno de los inmigrantes en huelga de hambre. Jean-Marc Nollet, copresidente de los ecologistas, confirmó que su partido haría lo mismo. Piden “una solución pragmática, humana y digna”.
Los partidos de izquierda llevan días advirtiendo al primer ministro que no están de acuerdo en cómo se está gestionando esta crisis. El acuerdo que formó la coalición hace dos años descartaba las regularizaciones colectivas, pero los socialistas y los ecologistas aseguran que hay formas de regularizar a los inmigrantes pues prácticamente todos pueden demostrar que llevan años trabajando y viviendo en Bélgica y que lo hacían de forma ilegal porque no conseguían regularizarse.
Socialistas y ecologistas hicieron en los últimos días varias propuestas para que la coalición acordara la regularización pero los dos partidos liberales y los conservadores flamencos las rechazaron. En los últimos años los anteriores gobiernos belgas lanzaron varios procesos de regularización de inmigrantes. La última fue en 2009.
Liberales y conservadores se niegan a una nueva regularización colectiva. Sammy Mahdi, conservador flamenco y secretario de Estado de migración y asilo, asegura que “es inaceptable recurrir a la huelga de hambre para esquivar las reglas” y recuerda que el Gobierno ha hecho reformas para acelerar los procesos para los refugiados. El arzobispo Jozef De Kesel, primado de la Iglesia belga, pide al Gobierno “compasión” y recuerda a los conservadores y al secretario de Estado Mahdi sus “valores cristianos”.
Los inmigrantes cuentan que empezar un proceso migratorio con las normas actuales –que elaboró el anterior Gobierno- es un riesgo porque de rechazarse la solicitud se les expulsaría. Así que hasta ahora preferían vivir tras las sombras de la irregularidad y lejos de los radares de los servicios públicos.
La bronca se juega también entre las familias conservadoras flamencas. Si los conservadores flamencos en el Gobierno (CD&V) ceden y aceptan la regularización sus competidores en Flandes (los nacionalistas de la NV-A y los ultraderechistas del Vlaams Belang, aislados tras el cordón sanitario) se les echarán a la yugular. Estos partidos acusan a sus rivales progresistas y a los periódicos más importantes del país (Le Soir, La Libre Belgique, De Standaard) de “agitar” a los sin papeles.
La caída del Gobierno belga por la política migratoria sería la segunda por la misma razón en menos de tres años. El anterior Ejecutivo dimitió a finales de 2018 –el actual salió de las urnas en mayo de 2019- porque los nacionalistas flamencos se negaban a que Bélgica firmara una convención de Naciones Unidas sobre migraciones que había firmado prácticamente todo el planeta. El primer ministro de entonces, el liberal francófono Charles Michel –ahora presidente del Consejo Europeo- rechazó el ultimátum de los nacionalistas flamencos, firmó la convención y provocó así el fin de su Gobierno.
Esos años de Gobierno de Michel vieron la política migratoria más dura de las últimas décadas al dejar al mando de los departamentos responsables a dos flamencos nacionalistas de línea dura: el ministro de Interior Jan Jambon y el secretario de Estado de Asilo y Migración Theo Francken, un neonazi que acudió incluso a celebrar los cumpleaños de Bob Maes, un anciano colaboracionista con los nazis cuando estos ocuparon Bélgica en la Segunda Guerra Mundial y que llegó a formar un grupo terrorista de ultraderecha.