La organización Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este miércoles a las autoridades ugandesas que pongan fin "inmediatamente" a los juicios que se desarrollan contra civiles en tribunales militares.
A través de un informe, la ONG ha recordado que, pese a que este tipo de procesos violan el derecho internacional, desde el año 2002 unos mil civiles han sido imputados siguiendo el código militar para cargos como asesinato o robo a mano armada.
La investigadora jefe para África de HRW, Maria Burnett, ha advertido de que aunque este tipo de juicios sean "una cuestión de conveniencia" para el presidente ugandés, Yoweri Museweni, se trata de un sistema "injusto e ilegal". De hecho, la jurisdicción constitucional del país africano ya declaró que las cortes militares no son competentes para procesar a civiles y el Gobierno aún no ha aplicado dicha sentencia.
En la actualidad, al menos 341 personas esperan bajo custodia comparecer ante un tribunal militar, según informa la organización en un comunicado.
Las autoridades militares de Uganda se han comprometido a poner fin a esta práctica. Sin embargo, no han adoptado ninguna acción clara al respecto y también permanece en el aire la situación de los presos civiles que ya han sido condenados y cuál sería su estatus ante una posible revisión de la legislación.
"El Ejército necesita dar pasos claros y concretos para reparar la última década de procesamiento y condenas ilegales contra civiles", ha reiterado Burnett. En este sentido, ha solicitado la liberación inmediata de los detenidos a la espera de juicio, así como la excarcelación o la celebración de un segundo juicio "que cumpla con los estándares internacionales" para los ya condenados.
CONDENAS DE MUERTE
Los juicios criticados por HRW violan, a juicio de la organización, aspectos básicos en materia de Derechos Humanos como el derecho a la defensa y contra la autoinculpación o la prohibición de usar durante los procesos pruebas obtenidas mediante tortura.
Estas violaciones se "magnifican", añade la ONG, en aquellas ocasiones en que el imputado es condenado a la pena de muerte, como ha ocurrido en algunos de los casos.
En septiembre del año pasado, la joven de 20 años Judith Koryang fue sentenciada a la pena capital por asesinar a su marido, miembro del Ejército. Pese a que alegó que sufría abusos y que su marido la había amenazado con echarla de casa después de confirmarse que tenía sida, la mujer terminó declarándose culpable en un juicio en el que su abogado defensor, un militar, no presentó ningún tipo de objeción legal para que, por ejemplo, el tribunal desestimase el caso por no ser competente para juzgarlo.
La corte finalmente condenó a muerte a Judith Koryang y expresó en su sentencia que esperaba que el fallo sirviese de ejemplo "a todas las mujeres casadas con soldados", que deben "desistir de conspirar para matar a sus maridos por cuestiones insignificantes".